Este 10 de noviembre en Lima y provincias, el pueblo peruano salió a las calles en repudio a la presidencia de Manuel Merino y a la descompuesta casta política que gobierna el país. Frente a esto, el nuevo gobierno respondió con una brutal represión policial que en Lima dejo cientos de heridos y detenidos.
Miércoles 11 de noviembre de 2020
Fotos: Luis Javier Maguiña
En la ciudad de Lima, que fue donde se desarrollaron las movilizaciones más numerosas, la policía nacional, a lo largo de la jornada de protesta desato brutales actos represivos e innumerables abusos contra los manifestantes. Estas acciones represivas dejaron varios heridos incluyendo a personas de prensa que estaban cubriendo la manifestación. También se dieron muchas detenciones de los manifestantes, para lo cual la policía infiltro a miembros del denominado grupo Terna entre quienes protestaban.
La policía nacional en todo momento se mostró muy agresiva con los manifestantes, quienes solo pretendían hacer público su descontento con el nuevo gobierno de Manuel Merino y con la descomposición del régimen político de 1993. Para ello se valieron de bombas lacrimógenas las cuales dispararon contra los que se movilizaban sin reparar en los daños que podían ocasionar, incluso en las viviendas aledañas. La policía nacional también utilizo disparos de perdigones, con lo cual arremetieron violentamente contra el pueblo movilizado violentando así su derecho fundamental a la protesta y poniendo en riesgo su vida.
Cabe mencionar que hoy en día la violencia policial y del conjunto de las fuerzas represivas, viene aumentando y cobrando nuevas víctimas. Este tipo de violencia se encuentra legalizada por la “ley del gatillo fácil "; que no es otra cosa que la carta abierta de la cual gozan las fuerzas represivas para atentar contra los civiles con total impunidad. Esta “ley del gatillo fácil” fue promulgada por Martin Vizcarra al inicio de la cuarentena y ha sido la base legal para que en lo que va de la pandemia se cometan muchos abusos de las fuerzas policiales.
Esto pone en evidencia una vez más que cualquier gobierno que se desenvuelva dentro de este régimen al servicio de los empresarios, necesita gobernar con una pistola en la mano para frenar con violencia y represión el descontento social. Esto ha quedado muy claro en lo que va de la pandemia, donde se vio como el gobierno prefiere estigmatizar y golpear al pueblo en lugar de ofrecer atención primaria de salud, testeos masivos y otras necesidades básicas y de primer orden.
Queda claro entonces que el rol de las fuerzas represivas es sostener a gobiernos pro patronales que ajustan a los trabajadores. Para ello, la policía busca dominar al pueblo con el miedo, valiéndose de las bombas lacrimógenos, los disparos de perdigones y las detenciones arbitrarias. Estas formas de actuar de las fuerzas represivas, no le dan "estabilidad" a un país o a la gran mayoría de la población, como pretenden hacernos creer desde la gran prensa, solo protegen a un reducido grupo de capitalistas que lo que hacen es cuidar sus intereses y echarle al pueblo trabajador el costo de esta y todas sus crisis.
Pero no se trata solo de los intereses de unos u otros, esto está costándonos ya muchas vidas. Hay gente muerta en los operativos policiales, asesinada en dudosas situaciones, menores abusadas y miles de atropellos contra civiles que en estos tiempos se siguen incrementando.
Frente a todo esto nos hacemos una pregunta ¿podemos parar estos abusos policiales o estamos condenados a sufrirlos siempre?
Un ejemplo reciente de cómo encarar la lucha contra la represión policial, la tenemos en las últimas protestas libradas en los Estados Unidos, donde la población logró desfinanciar algunas dependencias policiales y puso en debate la abolición de la policía. Todo esto se conquistó a través de las jornadas de lucha desatadas por el asesinato de George Floyd.
Hoy, que la población está luchando en las calles y que sufre la brutal represión, es un buen momento para cuestionar el accionar de la policía nacional y tomar acción sobre su legitimidad, para que ningún crimen perpetrado dentro y fuera del estado de emergencia por la policía y las fuerzas represivas quede impune y para que no se siga desembolsando tanto presupuesto en esas instituciones carcomidas por la descomposición del régimen en su conjunto.
