Temer se reunió en Brasilia con los secretarios de Seguridad Pública de varios Estados para acordar soluciones a la crisis carcelaria.
Jueves 19 de enero de 2017
En medio de la gran crisis del sistema carcelario del país, las masacres no se detienen. El Plan de Seguridad presentado por Temer a los Estados brasileros abrió un impasse de intereses. Estados que ya estaban afectados por la crisis económica aprovechan el momento para chantajear y obtener más recursos para la represión. Mientras tratan de escapar de la crisis, todos coinciden en profundizar el aparato represivo y militar nacional.
Luego de la reunión convocada este miércoles (18) por el Palacio del Planalto (Casa de Gobierno), los gobernadores del Estado de Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins firmaron un compromiso de adhesión al Plan de Seguridad Pública que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas para la inspección de los presidios aunque, según informan diferentes medios, aún no fue solicitada formalmente su actuación en alguno de ellos.
La crisis carcelaria también es una crisis entre Temer y los gobiernos estaduales, ya que implica un mayor desgaste frente al fracaso de las reformas implementadas y agrava la crisis para financiar proyectos en Estados que ya cuentan con problemas económicos.
Los secretarios de seguridad estaduales presionan a la cúpula del gobierno federal con la creación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) por la cual sean vinculantes las transferencias al área de seguridad, tal como se hace actualmente en áreas como salud y educación. Los gobernadores de los Estados buscan aprovecharse de la crisis para chantajear económicamente al gobierno federal, garantizando más recursos a las fuerzas represivas.
Algunos secretarios de seguridad como el del estado de Amazonas consideran que el problema de seguridad en Brasil gira “casi totalmente en torno del tráfico internacional de estupefacientes” y por tanto es necesario reforzar las fronteras. Ni una palabra de la necesidad de legalizar las drogas para enfrentar a las facciones, los políticos patronales y magistrados que son los principales beneficiados con el tráfico, y quienes defienden ante todo una mayor militarización para proteger sus ganancias.
Buscan evitar cargar con los costos de la crisis del sistema carcelario
Hasta el momento, el presidente presentó el Plan de Seguridad por el que se deben invertir millones en la construcción de nuevas prisiones y seguir encarcelando a la población negra y pobre, ocultando el papel y la complicidad del Estado con las facciones del crimen organizado y las empresas privadas que se benefician con la sobrepoblación carcelaria.
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La situación creada con los recortes a los derechos sociales como la salud y la educación, la profundización de la crisis económica y el aumento del desempleo sólo agravará aún más la actual situación del sistema carcelario. Los diferentes niveles de complicidad del gobierno, la policía, las empresas privadas y las facciones criminales hacen inevitable que el sistema penitenciario capitalista sea un “organizador” de las masacres. El poder Judicial facilita esta situación, creando una enorme población carcelaria de negros y pobres que ni siquiera fueron juzgados, dejándolos a merced de las facciones del tráfico organizado.
