Durante una sesión casi inédita durante un día domingo, el senado despachó a la cámara el proyecto de ayudas sociales del gobierno en medio de varias controversias como la reserva de constitucionalidad debido a modificaciones en los pagos de IFE y Bono clase media que se introdujeron por el senado. Mientras el Estado sigue desembolsando más y más recursos y los trabajadores consumen sus ahorros , el gobierno se niega a tocar a las grandes fortunas del país.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Lunes 5 de abril de 2021
En un hecho inédito durante la jornada de ayer el Senado despachó el paquete de ayudas sociales impulsado por el gobierno en el peor momento de la pandemia desde el 2020. El proyecto votado en general por 32 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones (PS e independientes) fue criticado por senadores de oposición quienes hicieron ver la falta de universalidad de los beneficios.
A pesar de que el proyecto fue votado favorablemente en general, se aceptaron dos modificaciones en los incisos 2 y 3 del artículo 8 del proyecto que elimina la restricción que puso el gobierno en caso de una familia reciba tanto el IFE como el Bono clase media (que en el proyecto original en caso de verse beneficiado por ambos, el bono clase media se vería reducido en proporción al IFE, es decir, si una persona recibió el IFE y está entre los beneficiarios del bono clase media, recibirá $400.000 y no los $500.000 íntegramente.)
Según el gobierno esta modificación (la eliminación de dichos artículos) incurriría en un mayor gasto fiscal por lo que se estaría sobrepasando las facultades del poder legislativo y por lo tanto sería inconstitucional.
Seguir endeudando el Estado para no tocar a las grandes fortunas.
Hasta ahora gran parte de los planes del gobierno para paliar los problemas generados por la crisis económica y la pandemia tienen como centro la focalización de los recursos y la entrega de subsidios para algunas empresas (principalmente las más grandes).
Todos estos recursos han sido liberados teniendo como base lo bajo de la deuda pública que tenía el país hasta inicios del 2020. Pero desde el inicio de la pandemia cada recurso entregado por el fisco ha sido producto del endeudamiento del país.
Este tema ya fue un debate a fines del 2019 cuando en medio de la revuelta se debatía cómo desactivar la movilización a propósito de la entrega de mayores subsidios y beneficios sociales. Ahora, un año después, el debate tiene el mismo ribete: al parecer la única solución a la crisis es aumentar la deuda fiscal hipotecando el futuro del país.
Pero mientras el país se sigue endeudando y el gobierno trata de focalizar recursos que a todas luces son insuficientes, las grandes fortunas del país aumentaron aún más sus riquezas.
Mientras en los trabajos reina la incertidumbre y millones de hogares se debaten entre el hambre y la pandemia, un puñado de familias se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo trabajador.
El gobierno ha buscado proteger a estos sectores entregando subsidios a las empresas y entregando las pocas ayudas sociales a costa del Estado, demostrando así porqué está dispuesto a que aumenten los contagios mientras la economía siga funcionando.
Para tener una salida de fondo a la crisis económica y la pandemia, se necesita un plan integral de financiamiento de ayudas sociales y mayores recursos para la salud sin que esto signifique hipotecar el futuro del país.
Por eso desde Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), creemos que la crisis no debe ser costeada por el pueblo trabajador, sino con un impuesto progresivo a las grandes fortunas, empresas y mineras. Esto permitiría, por ejemplo, costear un Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa de $550.000.
A su vez, es necesaria la unificación del sistema sanitario privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados que lucran con la salud y la vida de las personas, para poner toda la infraestructura al servicio de combatir la pandemia, bajo control de sus trabajadores/as, las comunidades científicas y usuarios. Sueldos dignos y contratación inmediata de personal bajo condiciones dignas. Es necesario un plan de trazabilidad, seguimiento y aislamiento para controlar la pandemia. Vamos por un sistema de salud público y gratuito, financiado en base a la renacionalización de los recursos naturales bajo control de trabajadores.
