Tras la media sanción del proyecto por el aborto legal, se reabre el debate sobre el rol de la Iglesia y su financiación. Santa Fe destina $13 millones para sostener a los sacerdotes. Hay que separar a la Iglesia del Estado.
Martes 19 de junio de 2018 14:23
Con la media sanción en diputados para el proyecto de ley que propone la despenalización y legalización del aborto en Argentina, se abrió un debate sumamente importante: en primer lugar, la vida de las mujeres, su derecho a elegir y decidir sobre sus cuerpos, una demanda histórica pero vetada por este Estado que reproduce las condiciones de opresión.
Otro eje que se discutió en la sociedad y que tiene carácter primordial en el debate, es el tema de la salud de las mujeres, ya que el aborto es un hecho y de lo que se trata es de atacar la clandestinidad del mismo.
Pero por supuesto, este tsunami verde del 13, puso en cuestión no solo el rol de los gobiernos que callan y callaron estos años frente a esta demanda, sino el papel fundamental que tiene la Iglesia para decidir sobre la vida de las mujeres. Y aquí lo elemental: el Estado, que se dice laico, subsidia año tras año a esta milenaria institución, enemiga de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como también del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la educación sexual integral en las escuelas y por supuesto la legalización del aborto.
¿No es hora ya, de que separemos a la Iglesia del Estado?
Durante los 12 años de kirchnerismo no se modificó en absoluto este esquema de financiación para la curia y cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Papa terminó de evidenciarse la estrecha alianza que mantenía el gobierno con la Iglesia.
Macri y sus diputados, a principios de año, votaron un presupuesto junto a la oposición peronista, que vuelve a priorizar el mantenimiento a la Iglesia por parte del Estado, con $130 millones, destinados a los obispos y arzobispos. Además, nacionalmente el 20% del presupuesto educativo está destinado a las instituciones de enseñanza religiosa.
En Santa Fe, los números hablan por sí solos: se destinan $13 millones al año para los “sueldos” de 26 sacerdotes. Sí, entre comillas, porque el sueldo es para el que trabaja, y en este caso esos millones son un regalo del Estado al clero. Y para la educación privada, en su mayoría dependiente de la Iglesia Católica con enseñanza religiosa, el presupuesto asciende a $7.7 millones en 2018. Además la Iglesia cuenta con ciertas exenciones impositivas, como Ganancias o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio del cual solo los curas pueden disfrutar. Y de laburar, ni hablar.
Se desnuda una vez más la hipocresía del gobierno provincial que, al igual que Cambiemos, sostiene un artículo de la dictadura para mantener a una casta parasitaria que reproduce su poder contra los derechos de las mujeres el colectivo LGTB. La muestra más clara la dio el Papa Francisco, que trató de "nazis" a las mujeres que pelean por el aborto legal.
Ya el debate por el aborto tuvo sus encontronazos y crisis que afectaron directamente al Frente Progresista de Lisfchitz y Bonfatti. El Partido Socialista que enarboló la candidatura de Luis Contigiani ahora debe hacerse cargo de que su único diputado nacional haya votado en contra de la legalización del aborto. Mas allá de que días previos a la sanción en diputados haya roto con el bloque, nadie en el armado “socialista” pudo negar que conocían la posición “anti derechos” del hombre de la Democracia Cristiana. Su alejamiento no fue casual, y fue cuestionado duramente por las organizaciones que levantan la bandera por los derechos de las mujeres, como el Frente de Izquierda. Así fue como Octavio Crivaro del PTS-FIT salió rápidamente al cruce, exigiendo que el partido que gobierna la provincia pida la renuncia de Contigiani.
Aún está por delante la pelea por la sanción definitiva de la legalización del aborto. Ya la fuerza de las mujeres para conquistarlo se expresó en las calles, y de cara al debate en el oscurantista Senado habrá que redoblarla.