Viernes 20 de marzo de 2020
El plan anunciado ayer por el gobierno, pese al esfuerzo de mostrarlo como un plan para evitar la crisis económica, no tiene más objetivos que mejorar la rentabilidad de las empresas. Gastarán casi 12 mil millones de dólares, que irán centralmente al bolsillo de las Pymes, a partir de rebajas impositivas y créditos baratos. Sin embargo les dan dinero sin compromiso alguno de no despedir y permitiéndoles licencias temporales si el empleador quiere y con baja en los ingresos que además serán pagados por el fondo de cesantía del propio trabajador y el estado, pues el patrón no paga el salario.
Tampoco se les exige a las empresas mejorar la producción, ni hablar que se les pida que usen su capacidad instalada para producir donde sea posible bienes para enfrentar la pandemia. ¡Ni siquiera les exigen que para recibir los subsidios tienen que garantizar la higiene para sus trabajadores como han reclamado en muchos lugares de trabajo! Así, las medidas para las Pymes no buscan fomentar el consumo sino garantizar su rentabilidad, con menos trabajadores y menos producción.
Es decir que ese enorme capital de casi 12.000 millones no busca atacar una segura recesión que nos afectará a millones sino asegurar la rentabilidad de las empresas. Peor aún bajarán los ingresos de muchos por lo cual el consumo bajará empeorando la situación. Ni hablar que en breve veremos el fraude de los grandes monopolios que con sus multirut truchos se presentarán como Pymes para obtener los beneficios otorgados con la plata del Estado. Junto la posibilidad de hacer despidos o suspensiones temporarias cuando el patrón quiera, generoso el gobierno otorga una burla de bono de $13.155 para los más pobres para evitar que estos se rebelen tirándoles migajas. Por las dudas todo esto no funcione, ir sacando a los milicos a las calles.
Nosotros proponemos, un plan opuesto: Prohibición de despidos. Licencias en los lugares de riesgo con todo el salario pago. Reconvertir esos lugares y todos los que sean posibles para organizar la producción y los servicios para enfrentar la pandemia. Comisiones de seguridad e higiene votadas por trabajadores que impongan las medidas necesarias para no correr riesgos en el trabajo. Impuestos progresivos a las grandes fortunas para mejorar infraestructura, insumos médicos, materiales, y todo lo necesario. De esa forma se puede usar toda la capacidad instalada y el trabajo de millones para sofocar la pandemia. Los laboratorios y farmacias y las clínicas privadas tienen que ser nacionalizados y puestos a funcionar bajo control de sus trabajadores. La economía se salvará si se nacionaliza el cobre, y esa plata se usa para la infraestructura que necesitamos hoy y para disponer miles de millones de dólares que hoy se van del país para llenar bolsillos de grandes monopolios.
Hoy podrían usarse contra el coronavirus y mañana para el desarrollo integral del país, abriendo nuevas industrias y terminando con un país que depende de la exportación de un producto que encima fue entregado a las multinacionales a cambio de un royalty vergonzoso. Los Jubilados son quienes más sufren la pandemia y son lo más pobres producto de las AFP. Se necesitan expropiar esos fondos para hacer un sistema de reparto estatal controlado por trabajadores y jubilados para aumentar de forma inmediata sus ingresos. Junto con esto, terminar con toda forma de precarización en los lugares de trabajo.
Para ello habrá que terminar con los malditos 30 años y completar lo que nos propusimos el 18 de Octubre, terminar de una vez y para siempre con la herencia de la dictadura.
