Sebastián Piñera, designó a su ex ministro de Defensa, Alberto Espina, como abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado; un cargo inamovible, que se ejerce hasta los 75 años, este nombramiento, que fue tildado como “una retribución de la lealtad política” y también se le criticó por la falta de competencias técnicas y de politización de la designación, por parte de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en una carta abierta dirigida al gobierno.
Domingo Lara Biólogo Ambiental
Domingo 8 de noviembre de 2020
El ex Ministro Espina, con este cargo inamovible mantendrá un sueldo superior a los ocho millones de pesos, y así continuar luego de más de 30 años de sueldos millonarios a costa de las arcas del Estado.
Es importante señalar que, durante su gestión en el ministerio, donde estuvo hasta julio pasado, Espina, fue un personaje central para la tesis de la intervención extranjera en el estallido social, quien hizo llegar el polémico, por no decir ridículo, informe elaborado por la Dirección de Inteligencia del Ejército. En este informe se aseguraba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), había logrado introducir en Chile "un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana", entre otros datos de inteligencia, que eran a todas luces totalmente inverosímiles, mostrando la total desesperación del gobierno frente al descontento popular.
Pero esto no es todo el actual rol del CDE está lejos de ser imparcial, más bien de lo que se trata es "asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales.
Pero la justicia no defiende a todos por igual, así se expresa en las múltiples causas donde los fraudes millonarios reciben millonarios perdonazos, mientras que en las cárceles sin juicios justos y con total arbitrariedad se mantienen cientos de presos políticos de la revuelta, por ejemplo a un año del 18 de octubre el CDE ha interpuesto apenas 18 querellas criminales en contra de aquellos efectivos policiales y militares que, de acuerdo al avance de las investigaciones penales a cargo del Ministerio Público, aparecen como responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto de las movilizaciones“ de cientos de denuncias, mientras que su actuación es muy distinta frente a hechos menos graves como el daño menor a infraestructura en el marco de las protestas.
En el marco del actual proceso constituyente es urgente terminar con todos los privilegios del actual sistema judicial, terminar ya con los sueldos millonarios, que todos los altos cargos públicos sean decididos por elección popular y tengan sueldos iguales a los de un trabajador calificado, que además puedan ser revocables.
Pero para terminar con este sistema de castas judiciales, es necesario impulsar una gran fuerza que con la movilización logre derrotar a este gobierno, para esto es necesario que las y los sectores estratégicos de la economía, puedan paralizar e impulsar una gran huelga general, para conquistar una asamblea constituyente libre y soberana y así poder terminar con las trampas del actual proceso constituyente, y terminar con esta casta de políticos millonarios.
