En los últimos 20, 25 años diversas reformas han ido otorgándole cada vez mayor poder a los policías. La ley Nain-Retamal es una ofensiva del populismo penal para esconder los verdaderos problemas debajo de la alfombra.
Jueves 30 de marzo de 2023
Con el asesinato de la carabinera Olivares se abrió un clima reaccionario, empujado por todos los partidos y por los grandes medios de comunicación que desde el domingo saturan la opinión pública en favor de medidas represivas que diversos especialistas han denunciado como mero populismo penal.
Gracias a este clima el congreso aprueba de manera exprés leyes aberrantes, como esta Ley Nain-Retamal, que intenta dar una carta blanca al uso de las armas de fuego, eximiendo a Carabineros de responder por el uso de su arma de servicio, legalizando con ello el gatillo fácil.
Además de aumentar las penas a una serie de delitos y de otras medidas procesales en beneficio de Carabineros, y por lo tanto, en contra de la población civil, ésta ley introduce una legítima defensa privilegiada para las policías. Una iniciativa que fue bandera de la derecha más rancia del país.
Con esta ley se facilita el gatillo fácil en contra de los pobres y cualquier tipo de “hostilidad” podría justificar a las policías el poder matarnos a cualquiera de nosotros, inclusive pudiendo beneficiar a los autores de los crímenes contra Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, “indultando” en los hechos a Claudio Crespo y todas las violaciones a los DDHH por policías desde 2019.
El gobierno de Boric y los partidos de Apruebo Dignidad ceden nuevamente a la política de la derecha y la opinión pública formada por los grandes medios, más allá de los roces aparentes entre Matthei y Boric que pretendan mostrar por redes sociales o en los matinales.
Por más que los parlamentarios del PC y del FA hayan votado abstención o hayan votado en contra, el gobierno apostó por aprobar el proyecto y elevarlo al Senado, en donde desde ya son minoría, para “intentar” incorporar algunas indicaciones.
Especialistas en la materia, como el profesor Mauricio Duce señalan que “la probabilidad que tienen estas leyes de efectivamente resolver los problemas de seguridad es bajísima o muy marginal, porque no se está haciendo cargo de los problemas de fondo”.
Y continúa, “si pretenden hacer que nunca un carabinero pueda ser responsable por ocupar un arma de fuego, es una irresponsabilidad que no existe en ningún estado de derecho civilizado, porque junto con el poder, tiene que haber algún tipo de control”.
Denuncia el mismo Duce que “de manera consistente en los últimos 20, 25 años, prácticamente desde que se aprobó la reforma procesal penal, es que diversas reformas que han ido otorgándole cada vez mayor poder a los policías, y menores capacidades de control a los jueces”
Amnistía Internacional, por su parte, también señalaron que “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho”.
“En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya ha habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías”.
Ejemplos internacionales han demostrado la inutilidad de estas medidas, en Estados Unidos solo han redundado en una mayor letalidad, sin que con eso se reduzca para nada la criminalidad
La cosa en simple es que este gobierno promueve este privilegio para que los pacos estén por sobre la ley, garantizando así la impunidad de sus crímenes.
Este populismo penal esconde bajo la alfombra los verdaderos problemas de los trabajadores y el pueblo. No busca atacar las causas sociales ni la miseria y pobreza, que ha aumentado los últimos tres años, se ocultan los problemas de fondo que llevan a la descomposición social que va desde la crisis de educación, la carestía de la vida y la inflación, los sueldos miserables, la cesantía, etc.
Hablar de seguridad en serio, es hablar de no tener que vivir de forma miserable y dejar de exigir un garrote para que sean los mismos de siempre los que queden impunes. La izquierda debe volver a reponer estos debates.
Es urgente volver a hablar de un plan de viviendas financiado por el impuesto a las grandes fortunas, de salarios, educación gratuita y de calidad, de un sistema de salud que aborde el consumo problemático de drogas de miles de jóvenes y de salud mental, etc.
Es por esto que esta ley debe ser rechazada y repudiada por todas las organizaciones, sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles, de mujeres y por la izquierda, porque estas son las leyes que después van a ser ocupadas en contra de nosotros.
