El gobierno presentara las medidas este lunes en la ciudad de Temuco.
Domingo 23 de septiembre de 2018
A fines de marzo de este año el recién asumido presidente Sebastián Piñera visitó la Araucanía, señalando en esa ocasión su compromiso y voluntad para generar una política para la región que le permitiera salir de la pobreza y avanzar sobre el denominado “conflicto mapuche”, respondiendo así a las expectativas de los sectores más reaccionarios que lo apoyaron en la región, empresarios y terratenientes locales aliados a las grandes empresas forestales.
En aquella oportunidad anunció el impulso del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que incluye propuestas para el “desarrollo” y la “paz” en la Araucanía. Entre las propuestas está la creación de un Consejo para la Paz en La Araucanía, además del fortalecimiento del fondo de “reparación para las víctimas del terrorismo” y el denominado “Plan Impulso Araucanía 2018 – 2026”, que plantea siete ejes: desarrollo productivo, desarrollo indígena, educación, salud, infraestructura y conectividad, calidad de vida y servicios básicos y seguridad.
En particular hacia el pueblo mapuche, la propuesta incorpora el reconocimiento constitucional, un Consejo de Pueblos Indígenas, una agencia de desarrollo indígena, crear corporaciones de desarrollo indígena y crear un catastro definitivo de tierras reivindicadas.
En particular en el plano económico se propone un plan de desarrollo económico que implica que el pueblo mapuche administre parques nacionales, modificaciones a la ley indígena sobre las limitaciones a la propiedad, a través de la futura Agencia de Desarrollo Indígena encargada de coordinar los recursos que entreguen otros servicios públicos, promover la inversión con un sistema de garantía y crédito, incentivos para inversiones, regularizar títulos de propiedad, marcas de origen y promoción de la cultura, en especial lo referido a la ampliación de los planes de enseñanza de la lengua y la protección de la medicina mapuche.
Como vemos estas medidas buscan, por un lado, garantizar los negocios de los empresarios locales; y por el otro, avanzar más aún en privatizar las tierras del pueblo mapuche y seguir avanzando en el modelo de “emprendimiento” para avanzar en el “desarrollo”.
Un plan que responde a los intereses políticos de la derecha más reaccionaria, y que no aborda el problema de fondo, como no lo hizo ningún gobierno anterior, de la autonomía territorial y política del pueblo mapuche, es decir, su autodeterminación. Muy por el contrario estas medidas se encuentran enmarcadas en la represión, criminalización y militarización del territorio mapuche.
