Alta carga impositiva y descapitalización se cuentan entre los factores que colocaron a Pemex en una situación financiera compleja. Así preparó el gobierno el camino para la entrada del capital privado.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Jueves 3 de noviembre de 2016
Según había trascendido, la política gubernamental sería centrarse en estrategias de alianzas con inversores privados tanto para la exploración y producción –actividades de las que depende la extracción petrolera– como para la refinación –el proceso a través del cual se produce la gasolina que se consume a diario. Hasta se habló de la posible venta de alguna refinería, que hoy operan al 50% de su capacidad por falta de presupuesto para mantenimiento así como por falta de petróleo para destilar y producir así sus derivados.
Cuando el anuncio se hizo oficial, González Anaya señaló que hay perspectivas de alianzas con el sector privado a través de consorcios y que la implementación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2017-2021 permitirá alcanzar el equilibrio financiero a la empresa.
El director de Pemex afirmó que se espera lograr un superávit primario por 8.4 mil millones de pesos para el año que viene. Asimismo, espera una plataforma de producción de 1,944 millones de barriles diarios de crudo para el mismo periodo, a un precio de 42 dólares cada uno.
De acuerdo con el funcionario, el objetivo es el desarrollo de nuevos campos petroleros en conjunto con la iniciativa privada mediante los esquemas de farm outs, para restituir las reservas en al menos 1,100 barriles por día, y sumar inyección de capital y nuevas tecnologías.
Las asociaciones con inversores se realizarán en Pemex Transformación, específicamente en Refinación para “poder reactivar la industria, la cual mantiene constantes paros y falta de mantenimiento”.
Por su parte, analistas de la calificadora Fitch afirmaron que es insostenible el nivel de impuestos que hoy paga Pemex. Y recomendaron que se dé continuidad a la política de reducción de costos, así como el avance de modificar las pensiones de los trabajadores petroleros hacia esquemas individuales de retiro. En otras palabras, exigen redoblar el ataque contra la clase trabajadora.
La crisis la crearon los directivos y los gobiernos
El actual balance financiero negativo deviene de la mala operación de la paraestatal. No todo es producto de la baja de los precios internacionales del petróleo.
En primer lugar, las ganancias generadas por Pemex fueron utilizadas para financiar gran parte de los gastos suntuarios de los funcionarios de turno, como sus salarios millonarios.
A su vez, están los contratos adjudicados a empresarios beneficiados por el gobierno. Por ejemplo, cuando se dieron a conocer los Panamá Papers, uno de los empresarios mexicanos involucrados en el escándalo fue José Ramiro Garza Cantú. Éste renta tres plataformas de exploración en aguas profundas, por un millón y medio de dólares diarios, a través de una compleja red de empresas offshore en distintos países. Por día, Garza Cantú recibe 495 millones de dólares de Pemex por la renta de esta plataforma. Y la plataforma no encontró petróleo.
Escandaloso, sobre todo teniendo en cuenta que con la aplicación de la reforma energética –diseñada por Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia estadounidense, y sus asesores– se ha desatado una ola imparable de despidos, como explicamos acá.
Por otra parte, son los sucesivos recortes presupuestarios –como el de 100,000 millones de pesos proyectado para 2017– los que llevaron a la reducción de las operaciones de Pemex, cuando no terminaron en un escenario dantesco, como la explosión en la planta Clorados III del complejo Pajaritos. Producto de la asociación con el capital privado, en ese caso, la trasnacional Mexichem –incluso antes de la votación de la reforma energética– que no realizó el mantenimiento necesario de la refinería.
El gobierno operó para avanzar en la entrega de Pemex al capital privado. Sólo los trabajadores y las trabajadoras de la paraestatal pueden detenerlos.
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