Por medio del proyecto "Aula Segura" Piñera, pretende otorgar mayores facultades a directores para la expulsión de estudiantes de liceos. Las prioridades del gobierno se centran en la criminalización de la protesta, en lugar de preocuparse por la mejora en el sistema educativo.
Viernes 21 de septiembre de 2018 01:52
En el año 2003, una reforma a la Constitución de la Dictadura lograba establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación media garantizando así el acceso a ésta a todo joven que viva en nuestro país (aunque al día de hoy es cuestionable la calidad de esta educación). 15 años más tarde un proyecto de ley del gobierno de la derecha y los empresarios podría chocar con esta garantía.
Durante la mañana de ayer jueves, el Presidente Sebastián Piñera, junto a la Ministra de Educación Marcela Cubillos, firmaron el proyecto de ley “Aula Segura” que pretende sancionar de una forma más severa a los estudiantes que incurran en "actos de violencia" en sus establecimientos.
Los últimos incidentes ocurridos en el Instituto Nacional, en el Barros Borgoño y en el Liceo de Aplicación para el mandatario “no son simples actos de indisciplina o meros desórdenes, son hechos delictuales que no son compatibles con las normas básicas de ninguna comunidad”. Las medidas que forman parte de este proyecto son las de otorgar las facultades a directores de establecimientos públicos y subvencionados para expulsar y cancelar matrículas de alumnos que participen en hechos violentos o delictuales.
Según Piñera, sus medidas para “mejorar la educación” no serán eficaces si en los liceos se vive un clima de constante violencia. ¿Pero no es en sí mismo violento el sistema segregado de educación que mantiene el país? Los estudiantes se han movilizado constantemente en el último tiempo por una mejor educación, y la respuesta de cada gobierno de turno ha sido a través de la represión policial y la criminalización de la protesta.
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Ejemplo de cómo los sectores políticos tradicionales se han unido para ponerle freno a las protestas por una educación gratuita para todos y todas y de calidad son las políticas del alcalde RN de Santiago, Felipe Alessandri, quién en un inicio comenzó a aplicar el “rompe-paga” como forma de criminalizar a estudiantes en tomas, pero ya ha entrado de lleno al hecho de reprimir directamente con el ingreso de Carabineros a los liceos de su comuna.
Pero no sólo la derecha es la que ha estado a favor de aplicar “toda la fuerza y rigor de la ley” a los estudiantes, el ex-dirigente estudiantil, hoy diputado de Revolución Democrática (FA) Giorgio Jackson también se ha mostrado a favor de perseguir y detener a estudiantes que se movilizan, así como de implementar a Carabineros con mayores herramientas para la detección de estos.
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El proyecto de Piñera no solo es una forma de criminalizar las protestas por la nula preocupación de los gobiernos de turno por el Sistema Educativo Chileno, que se evidencia con el mal estado de las dependencias de liceos periféricos, así como también las pésimas condiciones laborales de profesores y trabajadores de la educación, sino que también cumple la labor de segregar y perseguir a los estudiantes que no cumplen las “exigencias” de la que él pretende, sea la educación de calidad que tanto ha prometido.
El otorgar la posibilidad de expulsar y cancelar matriculas a estudiantes de los establecimientos públicos pondrá más cercos al acceso a la educación, yendo en contra, inclusive, de la antigua reforma que otorgaba la posibilidad de educarse hasta 4to medio a cualquier joven de este país.
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