Policías armados se enfrentaron con estudiantes dentro de la universidad. Un policía disparó en múltiples ocasiones, hiriendo de bala a un estudiante. El Gobierno del Distrito Federal y las autoridades de la UNAM respondieron con un escandaloso operativo policial que ingresó a Ciudad Universitaria (CU).
Martes 18 de noviembre de 2014
Macha y repudio a la agresión policial dentro de la UNAM - YouTube
Este pasado sábado 15 de noviembre, agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Distrito Federal y un abogado de la Unidad de Apoyo Jurídico de la UNAM se estacionaron frente al auditorio Che Guevara, ocupado desde la huelga del ‘99 en la Facultad de Filosofía y Letras, y comenzaron a tomar fotos de los compañeros que resguardan el espacio.
Frente a esto, varios estudiantes los increparon, exigiendo que se retiraran, tras lo que uno de los agentes cortó cartucho y disparó en múltiples ocasiones, hiriendo a un estudiante en la pierna izquierda, dándole también a un perro.
Decenas de estudiantes trataron de impedir que los agresores huyeran por Avenida Insurgentes. En medio de los disparos tres de los cuatro policías ministeriales huyeron en un taxi.
Tras el ataque, varias brigadas de decenas de estudiantes se desplazaron a reforzar las guardias al auditorio Che, registrando el vehículo de los agresores y encontrando credenciales que los acreditaban como agentes de la PGJ.
La policía ingresa a Ciudad Universitaria
Unas horas después, la secretaría de seguridad pública del GDF, a cargo de Jesús Rodríguez Almeida y del jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, desplegaron un escandaloso operativo policíaco de alrededor de 2.500 granaderos que cercó Ciudad Universitaria, cerraron 6 estaciones aledañas del metrobus y avanzaron sobre Ciudad Universitaria hacia el Auditorio Che Guevara, violando la autonomía universitaria.
Los estudiantes resguardados en el Che tuvieron que replegar a la policía con piedras, manteniendo guardias durante la noche y los siguientes dos días al mantenerse la presencia policiaca en las inmediaciones de la Universidad.
Las declaraciones del GDF y de José Narro Robles, rector de la UNAM, reconocieron la operación encubierta de los agentes, que se encontraban investigando el supuesto “robo de un celular el pasado 12 de noviembre”. Esto demuestra que las autoridades de la UNAM estaban enteradas del operativo, en lo que fue una violación a todas luces de la autonomía.
En el marco del llamado a “restablecer el orden” que exigen los empresarios y “mantener la calma”, que demanda el gobierno de Barak Obama, la colaboración entre las autoridades universitarias y la secretaría de seguridad pública del GDF para vigilar a los estudiantes se ha acentuado en las últimas semanas.
El domingo 16 una movilización de casi mil estudiantes recorrió el circuito universitario y concluyó en rectoría, denunciando a José Narro y el intento sistemático de Rectoría y el GDF de recuperar el auditorio, buscando la confrontación dentro de la comunidad estudiantil.
Este ataque ocurrió cuando sesionaba la Asamblea Interuniversitaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México San Lorenzo Tezonco, la cual ha sido uno de los referentes organizativos para impulsar las jornadas globales por Ayotzinapa. Desde esta asamblea se repudió el ataque, se extendió solidaridad y se denunció la intromisión de todos los niveles de gobierno dentro del movimiento estudiantil con mecanismos de infiltración y espionaje.
La Policía Federal es señalada por intentar desaparecer a dos estudiantes
El mismo sábado hubo un intento de desaparición forzada, que culminó en la detención selectiva de dos activistas juveniles, Jaqueline Selene Santana y Bryan Reyes, quienes han participado en el movimiento estudiantil desde hace muchos meses.
Policías Federales los bajaron de un microbús en Francisco del Paso y Troncoso para subirlos en autos polarizados. En la calle Lorenzo Bouturini un policía capitalino escuchó los gritos de los estudiantes alertando que estaban siendo secuestrados. La policía capitalina increpó a los federales y estos se vieron obligados a presentarlos al Ministerio Público, ante la mirada de decenas de ciudadanos que fueron testigos.
El gobierno no cedió en sus intentos de amedrentarlos y este lunes los ha enviado al Reclusorio Norte y a Santa Martha Acatitla, acusados de robar 500 pesos a los federales.
Estos hechos se presentan en el marco de un enorme fenómeno democrático que exige la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y también en medio de un aumento del funcionamiento de grupos de matones al interior de las escuelas y universidades de la capital, que buscan amedrentar y hostigar a los estudiantes organizados.
