“Plan calle sin violencia” es la política que está impulsando el Gobierno de Gabriel Boric y que incluirá a la región de Arica y Parinacota. Esto fue confirmado por la Ministra Tohá al Alcalde Gerardo Espíndola esta semana. Es una más de las medidas securitarias que se han impulsado esta semana y que implica mayores recursos hacia instituciones represivas como carabineros. Debido a que han sido los elegidos por el Gobierno como quienes “enfrentarían el crimen” en el país.
Camila Acuña Trabajadora Social y militante de Pan y Rosas
Domingo 16 de abril de 2023
Así como fue adelantada la promulgación de la “Ley Nain-Retamal”, también se agilizó la aplicación del “Plan Calles sin Violencia”, donde serán 46 las zonas donde se aplicará la medida, 22 de ellas son de la Región Metropolitana y se suman otras comunas del país, entre las cuales está considerada Arica.
Despues del asesinato de un funcionario policíal en Santiago Centro, el Gobierno ha hecho una serie de gestos hacia Carabineros, tomando en sus manos la agenda de la derecha, haciendose parte de la línea autoritaria y securitaria. De acuerdo a lo expuesto por la Subsecretaría del Interior este plan se enmarca en la Política Nacional contra el crimen organizado y la metodología de intervención se diseñó sobre los siguientes factores: 1) presencia de pandillas, crimen organizado y tráfico de drogas, 2) impunidad penal, 3) tráfico y presencia de armas, y 4) deterioro barrial, tráfico de drogas y consumo problemático de alcohol.
Es necesario discutir con este plan, para exponer el por qué no son una solución ante el problema de la delincuencia y terminan afectando a las grandes mayorías trabajadoras y pobres. Como primera línea de acción tiene la "persecución penal" que apunta a comprobación de hechos delictivos e identificación de responsables, lo que se traduce que ante una investigaciones donde está involucrado un civil y carabineros, serán quienes tienen la primera y última palabra, dado que son los primeros que establecen los hechos en una investigación, también resguardan pruebas y escenas del crimen.
Su segunda línea de acción es sobre la "actividad policial", lo que implicaría un aumento de la presencia de la policía militarizada en sectores que consideran altamente conflictivos, sabemos que son las poblaciones más pobres quienes se ven afectadas por la presencia de carabineros, que coincidentemente son los sectores más golpeados por la crisis económica y social. Porque darle más poder y autonomía a las fuerzas represivas tiene por objetivo reprimir la protesta social y controlar la calle. Porque el Gobierno y quienes respaldan estas medidas represivas nada dicen de los niveles de cesantía, trabajo informal, precarización laboral o las medidas de ajuste que perjudican las condiciones de vida de las familias trabajadoras ¿No tendrá nada que ver esto y los sueldos que no alcanzan con el aumento de la violencia y la delincuencia?.
La tercera “fiscalización de infracciones e incivilidades”, es decir, se supervisarán las armas para asegurar la tenencia responsable de aquellas legalmente inscritas y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares. Ante esto es necesario hacer énfasis en que hay múltiples procesos judiciales seguidos por la justicia militar contra militares y policías que robaron armas en sus unidades y se consigna que esas armas fueron destinadas a bandas delictuales principalmente narcotraficantes. CIPER revisó decenas de causas con condenas dictadas por la Corte Marcial entre 2012 y 2022 se comprobaron nexos entre Carabineros y el Ejército con organizaciones narcotraficantes. Un total de 54 uniformados fueron procesados, muchos confesaron que se traficaban fusiles de origen FAMAE (la fábrica de armas del Ejército de Chile) robados de diversas unidades policiales o regimientos. La Justicia Militar, que ampara y defiende a la institución, no persiguió el destino de las armas ni puso su enfoque en los grupos que compraban o receptaban las armas.
Fortalecer a la policía no es salida
Este anuncio solo busca fortalecer dicha institución y destinar grandes cantidades de recursos dando rienda suelta a mayor represión y abuso de poder. En concreto se destinarán US$1.500 millones anuales para reforzar a la policía con equipamiento y material. Con todas estas medidas se les está entregando mayores facultades para que apliquen a su antojo y bajo sus criterios la forma de enfrentar distintas situaciones. Lo pudimos ver con el asesinato de David Toro, un joven que trabajaba de Uber y que en medio de un control vehicular le dispararon siete tiros rostro. Eso no es más que “Gatillo Fácil”, porque de legítima defensa no tiene nada si se trata de una persona sin prontuario y con el nivel de violencia con el cual actuaron. Buscan aplicar una receta que en ningún país ha implicado la disminución de la delincuencia.
Han sido semanas de una campaña mediática notable, donde se preparó el terreno para justificar el blindaje a Carabineros y buscar instalar mayor represión en las poblaciones más vulnerables, mientras los grandes medios ocultan la responsabilidad estatal en el crimen organizado, igualan pobreza la delincuencia y utilizan los casos de muertes de cualquier tipo de delito, como las excusas perfectas para endurecer el poder de fuego de un Estado responsable. El mismo Estado que garantiza la desigualdad, que niega el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación a generaciones enteras, y que apuesta a la marginalidad estructural de sectores de la clase trabajadora, arrojándola a la deriva de real “inseguridad”.
