La Sedena pretende instalar una base militar, cuyo propósito es resguardar un territorio concesionado para megaproyectos.
Miércoles 29 de marzo de 2017
Foto: Twitter
Mediante un comunicado del 23 de marzo, la Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (R.E.D.T.) dio a conocer que el pasado 5 de marzo la autoridad municipal de San Mateo Macuilxóchitl, Oaxaca (comunidad que compone el distrito de Tlacolula de Matamoros), convocó a una asamblea donde explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha estado presionando para que se le donen 34 hectáreas comunales cerca de la colindancia con San Juan Guelavia.
El interés de la Sedena tiene que ver con la construcción de una base militar en esa zona, que incluiría un hospital de especialidades para militares sin acceso para la población de San Mateo. La R.E.D.T. cuenta que esa base albergaría a 5000 militares, un número mayor al de los pobladores de San Mateo Macuilxóchitl, que es de 2600.
La Sedena no sólo se acercó a esa comunidad, en Teotitlán del Valle también solicitó la donación de 300 hectáreas del territorio para la construcción de la base militar. En ambas comunidades, los pobladores rechazaron la donación o venta de la propiedad comunal.
Después de esa negativa, en Tlacolula de Matamoros se notó la presencia de representantes de la Secretaría General de Gobierno (Segego), que en reunión sólo con ejidatarios, ofreció grandes cantidades de dinero para la compra de sus terrenos.
Los turbios intereses de la Sedena
Se tiene conocimiento de 344 títulos de concesión minera por parte de la Secretaría de Economía en el estado de Oaxaca. La R.E.D.T. informó que en el distrito de Tlacolula hay 39 concesiones mineras así como otras 7 que por su colindancia forman parte también del distrito; además, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto “Ixtepec-Yautepec Morelos”.
Eso explica el que el Estado pretenda asegurar ese territorio concesionado a través de la militarización, y así proteger los intereses de las empresas mineras. Tal número de concesiones en Tlacolula representarían una amenaza para la población, mayoritariamente zapoteca, que vería mermado el acceso y calidad de agua por la gran cantidad de líquido que necesita la minería para ser llevada a cabo y de paso la contaminación del mismo.
Las comunidades donde se instalan megaproyectos deben enfrentar el despojo, la militarización, la persecución y la represión. Las comunidades zapotecas han dejado claro que no pretenden donar o vender los terrenos y declararon: "si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro".
La militarización en México, acompañada de la ola de violencia con el saldo de cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, más que un combate entre el narco y el ejército, ha demostrado que la presencia de los militares en las calles es funcional para hacerse de recursos estratégicos y territorios a través del uso de la represión, y las beneficiadas son las empresas nacionales y las extranjeras.
