Trata laboral. Piden procesar a empresarios por la explotación de 237 trabajadores en campos bonaerenses

La trata de personas con fines de explotación laboral existe en el país a la vista de funcionarios judiciales, políticos y al amparo de la burocracia sindical del sector.

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En este caso, se trata de campos ubicados en plena provincia de Buenos Aires, en los que al menos 237 trabajadores en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero, denunciaron que eran sometidos a trabajar de sol a sol y en condiciones inhumanas, sin baños, luz, con comida vencida y malos tratos. Además no tenían agua potable y la poca que había tenían que sacarla de los molinos y almacenarla en tachos de glifosato,

Los hechos ocurrieron en los campos denominados “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, durante diciembre de 2010 y enero de 2011. Recién después de diez años la "justicia" pide el procesamiento de cuatro directivos y dos encargados de la firma Satus Ager, campos ubicados en Ramallo y Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la presentación del Ministerio Público Fiscal, los directivos y encargados están acusados de haber participado en la captación de trabajadores, y están imputados en calidad de coautores del delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas.

La fiscalía pidió también que se dicte la inhibición general de bienes a todos los imputados y que se traben embargos hasta alcanzar, al menos, la suma de 22.430.485 pesos para garantizar la reparación de todas las víctimas.

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Trata con fines de explotación laboral: un delito aberrante al amparo del poder

Esta causa se inició a raíz de una inspección realizada por el Municipio de Ramallo el 6 de enero de 2011, y los allanamientos se llevaron a cabo dos días después. Siete años más tarde, el 18 de diciembre de 2018, el Juzgado Federal de San Nicolás dictó los sobreseimientos de los imputados. Una vergüenza, pero sobre todo un guiño a los empresarios que someten en pleno siglo XXI a trabajadores a las peores formas de explotación.

En febrero de 2020, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución que los sobreseía. "Lo que está detrás de su contratación es la presunción de que, por las condiciones de pobreza en las que viven, aceptarán condiciones que otros trabajadores rechazarían”, sostuvo la fiscalía sobre las víctimas.

Como actuaban los explotadores

Los trabajadores habrían sido captados a través de una propuesta laboral engañosa en su lugar de origen por parte de quien sería el “cabecilla” de cada cuadrilla, A su vez, recibían la solicitud de enviar trabajadores por parte de quienes eran identificados como los “contratistas’”.

Las víctimas declararon como la organización del traslado era por cuadrillas de aproximadamente diecisiete personas, que partían desde su pueblo natal hasta el lugar de trabajo, en micros provistos por la empresa. Varios trabajadores señalaron que desconocían las características, el tiempo de trabajo y el monto de la remuneración que iban a cobrar por las tareas que debían realizar. A su vez, otros trabajadores en sus testimonios describieron como recibieron ofertas que superaban las condiciones con las que se encontraron al llegar.

En el dictamen fiscal, se señala que la actividad del desflorado de maíz es realizada por los trabajadores más empobrecidos de nuestro país. “El mero hecho de viajar hasta la provincia de Buenos Aires sin información clara o con una mera promesa de trabajo da cuenta de estas circunstancias y ahí radica precisamente el aprovechamiento de esa vulnerabilidad por parte de los imputados”. Y agrega: “Todos los testimonios son elocuentes en cuanto a la necesidad económica que atravesaban, su nulo o bajo nivel de escolarización, siendo incluso varios de ellos directamente analfabetos”.

Condiciones inhumanas en pleno Siglo XXI

Como contaron los trabajadores, en esos campos bonaerenses debían realizan jornadas de entre 10 y 14 horas diarias. El pago era por hectáreas y podían realizar una determinada cantidad por semana, pero los obligaban a repasar cada hectárea una y otra vez, por lo que el pago se reducía muchísimo.

Como si esto fuera poco, las víctimas eran alojadas en precarios trailers y galpones de chapa, en condiciones de hacinamiento. Según consta en el dictamen fiscal, “aproximadamente 80 empleados vivían en una casilla prearmada totalmente construida de chapas con piso de tierra, camas cuchetas estilo militar, sin ningún tipo de alumbrado”.

En sus testimonios las víctimas detallaron que los campos de Satus Ager S.A. no tenían luz, baños ni agua potable. La única forma de conseguir algo de agua era en los molinos de viento, pero ante la ausencia de viento tenían que subir a hacerlos girar. “El agua la teníamos que acarrear desde el molino en tachos de glifosato que cortábamos o en los bidones de jugo. En los tarros de glifosato lavamos los platos, la ropa, entre otras cosas”, señaló una de las víctimas.

Los trabajadores consumían agua de un estanque que era turbia, con presencia de insectos y alimañas. Luego de un análisis realizado con posterioridad a los allanamientos, se pudo establecer que el agua extraída de las bombas de las estancias "Santa Celestina" y "Doña Clementina" no era apta para consumo. A su vez, los trabajadores relataron como los alimentos que les daban se encontraban en mal estado y que por esta razón sufrieron problemas intestinales y que no fueron atendidos por la empresa.

Cuando el clima impedía la tarea de desflorado, los trabajadores no recibían remuneración alguna y además la empresa les reducía la remuneración haciéndoles descuentos para la compra de elementos de higiene y ropa para el trabajo. Varias víctimas declararon que recibían malos tratos y que los hacían trabajar bajo la lluvia, sin el calzado ni la vestimenta adecuada, algo que cobraba especial gravedad atento la presencia en los campos de alacranes, roedores, arañas y víboras.

Al momento en que ocurrían estos hechos, Daniel Scioli transitaba su segundo mandato como gobernador bonaerense. Presentado como el "mal menor" por el peronismo, hacía la vista gorda para que los empresarios hagan lo que les plazca en su provincia. Pero no es sólo Scioli. En la provincia que actualmente gobierna Axel Kicillof estas condiciones se mantienen, e incluso se somete a esta explotación a niños, niñas y adolescentes.

De hecho ya pasaron 13 años desde la promulgación de la ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, y 18 años desde la creación de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), que funciona desde el 2004 en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Pero a pesar de esto recién para el próximo año se realizará el primer “relevamiento geográfico” para tener datos sobre trabajo infantil. Todos los poderes del Estado al servicio de los empresarios explotadores.

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