El pasado 10 de septiembre, la legislatura bonaerense aprobó el proyecto de ley presentado por la diputada del Frente para la Victoria Alicia Sánchez, por el que los jardines comunitarios pasan a formar parte del sistema educativo formal, integrándose al Nivel Inicial. ¿Qué significa esto? El nivel inicial constantemente vive postergado. En la provincia de Buenos Aires –y a nivel nacional- no existen suficientes jardines maternales e infantiles para cubrir las necesidades de la población, lo que genera desigualdad desde la primera infancia. Ya que solo logran acceder a los mismos las familias que invierten gran parte de su sueldo en sostener la educación de sus hijos/as.
Sábado 20 de septiembre de 2014
Según Sánchez, esposa del ultrakirchnerista Luis D’Elía, en la provincia hay 70 mil chicos de entre 45 días y 5 años que asisten a jardines comunitarios. Pero en Educación no tienen estadísticas ni datos oficiales. El proyecto de Sánchez, apoyado por los demás diputados oficialistas, pretende emparchar las falencias de un Gobierno que se ha destacado por la poca inversión en educación, incorporando por ley espacios barriales al sistema educativo oficial.
En momentos en donde la educación es fuertemente cuestionada, la educación inicial no puede pasar desapercibida: es en la primera infancia donde se construyen las bases que le permitirán a los/as niños/as su primera socialización, comenzar a desarrollarse como sujetos, adquirir más autonomía y, entre otras cosas, evitar la repitencia, ya que se trabajan conceptos necesarios previos a la lecto-escritura, por los que tienen la posibilidad mediante el juego de probar letras, reconocer números, reconocer nociones de espacio, etc, necesario para desarrollar la escritura y la lectura.
En qué consiste
El problema de la educación inicial afecta principalmente a las familias más humildes, que son las que menos posibilidades tienen de dejar a sus hijos/as en jardines o escuelas cuando tienen que salir a trabajar, por lo que encuentran como única alternativa los jardines comunitarios. Estos espacios les brindan tranquilidad al saber que sus niños/as están cuidados, muchas veces por sus propias vecinas, quienes están a cargo como “madres cuidadoras”. En muchas ocasiones las madres cuidadoras encuentran aquí su única posibilidad de trabajo, y no cuentan con recursos ni tiempo para formarse y capacitarse en educación infantil, lo que permitiría que esta actividad fuera más cualitativa, tanto para ellas como para los más pequeños.
Los espacios de los jardines comunitarios surgieron entre las familias y las organizaciones barriales que encontraron en esto una forma de dar respuesta a la ausencia del Estado, que todos los años deja a miles de niños y niñas sin acceso a la educación formal, por no contar con presupuesto para la construcción de escuelas, dejando la solución del problema a merced de las posibilidades de cada familia.
Una forma de garantizar que la educación de los niños sea de calidad y, a su vez, las madres cuidadoras se profesionalizaran, creando un espacio educativo superador, sería a través de su formación y capacitación, experiencia que ha sido llevada a cabo en el país años atrás.
El problema de fondo, que es la poca inversión en educación del gobierno de Scioli –no muy distinto al gobierno nacional o de la Ciudad– , no se soluciona aprobando o vetando la polémica ley 79413/14, sino aumentando la inversión en infraestructura escolar. El parche que intenta hacer la ley de Sánchez es fuertemente cuestionado por docentes y familias. Uno de los puntos más polémicos es que con la nueva ley los militantes sociales serían reconocidos como docentes, aun cuando no cuenten con la capacitación adecuada para ello. El cuestionamiento principal es sobre la disyuntiva docentes/madres cuidadoras, pero en ningún medio se escuchan comentarios sobre la falta de escuelas y jardines, el deterioro de los mismos, o el escaso presupuesto educativo.
Lo cierto es que a 9 días de haberse sancionado la ley, desde Alemania Scioli había advertido que la vetaría pero al día de hoy al interior de su gobierno no se ponen de acuerdo si en promulgarla o vetarla, y postergan la cuestión para “el momento de reglamentarla”.
Mientras esta polémica atraviesa las escuelas de todo el país, el ministro de Educación de Cristina, Alberto Sileoni, brilla por su silencio.
