Caso Ayotzinapa. Policía Estatal de Guerrero asesina a estudiante normalista

La noche de este viernes, policías estatales de Guerrero dispararon contra una camioneta en la que viajaban cuatro normalistas de Ayotzinapa en el marco de la organización de distintas actividades que están llevando a cabo en coordinación con los padres de los 43 para hacer frente a la negativa del gobierno de AMLO a dialogar y que sean presentados documentos clave en la investigación de la desaparición de los estudiantes, los cuales permitirían avanzar en el deslinde de responsabilidades de altos mandos militares y esclarecer el paradero de los estudiantes.

Según informes, la policía abrió fuego contra dos de los cuatro estudiantes que pasaban por un retén en en el antiguo libramiento a Tixtla, cerca de la salida a Chilpancingo, uno de los estudiantes cayó muerto en el lugar y otro resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde supuestamente falleció horas después, cuestión sobre la que las autoridades guardan total hermetismo. Ante el repudio ocasionado por el acto, la policía de Guerrero justificó el ataque declarando que la camioneta en la que se trasladaban los normalistas tenía un reporte de robo, a la vez que supuestamente "se encontraron armas, alcohol y drogas" entre las pertenencias de los estudiantes.

Ludwig Marcial Reynoso, secretario general del gobierno de Guerrero, "lamentó" los hechos y calificó la muerte del estudiante como “un evento fortuito”, ya que un elemento tenía un reporte de robo. Por ello, será la autoridad ministerial quien determine el caso y analice las pruebas periciales correspondientes.

Ante los hechos los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se trasladaron hasta las inmediaciones de la policía y realizaron protestas y cierres viales, exigiendo justicia y cuyo descontento los llevó a incendiar una camioneta policiaca. Este ataque se da en medio de un clima de criminalización por parte de López Obrador hacia los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, quienes en las últimas semanas han exigido que el Ejército libere documentos claves para esclarecer el caso, a lo que se han negado sistemáticamente los altos mandos militares, arropados por el mismo gobierno encabezado por López Obrador, quien se ha dedicado en las últimas emisiones de las conferencias mañaneras a atacar directamente a los abogados de los padres acusándolos de manipuladores y provocadores.

Ejemplo de esto son sus recientes declaraciones, implicando al abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, "con vínculos con la derecha" y la afirmación de que se reunirá con los padres solo si no se presentan con sus asesores legales. Esto mientras impulsa una campaña en redes sociales criminalizando a los normalistas que exigen justicia a 10 años del caso, y donde prima la impunidad del ejército mexicano.

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