Gobierno de AMLO cancela 14 encuestas y descarga la “austeridad republicana” sobre los trabajadores, el recorte afecta a encuestas que son decisivas para conocer acciones de su gobierno.
Viernes 25 de enero de 2019
La política de “Austeridad Republicana” de AMLO ha alcanzado a los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya que para este periodo la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto de 12 mil 129.6 millones de pesos, una baja muy importante si se toma en cuenta que el presupuesto era de 17 mil millones de pesos.
Al darse esta baja en el nivel de recursos en 500 millones, los primeros en pagar las consecuencias serán los trabajadores como ha venido sucediendo en otros organismos de gobierno como es el caso del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o en el Sistema de Administración Tributaria entre otra (SAT).
De acuerdo con información de Milenio, el recorte implicará la reducción de remuneraciones de 68 servidores, la cancelación del seguro de separación individualizada de 8 mil 581 plazas y el de gastos médicos mayores de 12 mil 041 trabajadores.
Además de la cancelación de 14 encuestas entres las que se encuentran: la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia; la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares; Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo; Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; y la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.
Implicaciones políticas y sociales de la austeridad de AMLO
En primer lugar se pude destacar que la cancelación de 14 encuestas tendrá un impacto en la evaluación de la efectividad de las políticas públicas, una de las más alarmantes es la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, la que permitiría la evaluación de los impactos sociales de la Guardia Nacional.
Ya que esta daba información acerca de la actuación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad así como del traslado de detenidos, sin ella la documentación de posibles actos arbitrarios queda más limitada, esto lo destacó Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Además declaró que: "Están tomando la decisión de militarizar la seguridad pública porque supuestamente (las fuerzas armadas) son más confiables, pero los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) muestran que cometen más abusos".
Otra estadística cancelada que se suma al mismo problema es la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, donde la especialista señaló que:
"Quiere decir que el año en que supuestamente se va a implementar por primera vez una regulación del consumo de mariguana no habrá un instrumento para medir el resultado".
Junto con ello la nueva administración afecta a cientos de familias que perderán prestaciones básicas dejándolos en la precarización laboral, si esta política se profundiza es posible que comiencen los despidos como en las otras instituciones ya mencionadas. Aumentando la masa de desempleados que compiten por un empleo o en su defecto se ven obligados a aceptar uno que no da seguridad social, un salario digno, ni las prestaciones que establece la ley.
Esta austeridad tiene severos límites, que conducen a que la crisis económica sea descargada sobre los trabajadores como lo muestra los onerosos sueldos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aunque unos son más bajos que otros siguen siendo exorbitantes. Por ejemplo cuatro de ellos ganarán de manera anual cuatro millones 169 mil pesos, lo que es algo así como 300 mil pesos al mes, siendo que la ley establece que los funcionarios no pueden ganar más que el presidente.
Se tendría que cuestionar entonces que los jueces de la SCJN sigan manteniendo onerosos salarios al igual que sectores de la alta burocracia, sin pensar en la más mínimo en otras salidas como impuestos progresivos a las grandes fortunas, cancelación de la deuda externa, abrogación de la Reforma Energética y expropiación de sectores privatizados de Pemex bajo control de sus trabajadores, para que de ahí salgan más recursos, ¿por qué no se ha pensado en ninguna de estas medidas?
