Iglesia y abusos sexuales. Políticos y sacerdotes: expertos en exonerar y encubrir pederastas

Los Legionarios de Cristo, La Gran Familia y Casitas del Sur son tan sólo algunos de los casos en donde se ha demostrado que la Iglesia Católica y el Estado están ultra-vinculados cuando se habla de trata infantil y abuso sexual a menores.

La Congregación de los Legionarios de Cristo fue fundada en 1941 por el sacerdote Marcial Maciel, a quién se le denunció como abusador sexual de menores desde 1997, aunque los abusos a estudiantes, miembros de la congregación e incluso a sus hijos, se reportan desde muchos años antes.

Después de varios años de que la iglesia católica mexicana ocultara los hechos y relegara el caso al Vaticano, el papa en turno ordenó que Maciel se retirara, y así evadió completamente cualquier juicio en México, dedicándose únicamente a una “vida de oración”.

La Gran Familia fue el nombre de una casa hogar ubicado en Zamora, Michoacán que era administrado por Rosa del Carmen Verduzco “Mamá Rosa”, albergue que obtuvo premios por su labor de parte del ex presidente Felipe Calderón; pero en 2014 salió a la luz que los niños habían sido abusados, maltratados, explotados pidiendo limosna y que vivían en condiciones de precariedad.

Casitas del Sur fue una casa hogar que tenía nexos con la Iglesia Cristiana Restaurada y mantenían una red de trata de menores, fue descubierto en 2008 después de que una abuela fuera a recuperar a su nieta y el albergue le dijera que no se encontraba ahí.

Estos sólo son algunos de los casos que se tienen registrados en México. Sin embargo, existen miles de casos en todo el mundo, de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes pederastas, y ante esto la respuesta que da el vaticano es de protección.

Los sacerdotes que han sido investigados y que incluso se ha comprobado su culpabilidad son perdonados y movidos de lugar o retirados para que no siga implicando un “escándalo” para la Iglesia Católica.

Los casos de pederastia y de trata de menores quedan totalmente impunes ya que tienen completo vínculo con los gobiernos locales y el gobierno federal o políticos con cargos altos. El Estado desvía la mirada cada vez que suceden casos como estos porque de investigar realmente saldría a la luz toda la podredumbre que existe al interior de las instituciones y los políticos que se enriquecen con el tráfico sexual.

Mientras el Vaticano y el Estado han encubierto pederastas por décadas, cínicamente criminalizan a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos, ¡Hipócritas! hablan del derecho a la vida del feto pero abusan y explotan a niños que, de por sí, han tenido una vida difícil.

Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo –por la razón que sea- o sufre de un aborto espontáneo es encarcelada, sin mencionar las miles de mujeres al año que mueren por abortos clandestinos.

Al parecer, para la iglesia es inconcebible que las mujeres decidan sobre su cuerpo o disfruten de su sexualidad; pero si es posible que los abusadores y tratantes de niños sean perdonados y vayan a casa a disfrutar de los lujos obtenidos a través de las limosnas.