Es necesario establecer la elección popular de los jueces y también su revocabilidad. El derecho a tribunales populares con jurados escogidos por las comunidades locales y que en forma libre se coordinen con los sistemas indígenas que determinen las propias naciones indígenas en Chile. Terminando con la casta de jueces y fiscales privilegiados en el poder. Pero también en el Wallmapu es necesario transformar las bases sociales.
Gabriel Muñoz Licenciado en Historia
Sábado 5 de marzo de 2022
Este miércoles, el pleno de la Convención Constitucional aprobó por amplia mayoría el pluralismo jurídico, artículo que fue despachado a la propuesta de nueva Constitución, a la espera de su armonización respectiva. La iniciativa, parte del informe de reemplazo de la comisión de Sistemas de Justicia, se aprobó por 113 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones.
¿Qué es el pluralismo jurídico?
La norma que alcanzó cumplir con los 2/3, permite la creación de tribunales indígenas, y sostiene que la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales.
“El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”, dice el texto.
Continúa agregando que: “La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.
¿Nada nuevo bajo el sol? Pluralismo jurídico en EEUU y Colombia
La derecha y la Democracia Cristiana se han espantado con esta norma recientemente aprobada y algunos como Jimena Rincón deslizaron esta semana que comenzarán a hacer campaña por el "rechazo" de salida. El argumento de la derecha es que con el pluralismo no se respetaría la igualdad ante la ley y habrían incongruencias entre un sistema local y otro nacional. Los sectores reaccionarios son tan conservadores que ni reformas soportan.
Y en realidad el pluralismo jurídico viene de la mano con otras normas que diseñan un modelo de justicia muy similar al que establece la Constitución del ’80 vigente. Por ejemplo, establece que los jueces son designados por los otros poderes del Estado, que no pueden ser removidos (y por tanto no pueden ser elegidos) y que la justicia debe apegarse a la ley general (abstracta) y no a formas reales de justicia como los jurados populares. Los jueces seguirán siendo entonces una casta de funcionarios altamente pagados para resguardar la ley de la propiedad privada y el orden estatal autoritario coercitivo, provenientes de la alta sociedad.
Además, el pluralismo jurídico ya existe en otros países. En EEUU de los ’30 que la ley permite la coordinación entre cortes locales indígenas y el sistema nacional estadounidense de justicia. La ley indígena gestiona todos los casos de justicia que no estén dentro del listado de delitos y sanciones del sistema nacional. De esta manera en un "indian country" una corte indígena puede realizar divorcios, resolver problemas de herencias y otros temas de tipo "administrativos".
En Colombia, la Constitución en 1991 establece también la coordinación entre el sistema nacional de justicia y cortes indígenas. Sin embargo en la práctica no se ha establecido ningún consenso en cómo aplicarlo. Con más de 80 pueblos originarios en Colombia el pluralismo jurídico quedó en suspenso y sin aplicación. ¿Será este el destino del pluralismo jurídico en Chile o avanzará a ser sólo un apéndice de la justicia ordinaria como ocurre en EEUU?
El problema del capitalismo en el Wallmapu
Es necesario establecer la elección popular de los jueces y también su revocabilidad. El derecho a tribunales populares con jurados escogidos por las comunidades locales y que en forma libre se coordinen con los sistemas indígenas que determinen las propias naciones indígenas en Chile. Terminando con la casta de jueces y fiscales privilegiados en el poder. Pero también en el Wallmapu es necesario transformar las bases sociales.
No es posible conceder el derecho a la autodeterminación si se mantiene el modelo capitalista en el territorio del Wallmapu. Como sostienen todas las comunidades no existe pueblo nación sin territorio y actualmente el territorio mapuche se encuentra en manos de empresarios que se resistirán por todos los medios a perder su fuente de ganancias.
Actualmente la región de la Araucanía (nombre que los chilenos le dieron a una porción del Wallmapu histórico) se encuentra en Estado de Excepción constitucional que permite a las Fuerzas Armadas el control del tránsito y circulación. Han ocurrido varios asesinatos y los partidos políticos insisten en aprobar una y otra vez la extensión de esta violenta medida. Yordan Llempi Machacan fue asesinado en noviembre en su propia comunidad por personal militar y nadie a pagado. Es completamente incoherente lo que se declara en favor del pueblo mapuche y lo que se ejerce en la realidad.
Sólo una alianza entre el pueblo mapuche y el pueblo trabajador chileno en la región y a nivel nacional podrá permitir el derecho a la auto determinación, porque este derecho pasa por la restitución de las tierras usurpadas. Es urgente movilizarse para echar abajo el Estado de excepción, desmilitarizar el Wallmapu y liberar a los presos políticos mapuche. Por el momento no hay garantía real para la palabra "plurinacionalidad" en el territorio del Wallmapu, más bien, una palabra bonita que no se hace cargo de la violencia y el despojo. El derecho a la auto determinación sólo podrá conquistarse con la completa expropiación de los grandes negocios forestales y agrícolas que se apropiaron del territorio mapuche.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
