El pasado 1 de febrero se presentaron 16 ejecutivos estatales de los partidos PRI, PAN, PVEM y PRD -incluido Miguel Ángel Mancera- ante la comisión política del Senado para solicitar la aprobación acelerada de 32 cuerpos policíacos de mando único y la desaparición de las 1800 corporaciones policíacas municipales.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 3 de febrero de 2016
Los nuevos cuerpos de mando único entrarían en funcionamiento 90 días después de aprobada la reforma, desplazando a las policías municipales de las tareas de seguridad y recluyéndolas a labores administrativas sin armamento. El objetivo, plantearon, es garantizar mayor eficiencia en el enfrentamiento con el narcotráfico y una respuesta más precisa frente a casos de corrupción.
Según comentarios del gobernador de Chihuahua, César Duarte, a La Jornada, “las policías serán ahora fundamentales en las tareas de investigación”, en coordinación con las modificaciones recientes al sistema de justicia penal que dota de mayor poder y peso a las figuras policíacas durante los procesos.
Este fortalecimiento de los cuerpos represivos se enmarca en cifras escandalosas, como el hecho de que 15% de los casos investigados por la Procuraduría General de la República relacionados con desaparición de personas y que involucran al narco, son casos de desaparición forzada, es decir, tienen implicados a policías o militares. Según este medio, de los “mil 111 casos en referencia, la mitad ocurrieron en tan sólo cuatro entidades: Veracruz (188), Tamaulipas (182), Sinaloa (63) y Guerrero (95).
De la militarización del país a la militarización de la policía
Fortalecer el aparato represivo ha sido un punto central en las agendas de los últimos dos gobiernos, sin diferenciar entre el PRI tricolor y el azul conservador del PAN, iniciativas que ha secundado el PRD.
Estas iniciativas son un ejemplo de la profunda subordinación al imperialismo estadounidense, que a través de acuerdos de seguridad nacional garantiza la estabilidad de su patio trasero y la gobernabilidad necesaria para implementar las reformas estructurales.
A la militarización del país, que desplegó decenas de miles de elementos del ejército en tareas de orden público, a cargo de policías, siguió el aumento repentino de asesinatos de jóvenes (juvenicidios) en operaciones militares de investigación y combate al narco, o en fuego cruzado entre el ejército y los cárteles, cual carne de cañón. Como planteamos aquí, se estima que entre 35 000 y 45 000 policías han salido a patrullar las calles durante el gobierno de Peña Nieto.
Se incrementó 800% el feminicidio en todo el país, fenómeno que difícilmente se puede expresar sin las inocultables ligaciones entre el ejército y las redes de trata. Además, la inseguridad se disparó en todo el territorio nacional, aumentando el desplazamiento forzado por escenarios de conflicto, que supera la cifra de 250mil.
No hace falta mencionar el papel de la gendarmería en los recientes procesos de despojo de los bienes comunes en toda la República, pues desde su fundación era claro su papel para garantizar los negocios y ganancias de los magnates nacionales y extranjeros.
Y por supuesto, nadie olvida los escandalosos casos que involucraron al ejército en el asesinato y desaparición forzada de jóvenes, como los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Calera y Ostula que se mantienen en la impunidad, y donde también se presumió de la participación de la policía.
Frente al descrédito de las Fuerzas Armadas, la estrategia del régimen es militarizar la policía. De esta manera avanzan en garantizar los planes de Washington, libran por la tangente las acusaciones que hoy señalan al ejército como una de las principales instituciones que viola los Derechos Humanos y garantizan un clima hostil y represivo que criminaliza y atemoriza a la juventud, las mujeres y los trabajadores del campo y la ciudad que se organizan.
¡Por la desmilitarización del país! ¡Por la desaparición de los cuerpos represivos!
Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas consideramos que a la denuncia de las atrocidades cometidas por el ejército y la policía, hay que sumar la exigencia de juicio y castigo a los responsables de las desapariciones forzadas, el feminicidio, el juvenicidio y la violencia.
Es necesario señalar a todos los responsables directos y cómplices de estos crímenes, incluidos los partidos patronales que votan las iniciativas de militarización y mando único, o que con su silencio legitiman estas políticas represivas.
Para enfrentar la violencia es necesario un programa antiimperialista que cuestione los planes e intereses estadounidenses en el país, y que sea intransigente en denunciar a los cuerpos represivos como un pilar central del Estado burgués, especializados en garantizar las ganancias de los empresarios y de los políticos que las administran.
Exigir la disolución de todos los cuerpos represivos del estado (lo cual implica por supuesto repudiar el mando único y cualquier medida para perfeccionar el aparato represivo del estado) y cuestionar la militarización del país deben ser el primer paso en la lucha por enfrentar todos los mecanismos de la clase dominante para mantenerse como tal, principalmente su monopolio de la violencia y los cuerpos represivos del estado capitalista.
