Por medio de un comunicado los Comités 12 de Marzo, 7 de Abril, Ecuachilep y Unión Progreso de Antofagasta, decenas de pobladores hacen un llamado a la solidaridad y denuncian que cientos de familias se encuentran en situación de riesgo.
Jueves 1ro de febrero de 2018
Este miércoles 31 de enero se cumplió el plazo para que alrededor de 90 familias de diferentes comités del Macrocampamento Balmaceda hagan abandono del lugar y sean trasladadas a la población La Chimba, de la ciudad de Antofagasta. El motivo del desalojo, según el Gobierno Regional de Antofagasta, se debe a que las familias se encuentran viviendo en un lugar cercano a una torre de alta tensión, lo que podría generar un riesgo para sus vidas.
Ante esto, los pobladores dicen entender el peligro que podría significar el lugar donde habitan, pero consideran que "las opciones definidas por el Gobierno para trasladarnos no han contado con nuestra participación en las decisiones, considerado el parecer de nuestros vecinos, ni tampoco se hacen cargo de las más de 900 familias que vivimos en diversas situaciones de riesgo en los campamentos de Antofagasta", hace tres, cinco o 10 años, según afirman los pobladores.
Mediante un comunicado las y los pobladores exigen participación en la toma de decisiones: "Es por eso que hemos presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el que ha sido admitido y a través del cual pedimos que no se vulneren nuestros derechos o al menos se escuche nuestro parecer. Lo que queremos es participar de las decisiones y buscar alternativas conjuntas y participativas para vivir en zonas que no tengan riesgos, pero en base a criterios y lugares consensuados. ¿O es que acaso no podemos participar de las decisiones que nos afectan directamente?".
Al ser notificados del desalojo los pobladores interpusieron un recurso de protección para que la medida, con plazo final este 31 de enero, no se llevase adelante. Días previos "se pidió una orden de no innovar, que implica que esta acción (desalojo) no se ejecute mientras no se resuelva por parte de la Corte de Apelaciones el conflicto que hay de fondo. Respecto a eso la Corte de Apelaciones no acogió la orden de no innovar", asegura Nolvia Collao, integrante de Corporación Migracción. Sin embargo, presentaron un recurso de reposición con los argumentos que justifican la petición de no proceder con la medida que se realizaría este miércoles, lo que podría extender el plazo.
Se extiende el plazo del desalojo a más tardar este sábado
Durante el transcurso del 31 de enero el Seremi del Gobierno Regional, Víctor Flores, confirmó que 42 familias ya fueron trasladadas al nuevo sector de La Chimba, sin embargo, son decenas de personas las que no quieren irse del campamento Balmaceda. En este sentido, la autoridad aseguró que quedan pocos días para que más familias se sumen al traslado: "El plazo es hasta el viernes o sábado a más tardar, previa revisión de los requisitos los vamos a agregar a un cuarto y último traslado".
De acuerdo a lo informado por SoyAntofagasta, Flores aseguró que la población La Chimba, y el sector donde vivirían los pobladores, cumple con las características para que las familias estén en "condiciones dignas": "Y qué mejor que vivir en un lugar que no está en riesgo, un lugar donde usted no lo está ocupando ilegalmente, sino que lo está ocupando previa a firma de contrato de comodato con el gobierno donde va a poder estar tranquilo, pagar sus consumos como lo hace cualquier ciudadano en cualquier parte del país que está viviendo de manera regular, y además seguir el camino para la postulación a la vivienda", manifestó el jefe de cartera.
Según Flores el traslado a la población sería más digno que "estar en una toma ilegal, robando agua, hurtando energía eléctrica, conectados de manera clandestina al alcantarillado; y, lo más importante, viviendo en una situación de riesgo que no solo los afecta a los adultos, sino también a los niños", afirmó la autoridad.
En contraposición a lo que plantea Flores, los pobladores consideran que "no se puede considerar transitorio un barrio que implica una estadía de al menos cinco años, condicionado al avance de la construcción de viviendas sociales y con un cambio de gobierno que no sabemos qué trato dará a los campamentos", afirman.
Otros motivos para no querer trasladarse son que "la resolución de desalojo es de 2016 y recién dos años después se la invoca e informa a las vecinas y vecinos para hacerla efectiva; porque el traslado supone mayor lejanía con nuestros puestos de trabajo, estudio de nuestros hijos/as y vinculación comunitaria; porque consideramos que las condiciones del barrio transitorio no entregan las garantías de habitabilidad mínimas; porque nos sentimos pasados a llevar en un proceso que no ha sido del todo transparente y que más bien busca cumplir una meta del Gobierno Regional; y porque consideramos una discriminación arbitraria que el Gobierno Regional defina nuestra salida por motivos de riesgo, cuando hay al menos 900 familias en situaciones de riesgo (eléctrico, por remoción de tierra, aluvional, etc.)", concluyen los pobladores.
Por último, los pobladores hacen un llamado "enérgico a todas las personas, organizaciones de pobladores, estudiantes, trabajadores/as y sociedad en general, tanto a nivel local y nacional, a que solidaricen con nuestra causa, la difundan en sus redes, envíen videos y saludos, participen de las actividades que realizaremos, firmen este comunicado o envíen los suyos propios en apoyo. En otras palabras, que nos apoyen con acciones que tengan por objetivo dar a conocer nuestra situación y generar una salida digna y en donde las pobladoras y pobladores podamos participar directa y activamente en las decisiones que nos afectan y en nuestro derecho a la vivienda digna y adecuada".
Por el derecho a la vivienda digna y garantizada por el Estado. ¡No más negocio de las empresas inmobiliarias!
Respecto a este conflicto la ex candidata a diputada por Antofagasta, profesora e integrante de la agrupación de docentes Nuestra Clase, Galia Aguilera, considera "preocupante esta situación y creo que es un problema estructural que ha sido ignorado por los gobiernos y el Estado. La vivienda es un derecho que debería ser garantizado por el Estado, de acceso universal, gratuito, y dejar de ser un negocio millonario para las inmobiliarias, o una condena para miles de familias que pasan toda su existencia endeudadas, hacinadas, viviendo de allegados", denuncia la profesional.
"Durante la dictadura se privatizó el derecho a la vivienda, como todos nuestros derechos en verdad, y se redujo de manera considerable la cantidad de viviendas creadas por el Estado. Actualmente, las empresas inmobiliarias se han llevado miles de millones a costa del esfuerzo de las familias trabajadoras y también del brutal endeudamiento. Que el Estado se haga cargo y si es necesario más financiamiento para dar soluciones reales, entonces que se cobren impuestos a las empresas inmobiliarias, a los empresarios de ese sector que tanto se han enriquecido, y que se responda a las problemáticas del pueblo trabajador", concluye Aguilera.
Video realizado por Antofagasta TV:
