Jorge Abbott, en medio de un estado de emergencia y crisis sanitaria, está ocupado persiguiendo pobres con los militares en las calles. Para los pobres pide mano dura, no para los políticos del régimen, quienes eran lanzados al despeñadero con las investigaciones por corrupción. Sin embargo, hay ejemplos de resistencia para que esta crisis la paguen quienes la generaron.
Javiera Márquez Santiago de Chile
Sábado 20 de junio de 2020
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, fue enfático en que iban a perseguir a quienes quebranten las normas sanitarias señalando que “nos hemos encontrado con personas que son detenidas varias veces y es necesario ir endureciendo la respuesta penal”.
En ese sentido, Abbott criminalizó dos conductas como las más graves: “aquellas personas que sabiendo que están contagiadas salen (...) y, por otro lado, aquellos empresarios que lucran con la infracción de este tipo de medidas".
"La situación hace más posible, probable, que personas tienden a aprovecharse de estas situaciones para lucrar, creo que hoy se abre más oportunidades. Para nosotros la corrupción, especialmente en estos tiempos, es francamente muy reprochable. Son recursos que se restan a personas que sí lo necesitan para resguardar su salud".
"Vamos a tener en absoluta consideración la situación personal. Será distinta la respuesta para quien tiene recursos para pagar las 200 UTM que hoy día se fijan como multa. Si es posible, la vamos a aplicar. O a quienes merezcan una pena de presidio también lo vamos a aplicar".
Pero ¿Se puede confiar en las recomendaciones de criterio que hace Abbott a los fiscales? Considerando que con Iván Moreira pudo llegar a un acuerdo económico mientras se le ve tan enérgico exigiendo cárcel o trabajo forzado para los pobres, confianza no es lo que inspira.
La prensa norteamericana lo dice: la culpa no es de la gente. Pobreza, hacinamiento y trabajo informal, no hay sustento económico para respetar cuarentena
Bloomerg, un medio estadounidense especializado en finanzas, publicó una columna de opinión donde analizaban las condiciones estructurales que llevaron a Chile a encabezar los peores resultados en la lucha contra el Covid-19, donde destacaron la desconexión de élite política y la mayoría del pueblo, situación que ya había estallado en una crisis social a fines de 2019.
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De acuerdo con el prestigioso medio, “Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas sólo para darse cuenta, una vez más, que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, un eco de la desconexión entre el Gobierno y la nación del año pasado, cuando el incremento del Metro llevó a masivos disturbios".
Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel señaló que "el compromiso del Gobierno ha sido fundamentalmente poder tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de la población, sobre la base de las recomendaciones de los organismos especializados y sobre la base de la ciencia".
Sin embargo, la primera medida del gobierno fue el Estado de Emergencia. En tanto, las autoridades sanitarias, el ex ministro Jaime Mañalich y la subsecretaria de salud, Paula Daza, declararon una política de inmunidad de rebaño, con la que impulsaron una nueva normalidad y distintas maniobras para no detener los sectores no esenciales: Por otra parte, los políticos del régimen aprobaron leyes que facilitaron despidos y suspensiones, que empujan a muchas personas al trabajo informal en las calles. Ellos son los criminales, responsables de los récords de muertos y contagiados.
Desechan una generación, endeudando a una nueva generación de trabajadores
El bono considerado en el acuerdo nacional cubrirá sólo a un tercio de la población y representa menos del 20% del total del paquete económico. El grueso de los millonarios fondos ascienden a US$12.000 millones de dólares, e irán en rescate a empresas, a través de una serie de mecanismos. Estos recursos saldrán de la deuda estatal.
El país contraerá una deuda del 27% actual al 43% del PIB en 2022, lo que implicará solo en intereses de deuda anual, pasar de US$2.500 millones este año a US$4.500 millones en 2024.
Condenan a nuevas generaciones, cuando todavía están desechando a quienes mueren en la decadencia de la salud pública o con la miseria de sus pensiones, los ancianos, los familiares de los detenidos desaparecidos, los testigos directos de cómo moldearon su oasis los Chicagoboys, las fortunas que se amasaron al calor del golpe de Estado. A su vez, mantienen miles de presos políticos en las cárceles y permanecen en impunidad los violadores de derechos humanos
Por otro lado, destinan principalmente los fondos de pensiones a 6 grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile: Luksic, Said, Saieh, Yarur, Matte y Solari. Varios relacionados con corrupción
Según un estudio de la Fundación Sol: ”Al 28 de febrero de 2020, los fondos de pensión que administran las AFP alcanzaron el monto de US$195.130 millones de dólares, lo que equivale a 80,7% del PIB de Chile. La investigación que analiza el destino de US$102.240 millones equivalentes al 52,4% del total de los fondos correspondientes a la inversión de los fondos de pensiones en instituciones que operan en el territorio nacional (sean de matriz nacionales o extranjeras)".
Al observar los Grandes Grupos Económicos de capitales nacionales, se obtiene que el Grupo Luksic es el que recibe la mayor cantidad de inversiones desde los fondos de pensiones, alcanzando los US$7.877 millones de dólares, lo que equivale a un 4,1% del total de fondos de pensiones administrados por las AFP. Al mismo tiempo, este grupo acumula un 18,2% de la inversión de los fondos en Grupos Económicos de Matriz Nacional. Este grupo ha estado vinculado a una serie de episodios reñidos con la ley, como el caso de las empresas "zombies”.
Abbott desde el Ministerio Público asegura la estabilidad para los cuórum de un congreso, que ha cuidado las ganancias de los súperricos delante de los ojos de todo Chile, mientras se mantienen impunes los delitos de cuello y corbata y la violaciones a los derechos humanos, dándoles oxígeno a quienes son responsables políticos de la crisis social, económica y sanitaria.
Parlamentarios del Partido Socialista presentaron un recurso al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional el aumento de las penas, pero es absolutamente estéril, conociendo la trayectoria de dicha institución antidemocrática.
Organizar la resistencia: Dar respuestas de fondo a problemas estructurales
Cabe destacar, los ejemplos de lucha y organización que se viene gestando en Antofagasta, donde crecen de forma exponencial los contagios y donde los Luksic han amasado su fortuna a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
En el Comité de Salud y Seguridad del Hospital Barros Luco en Santiago, han tomado el ejemplo de Antofagasta y convocan para el próximo lunes a un encuentro regional virtual por ¡Pan, Salud y Trabajo! En la perspectiva de tomar en las manos de los propios trabajadores y del pueblo la autoorganización, para afrontar la crisis y hacer que la paguen quienes la generaron.
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Javiera Márquez
Periodista
