A pesar de querer combatir a la casta de altos funcionarios del INE, es claro que detrás de la reforma se encuentra la carrera electoral.
Lunes 27 de marzo de 2023
La polémica desatada tras la iniciativa de reforma constitucional presentada por López Obrador el año pasado se mantiene. La reforma contempla varios cambios para el Instituto Nacional Electoral (INE) y para la elección de representantes del poder legislativo. Sobre todo, está orientada a disminuir los altos sueldos de funcionarios de élite del INE, como los Consejeros Electorales que se embolsan millonarias cantidades anualmente entre el sueldo base y prestaciones -como Lorenzo Córdova-.
Además, el decreto contempla reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Tras los obstáculos para su aprobación en el poder legislativo, el INE interpuso una controversia constitucional para echar atrás esta iniciativa, dicha controversia fue aceptada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez. Esto ocurre tras la segunda movilización convocada por la oposición conservadora y ciudadanos “preocupados por defender la democracia” en México frente al supuesto autoritarismo de López Obrador, que configura un espacio político que cuestiona al gobierno y es aprovechado por los partidos opositores para recomponerse y capitalizar hacia el 2024.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal anunció que impugnará la decisión del ministro Laynez, pues argumenta desconocimiento sobre los procedimientos jurídicos, violación de atribuciones del ministro, y alertó de lo peligroso de que el fallo rechace en su totalidad una iniciativa aprobada por el poder legislativo que modifica aspectos de los presentados originalmente por el ejecutivo federal, configurando el "plan B" del gobierno toda vez que no logró que se aprobara íntegramente su decreto.
Sin embargo, lo que hay detrás es en realidad es la carrera electoral hacia el 2024 y el interés tanto de opositores como de oficialistas por llegar en las mejores condiciones a las elecciones presidenciales.
La oposición conservadora tomó nota, tras el retroceso del Morena en la capital en las elecciones intermedias, de que es crucial tender la mano a los sectores de clase media que expresan cierto descontento frente a las políticas del gobierno. Aunque es muy improbable que logren recuperarse de una crisis política que arrastran desde el 2014 con Ayotzinapa.
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AMLO y su gobierno están convencidos de que el INE es un objetivo para la política de "austeridad republicana", ahora "pobreza franciscana" que en el caso del recorte a sueldo de altos funcionarios del INE es apoyada por un gran sector de la población según encuestas del propio instituto electoral. Y con razón, pues los sueldos millonarios de consejeros y altos funcionarios rebasan el sueldo actual del presidente (que sobre pasa el millón de pesos anuales), y que nada tiene que ver con los salarios de la mayoría de trabajadores del INE ni con los sueldos de la mayor parte de la población.
Pero el mayor interés está en atar de manos a un instituto que en elecciones previas garantizó la continuidad de los gobiernos neoliberales a partir del fraude, y cuyos consejeros sostienen puntos de acuerdo con la oposición y pueden convertirse en obstáculos para los planes del gobierno.
No en vano AMLO declaró hoy en la mañanera que el “plan C” tras esta impugnación del INE, es convertir el descontento contra la casta política y “la mafia en el poder” en un voto castigo para la oposición, que pueda terminar de rematar una crisis de representación política de la que no logran salir los partidos neoliberales que votaron el Pacto por México y garantizaron la transición pactada en el 2000. El objetivo es consolidarse como "partido del orden" y así garantizar la gobernabilidad y la continuidad de los negocios de grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
Por si fuera poco, esta controversia se cruza con las deliberaciones para elegir nueva presidencia para el INE, proceso en el que resalta la participación de Bertha Alcalde como postulante para el puesto, que junto a otras tres de las cuatro candidatas, es simpatizante de Morena y forma parte de una familia muy bien posicionada en el gobierno de la Cuarta Transformación -con su hermana Luisa María Alcalde como Secretaria del Trabajo, su madre Bertha Luján ex presidenta del Consejo Nacional del Morena, sin olvidar a Arturo Alcalde y su rol desde el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) en el interés del gobierno de profundizar su control sobre el movimiento obrero-.
Lo que no dicen ni opositores ni oficialistas es que todos tienen acuerdo en preservar el régimen político que ha garantizado la continuidad en la subordinación imperialista de Estados Unidos y las ganancias de los grandes empresarios. Esto expresa la continuidad de una democracia donde pobres y trabajadores casi estamos excluidos de la posibilidad de pelear por una representación política propia, como muestran las trabajas para candidaturas independientes, en un régimen electoral que reduce la participación política de las masas a elecciones y consultas cada tanto, dejándonos fuera de la toma de decisiones sobre el rumbo del país.
