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Red Internacional
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ABUSO POLICIAL | EDOMEX. Policía municipal involucra a joven en falso robo a Barcel

A unos cuantos días del intento de robo a un transportista, un nuevo caso de abuso policial contra jóvenes en Ecatepec.

Lunes 30 de diciembre de 2019

Iván Ernesto González Álvarez fue sustraído del patio de su domicilio con lujo de violencia el pasado 21 de diciembre. A la vez que comía con su familia, escuchó un ruido que provenía del patio, en compañía de su tío S. A salió a cerciorarse quién emitió el ruido. Segundos después, los policías entraron de manera ilegal al domicilio: sin orden judicial o autorización de los habitantes para golpear, encañonar y amenazar a Iván González, S. A y Juan Carlos Muñoz. Cabe destacar que el ruido que escucharon los residentes de la casa fue provocado por Juan Carlos Muñoz, quien saltó la barda de la casa de Iván para resguardarse, el joven también fue golpeado para ser sometido antes de subirlo a la patrulla.

La colonia donde sucedió este hecho es Adolfo Ruiz Cortinez, en el municipio de Ecatepec, Edomex, un municipio con altos índices en feminicidio, violencia, represión y abuso que ejerce la Policía contra la población, en total impunidad. Un despliegue policial con más de quince patrullas rodearon las calles norte 4 y norte 5, los vecinos de la colonia, al percatarse del abuso que cometián contra los jóvenes, se manifestaron en contra de la violencia que realizaban, sin embargo los policías prepararon sus armas, apuntaron y con un lenguaje soez intimidaron a los familiares, amigos y vecinos que intercedieron por los jóvenes agredidos. Horas después son presentados ante el Ministerio Público de Ecatepec, ubicado en Palmas 34, La Mora.

Sin comunicación con sus familiares, sin información acerca del porqué estaban detenidos. Ningún servidor público notificó a sus familiares el motivo de la detención; en el transcurso de la tarde, se enteraran que Iván González es acusado de robo a transporte de mercancías agravado, un delito penado en el Edomex con más de quince años de cárcel.

Los acusan de amagar con un arma punzocortante a un repartidor de la empresa Barcel S.A de C.V para así poder despojarlo de las cajas de mercancía que transportaba. Los policías emiten versiones falsas al asegurar que Juan Carlos Muñoz sometió con una navaja al repartidor de Barcel, mientras Iván Gónzalez pasaba las cajas de producto a un Tsuru blanco que conducía un supuesto tercer cómplice. Los elementos policiales y el repartidor de Barcel -quien seguramente es presionado por la empresa- mienten acerca del momento y lugar de la detención de Iván González y Juan Carlos Muñoz, haciendo uso de su fuerza, sus medios y de la impunidad que poseen para inculpar a dos jóvenes precarizados y habitantes de una de las colonias donde los abusos por parte de los elementos policiales están a la orden del día.

En tanto Iván González y Juan Carlos Muñoz son acusados de un delito que no cometieron, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México tiene el mayor número de investigaciones contra elementos de la Policía Estatal, más del 66 % de las carpetas son por denuncias de delitos como: cohecho, lesiones, extorsión, robo y secuestro exprés. Tan sólo en el año 2018, el Edomex tuvo 11 sentencias condenatorias para 15 policías sentenciados por diversos delitos como violaciones, homicidios y extorsiones de todo tipo, de un total de más de 5 mil 514 denuncias.

En la primera audiencia, a pesar de la evidente violencia ejercida durante la sustracción de Iván González Álvarez en su domicilio, la detención fue calificada de legal, posteriormente en la ampliación de audiencia, pese a los testimonios y certificados médicos que constatan la violencia física sufrida por parte de los policías, la Juez Susana Álvarez Marín decidió vincularlos a proceso. La fecha de la siguiente audiencia será el 24 de enero del 2020.

A la vez que políticos (como el caso de Javier Duarte), funcionarios y empresarios de todo el país operan para desfalcar estados completos -y pese a existir pruebas numerosas y confiables de su culpabilidad- son condenados con penas irónicas, jóvenes precarizados son acusados sin pruebas, violando sus derechos mínimos como la presunción de inocencia y encarcelados con el riesgo de cumplir hasta quince años de cárcel por "robar cacahuates” a una empresa que no pierde ninguna ganancia en este proceso.