El miércoles 18 de marzo por la madrugada, ocurrió una fuga masiva de 84 presos en el retén San Carlos, estado Zulia. El operativo de recaptura se saldó con 13 asesinados por el CICPC. Las autoridades reportaron inicialmente 35 “neutralizados”, lo que generó confusión en torno a la cifra. Este hecho se inscribe dentro del impacto en las cárceles de la contingencia mundial generada por el Covid-19 y el carácter represivo e inhumano del descompuesto régimen venezolano.

La población presidiaria es una de las más vulnerables al Covid-19 a nivel mundial, debido a las condiciones de hacinamiento y precariedad en las que se encuentra. Recientemente la OMS emitió una declaración recomendando a los Estados “buscar alternativas a la privación de libertad” frente a la pandemia, con el propósito de disminuir el contagio entre reclusos a mínimos.

Algunos países ya han empezado a tomar medidas en ese sentido: Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia, ha otorgado libertad temporal a más de 85mil presos; Estados Unidos, a más de mil. Resultado de las medidas de aislamiento social, en Brasil se han presentado fugas masivas de hasta mil reclusos. En Chile y España hay intentos de fuga. En Italia y Colombia se han producido sangrientos motines en numerosas cárceles, con un saldo de decenas de muertos.

En Venezuela, la situación de los más de 57.000 reclusos que conforman la población carcelaria es más dramática, producto de la catástrofe social que ya arrastra el país. Los calabozos policiales, que no son centros de reclusión ni tienen las condiciones para tal función, sino que deben ser lugares de detención temporal, donde las personas no pasen más de unos pocos días, hace años que funcionan como cárceles y se encuentran, al igual que estas, abarrotadas, entre 300% y 205% por encima de su capacidad, según ONGs.

Miles son presos sin juicio ni condena, producto del retardo procesal de un sistema judicial hecho corrupto y descompuesto, hecho a la medida de los que tienen mucha plata e influencia en los ámbitos del poder económico y del Estado. Las cárceles están llenas de pobres, con o sin responsabilidad en delitos. El sistema “de justicia” funciona como una fábrica de “delincuentes” entre los pobres que no quisieron o no tuvieron como pagar la extorsión del policía, o la cuota que pide el fiscal o el juez.

Los reos dependen enormemente de sus familiares para acceder a la comida diaria, medicina y casi todo lo esencial, ya que la comida que se da en los penales es extremadamente pobre, lo que ha disparado la desnutrición en las mismas. Ante la ausencia de atención médica y las condiciones sanitarias paupérrimas, proliferan fuertes brotes de tuberculosis, hepatitis o VIH-sida, que han ocasionado un aumento considerable de la mortalidad por estas causas en los últimos años: la tendencia indica que en las prisiones venezolanas las muertes por enfermedades curables pasan a ser mayores que las producidas por situaciones de violencia.

En un país donde escasean tapabocas, guantes, alcohol o agua y jabón hasta para los trabajadores de la salud y pacientes, no puede esperarse menos de las cárceles. Por todo esto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera a la población de reclusos “en extrema vulnerabilidad ante el Covid-19”.

Lejos de atender esta grave situación sanitaria, el Gobierno ha restringido las visitas desde la confirmación de los primeros casos de covid-19 en el país el viernes 13 de marzo, a pesarde la fuerte necesidad de las mismas de parte de los reclusos para sobrevivir, además del duro impacto emocional que genera el aislamiento de los seres queridos en esas condiciones.

Es muy probable que el impacto de estas medidas haya precipitado la fuga masiva del 18 de marzo, en un penal del estado del país más castigado por la catástrofe económico-social. Rápidamente, las fuerzas del Estado se desplegaron en la zona. El jefe de la “Región Estratégica de Defensa Integral” (REDI), Ovidio Delgado, declaró que habían sido recapturados 5 reos y “neutralizado” a 35. Más tarde, el gobernador Omar Prieto “aclaró” que eran 10 los “neutralizados” y 4 los recapturados. En días posteriores, se detuvo también a seis funcionarios del penal, acusados de complicidad en la evasión. Al momento de escribir esta nota, la cifra oficial asciende a 13 asesinados y 6 capturados, permaneciendo prófugos 65.

Los reclusos asesinados fueron presentados como “abatidos en enfrentamiento”, pero de parte del Estado esto no tiene credibilidad alguna, cuando los miles de jóvenes de los barrios que son ejecutados extrajudicialmente en los operativos policiales de exterminio, con el objetivo de infundir terror en la población más golpeada por la catástrofe, también son presentados como “abatidos en enfrentamiento”.
Tampoco es la primera vez que se masacra a la población penitenciaria, en la última década, cientos de reclusos han perdido la vida en más de una decena de funestos episodios como las masacres de la Cárcel de Amazonas, de la Comandancia de Valencia, de la Cárcel de Uribana o del Internado Judicial de Acarigua.

En todas, el Estado es responsable, no solo de las condiciones de hacinamiento y precariedad y su estrecha colaboración con bandas que operan dentro de los penales, con las que funcionarios lucran protegiendo y suministrando armamento, sino por su respuesta asesina y alevosa, continuando así con la tradición de masacres del puntofijismo, a la que el chavismo prometió poner fin.

Estas son las condiciones en las que se encuentra la población carcelaria, conformada por una mayoría aplastante de habitantes de los sectores populares, trabajadores y campesinos. Miles siguen esperando un juicio, privados de derechos elementales cuando ni siquiera se ha comprobado su culpabilidad. Muchos se encuentran en prisión por la arbitrariedad de un funcionario estatal. Otros muchos lo están por protestar por las condiciones de vida que les han sido arrebatadas. Otros son víctimas de montajes judiciales, como es el caso de Rodney Álvarez y otros presos políticos obreros.

Ya en Venezuela arrastramos una crisis carcelaria importante en la que han perdido la vida miles de reclusos, el impacto de la emergencia por el Covid-19 podría empeorar esta situación, produciendo nuevos motines, como ya está ocurriendo en varios países del mundo.

Por los presos de origen popular, la oposición no dice ni pío, mientras esto ocurre, están desplegando una intensa campaña por la liberación de –solo–sus presos políticos, con la ayuda de denuncias de supuestos “infectados de Covid-19” en los centros de reclusión donde se encuentran, impulsada por grandes medios de comunicación internacionales y cuentas bots en Twitter. Para ellos hay presos de dos categorías y solo los suyos están en riesgo, aunque muchos estén en condiciones mucho mejores a las de los presos comunes.

Está claro que de apoderarse del aparato estatal como tanto anhelan, serían fieles continuadores de las masacres penitenciarias, las ejecuciones extrajudiciales y de los mismos brutales e inhumanos métodos de control sobre las masas. Como ocurre en la vecina Colombia, su régimen aliado y plataforma política, donde la población penitenciaria y la juventud reciben el mismo trato carnicero de parte del Estado.

Es necesario tomar acción inmediata ante la emergencia, deben ser liberados todos los presos por luchar y protestar. Con respecto a los presos comunes, se debe seguir en lo inmediato al menos las recomendaciones básicas de la OMS, colocar en libertad temporal o prisión domiciliaria todos los acusados por delitos menores, con condenas por vencerse, condiciones médicas y de edad avanzada. Medidas que ya se han visto obligado a tomarla incluso un régimen represivo teocrático como Irán. Mientras tanto, la camarilla militar que gobierna Venezuela insiste en el exterminio.

Así, mientras el Covid-19 aún no se cobra ninguna víctima mortal en el país ni se ha contagiado ningún recluso –o por lo menos eso dicen las cifras oficiales–, ya la política de exterminio del gobierno mató a más de una decena. En 2019 fueron 5.200 las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. En Venezuela el gobierno toma medidas frente a un virus “importado” que mata ancianos, pero es el arquitecto de una epidemia nacional que mata jóvenes todos los días. Depende de los trabajadores, las mujeres y la juventud derribar este régimen social y su Estado que empuja a la humanidad a la precariedad y a la muerte, y que ha convertido al mundo entero en una gigantesca cárcel.

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