CAPITALISMO REGIONAL. Plan Morales: ¿Cambio de matriz o negocios con el Estado para los mismos de siempre?

En el diagnóstico oficial el problema de origen de la economía provincial estaría en el exceso de empleados públicos que configuran un Estado sobredimensionado, donde habría más empleados estatales que privados, en palabras del Gobernador, “el Estado no da para más”.

En realidad según los datos del ex ministerio de Trabajo de la Nación los trabajadores del sector privado junto con las empleadas domésticas (84.000 y 18.000 respectivamente), superan en número a los empleados estatales (85.000), una realidad que desmiente al Gobernador, quien en más de una oportunidad afirmó lo contrario.

Si nos detenemos a observar el cuadro de la estructura de empleo de la provincia se puede observar que el gran problema es la falta de acceso al mercado laboral de más de 104.000 personas que sobreviven de la asistencia social, changas y trabajos informales. Según el informe de empleo provincial elaborado por el ex ministerio de Trabajo de la Nación había 16.000 jóvenes que no acceden a un trabajo o al estudio, 71.000 adultos en edad de trabajar que no ingresan al mercado laboral, 12.000 desocupados, 2000 beneficiarios de planes sociales y 3000 trabajadores domésticos sin remuneración.

Estas cifras seguramente han empeorado teniendo en cuenta que el informe fue publicado en enero 2018, antes de lo más agudo de la crisis que elevó el desempleo a 19.000 trabajadores (IV trimetrste 2018) y solo el año pasado el número de pobres aumentó en 62.000 personas.

La gestión de Morales nunca puso el acento en este problema de fondo, sino optó por cargar todos los cañones sobre los empleados públicos quienes han visto un retroceso sistemático del poder adquisitivo de sus salarios (ver cuadro), a la vez, que han sido objeto de una persecución permanente, ante la cual, las direcciones gremiales han hecho poco y nada.

Fuente: ex ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, desde que asumió Morales, según las estadísticas oficiales el empleo estatal tuvo un leve incremento de 3100 trabajadores, pasando de 80.488 trabajadores en 2015 a 83.609 en 2017 (último dato disponible). Una dinámica de creación de empleo estatal que comenzó con el congelamiento de la planta permanente a partir de la firma de la Ley de Responsabilidad Fiscal y, cada vez más se orienta a los tiempos del ajuste de una economía nacional y provincial que pasó a estar en manos de las tijeras del Fondo Monetario Internacional.

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Sin lluvia, endeudar al Estado y generar negocios para los mismos de siempre

Dejando de lado, el problema del empleo no resuelto, recordemos que el plan de Morales para Jujuy durante los primeros días de fiesta de Cambiemos se jugaba a facilitar la llegada de la anunciada “lluvia de inversiones” a la provincia.

En poco más de tres años la lluvia de inversiones que nunca llegó al país, tuvo en la provincia su expresión con el Estado asumiendo casi la única y principal inversión -a partir de tomar una pesada deuda en dólares- cuyo pilar es el Parque Solar Cauchari, un proyecto que lejos está de ser la maravilla que afirma el Gobernador, más bien es un negocio para los privados y que ubica a la provincia como receptora de una tecnología fabricada en China.

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Por otra, parte acompañando la Ley de Responsabilidad Fiscal (ajuste en el gasto público) recortaron por segunda vez los ingresos brutos a los grandes empresarios que pagarán alícuotas en el tabaco, el azúcar y la minería por tan solo 0,0075 centavos por cada peso de sus ventas. El desfinanciamiento estatal no tiene como contrapartida la lluvia de inversiones tan esperada; sino una carga de deuda en dólares sobre las cuentas públicas que puede anticipar situaciones explosivas en materia financiera.

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Si observamos la dinámica de las inversiones privadas hay una continuidad con la matriz productiva histórica de la provincia. El gobierno incluso presenta la explotación del litio como algo novedoso, pero que no deja de ser una actividad primaria que había alentado el gobierno de Fellner, dentro de un esquema donde el Estado provincial, a través de JEMSE actúa como socio más que minoritario (8 %) y es insignificante el pago de regalías de las empresas. En el 2018, en concepto de “derechos de explotación de minerales” y de “regalías” se presupuestaron 106,3 millones de pesos, apenas la irrisoria suma de 2,3 % de los ingresos fiscales de ese año.

Mientras tanto el negocio del litio lo hacen multinacionales que industrializan el mineral en sus casas matrices junto con las empresas automotrices como es el caso de Orocobre australiana socia de Toyota en Sales de Jujuy y, Mitsubishi socia de la canadiense Minera Exar en el Salar de Olaroz.

En el resto de la actividad minera se mantienen empresas que iniciaron sus actividades en la década de 1930, como Minera Aguilar (1936), hoy en manos del grupo multinacional Glencore –el segundo más grande del mundo en la extracción de minerales, materias primas y producción de alimentos-. Este gigante dispone de los recursos de la provincia con las facilidades de la Ley Minera menemista y otras que les ha concedido la gestión de Morales con el Pacto Federal Minero que permite al gobierno rebajar a menos del 3 % las regalías cobradas a las mineras.

A punto tal es el manejo a su antojo de los negocios que Glencore decidió cerrar la planta fundidora de minerales que funcionaba en Palpalá y el ministerio de Trabajo de la Provincia se limitó a gestionar el pago de las indemnizaciones de 144 obreros.

En la industria retrocesos y mayor concentración

Dentro de una estructura industrial altamente concentrada, donde 6 empresas (Ledesma S.A.A.I, Ingenio Río Grande, Ingenio La Esperanza, Minera Aguilar, Aceros Zapla y Holcim-ex Minetti) controlan el 80 % de la facturación (Censo Industrial 2014), el retroceso en la industria también transcurre con el proceso sistemático de vaciamiento de Aceros Zapla que paso de 1.200 antes de la venta al dueño actual a no más de 200 en la actualidad; mientras el responsable de este retroceso brutal de lo que fue un complejo minero-siderúrgico ejemplar, Sergio Taselli, vuelve a extorsionar con despidos a cambio de mayores subsidios del Estado.

También en Palpalá observamos el retroceso en la industria papel y cartón, Ex Incor, que terminó despidiendo a una parte de su personal y quitando derechos laborales a quienes continuaron trabajando el año pasado.

Entonces, mientras los empresarios realizan despidos y vaciamiento de algunas industrias, el mismo Estado provincial colabora con el trabajo sucio como es el caso del Ingenio La Esperanza donde el gobierno efectuó el despido de 338 obreros a fines de 2017 con tal de hacer un negociado que hasta el momento no pudo concretarse con la venta del ingenio a precio de remate como explicamos en este medio.

En el mismo discurso oficial se desmiente el cambio de matriz a partir de las decisiones del gobierno de seguir apostando a las actividades donde hay mayor concentración de negocios y tierras en manos de los capitalistas como la caña de azúcar donde actúa un el grupo Ledesma que es un peso pesado del sector concentrado el 20 % de la producción de azúcar del país y que no deja de fortalecerse como el principal grupo empresarial de la provincia con su titular, Carlos P. Blaquier, ocupando el lugar 30 dentro de los hombres más ricos del país según Forbes.

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En este sentido, el gobierno festeja gestionar el negocio del bioetanol para el Ingenio Ledesma y el Ingenio Rio Grande, lo cual lo ubica una vez más otorgando subsidios a los empresarios dueños de la provincia que perciben de esta manera un valor mayor al de mercado por la caña de azúcar destinada a la producción de combustibles.

A los pies del monocultivo del tabaco

Dentro de este selecto grupo el gobierno continúa el legado de los gobiernos anteriores del PJ, actuando como lobbysta abierto de otro sector altamente concentrado como son los grandes empresarios del tabaco. Un sector que tiene entre sus principales actores a funcionarios y legisladores nacionales a lo largo de la historia.

En la actividad tabacalaera los grandes productores que concentran el 70 % de la producción (Censo Agropecuario 2002) reciben todo tipo de ayudas del Estado como el no pago de aportes jubilatorios de los peones rurales y, en especial cuentan con el control del Fondo Especial del Tabaco (FET), que solo este año representaría según fuentes del gobierno Nacional 3800 millones de pesos, una suma que equivale al 55 % del presupuesto de Salud de este año.

Según el Documento de Trabajo N ° 9-Fac. Cs. Económicas UNJu, realizado por Raúl H. Cabrera, es más rentable la producción de tabaco que la del cultivo más redituable en Argentina en los últimos 15 años, la soja. Este resultado financiero es gracias al millonario subsidio del FET, por lo tanto, es un verso hablar de cambio de la matriz cuando apuntan a un sector que impide cualquier actividad agropecuaria alternativa, más aún con el grado de concentración de la tierra que existe en el valle de los pericos.

Nichos de negocios

Proyectos como el del cultivo de Cannabis Medicinal donde el Estado otorga tierras fiscales (Finca El Pongo), infraestructura y hasta las semillas para que el negocio lo haga un empresario norteamericano en “sociedad” con la empresa estatal Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava S.E.) que preside el hijo del Gobernador, Gastón Morales, confirma que siguen apostando a una economía primaria donde los esfuerzos públicos están orientados a garantizar el lucro privado.

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Por último, el turismo que según el gobierno tuvo un despegue en los últimos años, alentado por la brutal devaluación que supero el 100% el año pasado, nadie puede afirmar que va a modificar las condiciones de vida de los miles que no acceden al empleo en la provincia. Los beneficios de esta actividad la ven un grupo selecto de empresarios de hoteles, transporte y gastronomía, mientras las condiciones laborales tienen un alto nivel de empleo en negro.

La única salida es afectar a los grandes empresarios y terratenientes

Con un cuadro social y del empleo cada vez más deteriorado por la crisis económica y el plan de ajuste acordado por Macri, Morales y los gobernadores con el Fondo Monetario Internacional, no hay forma de encarar una salida a favor de las mayorías trabajadoras y populares si no es derrotando el plan del FMI y afectando los intereses de los que se creen dueños de la provincia y son responsables de su decadencia.

Se torna urgente la pelea por un plan de obras públicas que genere puestos de trabajo genuino, solo afectando los millones del fondo especial del tabaco de este año se pueden construir más de 200 escuelas y generar 11.500 puestos de trabajo (directos e indirectos), cuando existe un déficit de edificios escolares de al menos 400 instalaciones según la propia ministra de Educación. Pero además hace falta construir hospitales, viviendas para los más de 30.000 necesitados, rutas, caminos, puentes y recuperar efectivamente el ferrocarril, entre otras obras inmediatas que pueden poner en funcionamiento el aparto productivo y generar puestos de trabajo genuino.

Esta es la pelea de fondo y algunas de las medidas más urgentes que sostienen los diputados del PTS, en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández, este es el camino para que la crisis la paguen los grandes empresarios y terratenientes, no queda otra, hay que pelear por nuestro futuro y derrotar el saqueo en curso.