Una fiscalía de la capital italiana solicitó el viernes esa pena para tres ex jefes de Estado y otros miembros de juntas militares y servicios de seguridad de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.
Martes 18 de octubre de 2016
El viernes 14 Tiziana Cugini, fiscal de Roma, determinó el pedido de prisión perpetua para tres ex jefes de Estado y miembros de juntas militares y servicios de seguridad de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.
Este pedido de la fiscalía romana es en el marco de la causa conocida como “Proceso Cóndor”, que juzga la muerte y desaparición de italianos en el marco del plan homónimo a través del cuál las dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión a nivel regional.
El pedido de la fiscal Cugini recae sobre los exdictadores Luis García Meza (Bolivia), Francisco Morales Bermúdez (Perú) y Gregorio Álvarez (Uruguay), entre otros imputados por las violaciones a los derechos humanos.
Este caso fue iniciado y viene siendo investigado en Roma hace más de diez años, en manos del fiscal italiano Giancarlo Capaldo. El tribunal italiano celebra el proceso desde enero del año 2015 en la Tercer Sala del Fuero Penal. Durante el juicio se escucharon testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas desaparecidas o asesinadas.
En ese proceso declaró hace un año María Victoria Moyano Artigas, donde se presentó como querellante. La nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo contó cómo las fuerzas uruguayas en coordinación con las argentinas visitaban los centros clandestinos de detención donde había uruguayos detenidos.
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El único imputado presente en el debate fue Jorge Trocolli Fernández, quien está en libertad en Italia luego de haberse escapado de Uruguay durante el año 2007.
Entre los acusados uruguayos se encuentran el expresidente de facto (1981 y 1985) Gregorio “Goyo” Álvarez, encarcelado desde 2007 por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985). Ha sido acusado por el delito de coautoría en reiterados casos de homicidio muy especialmente agravado ocurridos 1978.
En la lista también se encuentran: Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Vásquez, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José “Nino” Gavazzo, José Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco y Pedro Antonio Narbondo.
La única absolución que solicitó la fiscalía es para el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, ex jefe de Servicios del Cuerpo de Fusileros Navales, conocido como FUSNA, un operativo que conjuntamente con la Marina argentina en la ESMA, tuvo como objetivo atacar y eliminar militantes de las GAU ( Grupos de Accion Unificadora ) y otras organizaciones de izquierda uruguayas.
El fiscal italiano Capaldo, cuando hizo la presentación de loístas de acusados se contaban hasta 140 acusados Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil y Bolivia. Pero frente al paso del tiempo, las trabas a la hora de notificar imputaciones, y la edad que avanza sobre los genocidas, finalmente termino con algo más de 30 imputados. La sentencia se conocería alrededor de enero de 2017.
Así las cosas, siguen en vigencia las trabas legales y políticas para avanzar en los juicios, como se expresa a través de la Ley de Caducidad en Uruguay, que garantiza este estancamiento y sostiene la impunidad, más allá del juzgamiento simbólico de algunos militares en los últimos años.
