Magisterio. Política educativa de la 4T ¿qué propone?

Una de las primeras sugerencias del documento es la necesidad de “sistematizar, documentar y realizar diagnósticos estratégicos sobre las experiencias y los efectos de la contingencia sanitaria en el sistema educativo”.

Es evidente que, para tomar decisiones respecto a la situación en la que se encuentran las alumnas y alumnos de educación básica y actuar en consecuencia, es necesario tener este diagnóstico. Lo preocupante es que esto se plantee luego de más de un año y medio de pandemia, cuando dos generaciones de estudiantes padecieron ya las consecuencias de las decisiones de las autoridades educativas.

¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se definieron mecanismos para que las y los docentes pudiéramos documentar la situación en lugar de ocultarla tras cifras de aprobación y aprovechamiento que nada tienen que ver con la realidad?

Desde el ciclo escolar 2019-2020, muchos de nosotros planteamos las consecuencias que estaba teniendo la educación a distancia y la necesidad inmediata de generar un plan al respecto. Haciendo caso omiso de esta necesidad, la SEP definió comenzar el siguiente ciclo escolar sin cambiar la estrategia: continúo con el programa Aprende en Casa y no invirtió un solo peso para dotar a docentes ni alumnos de los recursos necesarios para poder comunicarse, lo que hubiera permitido que el abandono escolar y el rezago educativo no se profundizaran tanto.

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En este mismo sentido, el documento propone “fortalecer las estrategias y acciones de inclusión social, equidad educativa y atención en y para la diversidad”, partiendo de aceptar que la falta de acceso a los recursos tecnológicos fue un factor importante en la exclusión educativa.

Para resolverlo propone “diseñar estrategias diferenciadas para: prevenir la desafiliación escolar y reintegrar a las y los estudiantes a las escuelas (…); la reinscripción a estudiantes (…); el apoyo pedagógico, el uso de modalidades flexibles y de aprendizaje acelerado; así como la realización de campañas y movilización comunitarias para el regreso a las escuelas”.

Todo esto terminará recayendo sobre las y los docentes, pues, aunque la autoridad no lo reconozca, la mayoría de estas acciones fueron parte de la labor que muchos realizamos durante el ciclo escolar, sin que fuera suficiente para resolver los problemas planteados.

Respecto a la canasta tecnológica, plantea que se deben “eliminar las barreras para la comunicación y la conectividad (…), la cual deberá ser funcional y eficiente en cualquier zona del país (…)”. Como si el problema no fuera la imposibilidad de muchos para pagar los altos costos de los servicios de internet. Nada dice sobre la necesaria gratuidad de estos servicios para poder acceder a ellos.

Por otro lado, el documento plantea que se deben “reforzar las estructuras físicas (planteles), humanas (…) y comunitarias (…) del sistema educativo”. Para ello es indispensable que se aumente sustancialmente el presupuesto educativo, pero en lugar de eso se propone solamente “adecuar los esquemas de financiamiento público (…) y avanzar hacia una mayor focalización de los programas presupuestarios existentes”.

Nosotros planteamos aquí, como una de las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales de forma segura, un plan de construcción de escuelas y contratación de personal -con plenos derechos laborales- para evitar el hacinamiento en las aulas, para lo cual es indispensable un aumento al presupuesto educativo que puede venir de dejar de pagar la deuda externa, o de imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas.

Otro de los aspectos que se menciona es la necesidad de “transformar el currículo para que responda a los desafíos de una sociedad plural y diversa.” Para ello, una de las acciones que se propone es “eliminar la sobrecarga de contenidos en planes y programas de estudio, priorizando aquellos que resultan imprescindibles para la formación integral de NNAJA”.

Reducir contenidos en los planes y programas no es nuevo, es parte de la política neoliberal en materia educativa que se impuso en nuestro país desde hace varias décadas de la mano de la OCDE. Seguir por el mismo camino y recortar los contenidos educativos implica degradar todavía más la educación pública, con miras a formar mano de obra barata mínimamente capacitada.

La educación requiere un cambio real

Las y los docentes que estamos frente a grupo y padecemos la realidad del sistema educativo sabemos que se requiere un cambio real. Éste no vendrá de las mismas instituciones que han profundizado la desigualdad, el abandono, el rezago y la degradación de la educación. Solamente puede venir de la participación democrática de las maestras y maestros, padres y madres de familia y alumnos. Es necesario que la CNTE convoque a las y los docentes de distintos niveles, a madres y padres de familia y a todas las organizaciones del sector a definir un plan de lucha unificado que pueda hacerle frente al ataque y que se plantee sentar las bases para una educación que responda a los intereses de los hijos de las y los trabajadores y el pueblo.

Necesitamos organizarnos, escuela por escuela, zona por zona, exigiendo a los delegados sindicales hacer asambleas para discutir los problemas que nos aquejan. Si no avanzamos en este sentido, las autoridades educativas seguirán imponiéndonos su agenda política que nada tiene que ver con nuestras necesidades reales.