En un intento por atenuar el descontento y la deslegitimación de su gobierno, en el día de ayer el presidente Peña Nieto anunció una serie de medidas para “combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad” y “librar a México de la criminalidad”.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Viernes 28 de noviembre de 2014
Luego de las masivas movilizaciones del 20 de noviembre que mostraron el gran descontento nacional contra el gobierno, y en las que cientos de miles levantaron la exigencia de ¡Fuera Peña!, las medidas y reformas anunciadas del presidente en Palacio Nacional buscan recomponer su imagen y las instituciones tan criticadas hoy, además de impulsar una “unidad nacional” que lo legitime y frene el desgaste de su gobierno.
Peña Nieto declaró que próximamente presentará una propuesta de Ley contra la infiltración del crimen organizado entre las autoridades municipales, en la que se contempla, por ejemplo, la disolución de los ayuntamientos cuando haya indicios de colusión con la delincuencia, y que la Federación asuma el control. Esto, acompañado de impulsar un nuevo modelo policial que incluya la creación de policías estatales únicas, además de la creación de una clave única de identidad.
El presidente fue respaldado por los presidentes de las cámaras de legisladores, Silvano Aureoles y Miguel Barbosa (ambos del Partido de la Revolución Democrática-PRD, que mantiene estrechas relaciones con el gobierno), representantes del poder judicial, militares y gobernadores.
Peña habló además de leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, y de acciones para reforzar la defensa de los derechos humanos. Esto mientras se acaba de denunciar la desaparición de 31 estudiantes de Cocula, Guerrero ocurridas el 17 de julio, y se difundió el hallazgo de 11 cuerpos de jóvenes decapitados en Chilapa, además del asesinato de dos defensores de migrantes en Tequixquiac, Estado de México.
Los primeros estados en donde comenzarían a operar las nuevas normas serían Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, estados hacia los cuales Peña Nieto ha instruido un despliegue de fuerzas federales, dada su conflictividad y rasgos de ingobernabilidad.
Contra lo que mucho esperaban (la renuncia de alguno de los miembros del gabinete más cuestionados), y como un acto de resistencia ante las presiones de las masas movilizadas, el presidente optó por una propuesta -con mucha intención mediática- basada en cambios en la seguridad, con medidas que no alcanzan a resolver ni las demandas de los normalistas de Ayotzinapa y las de gran parte de la población, ni el problema de fondo que hace a la inseguridad y la responsabilidad del Estado en este rubro.
La propuesta del gobierno es esencialmente policial con base en la centralización de las operaciones de los niveles, federal, estatal y municipal, y apuntando a un mayor control y autoritarismo sobre la población, donde la creación de una clave única de identidad es un elemento central de esta política.
Junto a ello, las distintas fuerzas políticas del Congreso vienen discutiendo cómo echar a andar un Sistema Nacional Anticorrupción, como parte de una política de “unidad nacional” impulsada por el gobierno de Peña, es decir, unidad en las alturas contra el descontento de los de abajo.
Desde un principio, estas medidas carecen de credibilidad, dado que las impulsa un presidente comprometido en casos de corrupción -como su residencia en Las Lomas de Chapultepec y los contratos a favor de una constructora ligada al ejercicio presidencial-, que mantiene en la calle a los militares asociados al narco, que mostró una total despreocupación ante los sangrientos hechos en Iguala, entre otras cosas. Todo esto, en las manos de los mismos que han posibilitado la barbarie a que ha llegado el país.
México acepta la “ayuda” de Estados Unidos
El gobierno de Peña Nieto no es el único preocupado por la situación en México, también lo está el gobierno de Estados Unidos, cuyos intereses se ven afectados por el profundo cuestionamiento popular a los partidos políticos y las instituciones garantes de la entrega al imperialismo (como Pemex).
En ese contexto, 14 senadores estadounidenses hicieron una petición a la administración de Barack Obama para apoyar en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en un claro gesto injerencista ya tan naturalizado en México.
En respuesta, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le dio la bienvenida al “apoyo”, mostrando una vez más la subordinación del gobierno mexicano a los designios del Tío Sam.
