En su visita a la Provincia del Loa, el presidente Piñera anunció la vuelta a la normalidad de las mineras El Abra, Chuquicamata y Ministro Hales, que fueron las más afectadas a raíz del temporal que afecta a la zona. El anuncio produjo rechazo en la población por la escasez de agua, perdidas y daños en viviendas y localidades que aún no cuentan con servicios básicos.
Domingo 10 de febrero de 2019
En su visita a la zona afectada de la Provincia del Loa el presidente de la republica Sebastián Piñera en la noche de este día viernes, anunció que para el día sábado 10 las mineras más perjudicadas retomarían en un 100% sus funciones, estas son Chuquicamata, Ministro Hales y El Abra. Esto a pesar de que las compañías mineras sufrieran graves daños en sus instalaciones producto de las lluvias, como por ejemplo caídas de techo, accesos interrumpidos por cortes de camino e inundaciones.
En su visita Piñera también anunció la ayuda que será otorgada a la población quienes aún sufren por la falta de agua potable, los daños en la agricultura, la falta de forraje para el ganado de zonas rurales, pérdidas o deterioros de viviendas, parcial atención en los servicios de salud y el no establecimiento de la normalidad en el comercio. Sin embargo este anuncio no tiene mucha aceptación por parte de la población de las zonas afectadas, quienes desde hace días critican la tardía respuesta por parte de las autoridades locales y del gobierno.
Resulta contradictorio para las y los damnificados de que en sus palabras el mandatario diga con certeza que las empresas cupríferas volverán a sus funciones, ya que para mucha gente estas empresas no cumplen aún con garantías en de seguridad. Además evidencia el mayor interés por parte del gobierno de reponer el orden en el funcionamiento minero, asegurando los gananciales de los empresarios por sobre la regularización y vuelta a la calma de la gente de Calama y los lugares afectados con todos sus servicios básicos.
Por todos estos hechos y también por la incompetencia por parte de las autoridades es que resulta primordial que en la zona sea la organización de las y los trabajadores en conjunto con el resto de los afectados quienes puedan coordinarse para así tomar acciones para poder contrarrestar los daños en la zona, a los cuales ni la municipalidad ni el gobierno han podido hasta ahora dar soluciones reales. Que sea la población de la Provincia la que pueda a través de la coordinación entre sindicatos, organizaciones sociales, barriales e indígenas dar soluciones reales y materializar la ayuda que hoy en la zona se necesita.
Otra de las exigencias debería ser el no funcionamiento de las mineras en cuestión y de ningún puesto de trabajo que no presente las garantías en materias de seguridad e higiene, para lo cual los propios sindicatos deberán revisar las condiciones de seguridad. Así no habrá hechos adicionales que lamentar, sobre todo cuando queda claro que para Sebastián Piñera y el gobierno prima el resguardo de las ganancias empresariales y no la seguridad de las y los trabajadores.
Que sean estas instancias en la que una Coordinadora a través de la cual se pueda asegurar la vuelta a la calma para los afectados, ya que son ellos los reales protagonistas, sobre todo tomando en cuenta que Piñera ya nombró como Jefe de Catástrofe de Zona a Rodrigo Valdivia Concha alto mando del Ejército de Chile para velar por la seguridad de las localidades afectadas. Lo que no es visto con muy buenos ojos por el resto de la población tanto local como nacional, esto a raíz de lo ya visto en la zona de la Araucanía donde la militarización antes que ser un factor que de soluciones, termina atemorizando y reprimiendo a la población.
Con el frente de mal tiempo salió a flote el olvido que viven los poblados de la regiones, los cuales, para gobernantes y empresarios, no son más que focos para generar riqueza. La solución a la crisis social que debela la lluvia pasa porque las organizaciones sociales, sindicales, barriales e indígenas se pongan a la cabeza de coordinar la ayuda obrera y popular, pero además es necesario un plan de contingencia financiado con impuestos a las grandes empresas como las mineras y Aguas Antofagasta.
