Sergio Rojas @sergiorojas63
Jueves 25 de septiembre de 2014
Los conflictos y la resistencia a la nueva Ley de Semillas tienen una base de fundamentos cruciales para entender el avance multinacional en las economías y a los medios de subsistencia en el mundo actual.
La ley “Monsanto” de semillas trae a la Argentina políticas de patentamiento genético y monopolio de los procesos alimentarios a través de la imposición de derechos de propiedad intelectual de las semillas.
Con un mecanismo conocido como “derecho de obtentor”, inventado hace 50 años, se plantea que cualquier persona o empresa que registre como propios los datos genéticos de una planta luego de generar algún tipo de manipulación en las mismas, pasaría a ser dueño de ella y a cobrar un canon por su uso. Como una especie de derecho de autor, este mecanismo le vendría al pelo a la multinacional dedicada a la venta de agroquímicos y semillas para expandir más sus ya multimillonarias ganancias en desmedro de productores y consumidores de todo tipo.
El denominado “derecho de obtentor” limita el uso, manejo y distribución de las semillas patentadas en el Registro Nacional de Semillas exclusivamente al titular de dicha patente, generando así un monopolio absoluto a favor de la multinacional, como así también la ilegalidad de todo aquel que guarde para futuras siembras las semillas obtenidas de su cosecha (ya que también tendrían el mismo material genético).
En el caso de la pretendida Ley de Semillas, también se plantea que solo se podrán comercializar semillas registradas, lo que deja en evidencia la intención de borrar del mapa todo tipo de producción que no forme parte del manejo multinacional. Además, el proyecto de ley plantea la ampliación de la normativa internacional de la UPOV (Unión Internacional Para las Obtenciones Vegetales) que ya rige en países como Alemania y Estados Unidos con normativas estrictas en cuanto al pago de cánones al uso de variedades registradas y políticas de obtención de patentes a empresas multinacionales.
El gobierno nacional -de la mano de la empresa Monsanto- intenta aprobar esta ley como un aliciente más para los señores del agronegocio, que desde la incorporación de la soja RR en el campo argentino produjeron daños irreparables en las poblaciones rurales regadas con glifosato desde aviones y productores que vieron morir sus siembras a raíz de la química del roundup y la imposibilidad de competir con los grandes pooles sojeros. La empresa hoy presenta su nueva semilla RR intacta que sería comercializada solamente por Monsanto, Nidera, Asociados Don Mario S. A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad vinculada a Coninagro. Entre las dos primeras, concentran el 80 por ciento del mercado de semillas. También puede participar la empresa Asgrow, que es propiedad de Monsanto, cerrando así el circuito económico en este
Las semillas en pocas manos
En el país existen aproximadamente 800 pymes que se dedican a multiplicar semillas como subsidiarias . Pero con el nuevo esquema propuesto por la multinacional, sólo unos pocos de estos podrán comercializarla y en el caso de los productores no alineados a estas empresas quedaran totalmente afuera.
El proyecto de Ley de Semillas fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por 20 años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de 25 años. Además, crea un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente, y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la legislación, considerándolos, además, delitos penales.
Esta ley forma parte de un sistema que transforma los alimentos en mercancías y a los bienes comunes de la humanidad en simples productos comerciales, dejando en el camino el real sentido de la producción agropecuaria como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad.
