Sismo 19-S. Plan de Hacienda para reconstrucción: rapiña y especulación con la tragedia

El gobierno promete apoyo para iniciar la reconstrucción y reparación de las viviendas a personas físicas afectadas por el sismo y para la reactivación de la economía en Ciudad de México; Cuernavaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo, Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla de Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala.

La ayuda consistirá en el acceso a créditos federales hipotecarios que otorgaría la Banca de Desarrollo para adquisición, reconstrucción y atención de daños estructurales parciales de vivienda. Entre las instituciones que brindarán esta ayuda se cuentan Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi).

José Antonio Meade, titular de Hacienda y Crédito Público

Ahora, Hacienda dio a conocer que los programas de crédito –de los cuales no se informó a qué tasa de interés serán– se adjudicarán a medida que se tenga disponible el censo de daños, sus respectivos dictámenes y se firmen los pactos de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos locales.

Respecto al resto de los municipios de Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, declarados en emergencia, las familias damnificadas recibirán recursos directos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Quienes hayan sufrido pérdida total de sus inmuebles estarán exentas del pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) por ingresos de la venta del terreno que albergaba su vivienda, en los casos en los cuales el monto no exceda de 700 mil unidades de inversión y se cuente con la documentación que pruebe la pérdida. Si la venta supera esa cantidad, el pago del ISR corresponderá sólo a la ganancia realizada por arriba de dicho umbral. Ya se abre la puerta a la especulación de las inmobiliarias, que se preparan para adquirir los terrenos a precios bajos.

Sede de la Sociedad Hipotecaria Federal

Escándalos de la Banca de Desarrollo

Cabe destacar que detrás de la Banca de Desarrollo hay una historia de corrupción e irregularidades. Entre 2008 y 2012, los Intermediarios Financieros No Bancarios –las empresas que otorgan créditos usureros a la clase trabajadora y los sectores populares- apoyados por el FOVI y la SHF no cumplieron con el pago de créditos que les fueron otorgados por problemas de liquidez. Así es que el saldo de la cartera de crédito vencida de la SHF, al 31 de diciembre del 2012, representaba el 151% de su patrimonio, y el 73% para el FOVI, según un artículo de Arena Pública de 2014. Esto corresponde al rescate de bonos hipotecarios de al menos seis sociedades financieras por más de 40 mil millones de pesos.

Un caso emblemático fue el Hipotecaria Su Casita. En 2010, la SHF se convirtió en dueña del 75% de su cartera de crédito, que a su vez le entregó 15 mil millones de pesos con la excusa de que no podía pagar el fondeo a la SHF.

Un plan de reconstrucción obrero y popular

No se puede tener ninguna confianza en los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto y sus socios del PRI, del PAN y del PRD. Tampoco en los del Morena, ya que donde gobiernan, como en las demarcaciones Tlalpan y Xochimilco de la Ciudad de México con la catástrofe del sismo del 19-S se revelaron también graves irregularidades en sus administraciones, como la habilitación del Colegio Enrique Rébsamen, uno de los edificios colapsados, y falta de ayuda a pueblos gravemente afectados, como San Gregorio, en Xochimilco.

Como explicamos acá, “hay que pelear por una salida que realmente responda a las necesidades de ´los de abajo´. Los sindicatos y demás organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que se reivindican democráticas, deberían exigir con su movilización en las calles que se decrete la expropiación sin indemnización de los recursos y bienes de todas las compañías involucradas en fraudes inmobiliarios”.

Son las familias damnificadas, la clase trabajadora y los sectores populares organizados por colonias, centros de trabajo y centros de estudio, quienes puedan elaborar un plan de reconstrucción que atienda verdaderamente las necesidades sociales. Un plan anclado en el uso de los recursos públicos y de las grandes empresas, que sea llevado a cabo bajo control de la clase trabajadora y los sectores populares, que sólo se puede imponer con la más amplia movilización en las calles.

Los fondos para la reconstrucción no pueden quedar en manos de la Banca de Desarrollo –un coto de caza para las intermediarias financieras. Se hace urgente garantizar el financiamiento de la reconstrucción a través del no pago de la fraudulenta deuda externa, de la cual el gobierno prevé un pago de 663 mil millones de dólares para 2018 sólo en concepto de intereses. Con esos fondos se podrían construir más y mejor infraestructura urbana y rural, más escuelas, más hospitales, más viviendas seguras.

Otra vía para incrementar las arcas públicas es la creación de impuestos progresivos a las grandes fortunas, como la de Emilio Azcárraga y la de Carlos Slim. Hoy, somos los trabajadores y los sectores populares quienes más impuestos pagamos, con el IVA a productos de primera necesidad, entre otras tributaciones.
Mientras, según el mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el programa “Ponte al día”, en 2015-2016 los mayores beneficios fueron para 10 empresas, a las que les condonaron más del 85% del monto total de adeudos fiscales y 5 de ellas están relacionadas con la Corporación GEO, la empresa de construcción y de desarrollo de “vivienda social”. Esto tiene que terminar: las trasnacionales y las compañías nacionales que más ganan, deben pagar una mayor proporción de impuestos.

A su vez, es necesario terminar con los privilegios de los altos funcionarios, los mismos que son responsables de la tragedia por habilitar el uso de construcciones defectuosas y no aptas para soportar sismos de gran magnitud. Basta de prestaciones, sueldos y pensiones millonarios a costa del erario público. Es necesario imponer la reducción del sueldo de los altos funcionarios, hasta igualarlo con el que perciben las maestras.

Es necesario que las familias damnificadas y los trabajadores administren los fondos de forma pública, con informes y fiscalizaciones sistemáticos que se den a conocer en medios masivos de comunicación. Hay que poner un alto al secretismo de las finanzas públicas, la banca y las grandes empresas, al que sólo acceden los empresarios y sus representantes.

Con información de Notimex y Arena Pública