La construcción del nuevo terminal portuario en pleno borde costero de Valparaíso recibió la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, siendo un duro golpe al municipio frenteamplista y a la industria turística local
Ricardo Trabajador portuario eventual despedido
Miércoles 5 de septiembre de 2018
Luego de cinco años de discusión, finalmente el SEA hizo una recomendación favorable a la construcción del proyecto, cuestión a la que se oponen una diversidad de actores sociales locales y fue bandera de lucha con la que el Pacto La Matriz impulsó la candidatura de Jorge Sharp. Esto muestra directamente los límites del proyecto de ciudad del Frente Amplio, a la vez que profundiza su ruptura con el Movimiento Valparaíso Ciudadano.
Muchos intereses en juego
A la hora de hacer uso y sacar provecho al borde costero de la ciudad, hay muchos intereses distintos que han venido poniendo su peso en la discusión sobre si ampliar o no el Terminal 2, debate que se arrastra desde que el 2013 el espigón fue concesionado a la española OHL durante el primer gobierno de Piñera. En ese entonces la oposición a su construcción la impulsó sobre todo la familia Von Appen, los magnates del Terminal 1, por ser competencia directa en la transferencia de containers, siendo acusados incluso de ocasionar que líneas de cruceros prefirieran irse a San Antonio en vez de usar el T2.
Pero el 2016 se produjo la irrupción electoral de Jorge Sharp, que se apoyaba en el Pacto La Matriz, integrada entre otros por empresarios turísticos, dirigentes vecinales, profesionales, etc., todos los cuales se oponen al proyecto y lograron detener su construcción debido al impacto medioamiental y afectación del patrimonio que ocasionaría, ocupando 13,6 hectáreas, generando contaminación de polvo en suspensión, acústica y visual, levantando enormes grúas y murallas de containers a lo largo de 700 metros de costanera. Desde el 2014 el gobierno de Bachelet comenzó a intervenir políticamente en el debate a través del Ministerio de Transportes, de la Intendencia y de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), la encargada estatal de la concesión de ambos terminales. Se declaraba a favor del T2 pero no terminó de hacerse cargo de ninguna decisión.
Todo cambiaría con el segundo gobierno de Piñera, firmemente decidido a ejecutar el proyecto de US$ 500 millones de dólares y con todos éstos actores de su parte. La aprobación del SEA, una vez ratificada por la Comisión de Evaluación Ambiental este miércoles 05, da luz verde al proyecto y le arrebata la iniciativa a Sharp, cuya única política durante todo su mandato ha consistido en desempolvar la vieja propuesta de Ley de Puertos, que restaría un impuesto a la transferencia de carga de los terminales, para que queden en la ciudad.
El problema es la empresa privada
Pero Sharp solamente menciona un aspecto del asunto, las ganancias empresariales. Tiene razón cuando declaró en El Informante de TVN que “El puerto de Valparaíso produce al año US$3.600 millones de dólares, en movimiento de carga y descarga de contenedores, y le paga a la Municipalidad de Valparaíso una patente de 64 millones de pesos al año. Tenemos ahí una gran fuente de riqueza que no le pertenece a la ciudad”. Es una industria millonaria cuyas ganancias van a solamente dos bolsillos, mientras que con un sólo día de actividad podrían construirse dos Cesfam.
Lo que no cuestiona en lo más mínimo es por qué esas ganancias se las tienen que llevan los millonarios Von Appen del T1, y la australiana IFM Investor en el T2 (luego de su traspaso desde OHL, que abandonó el proyecto a inicios del 2018). Esto es, porque ambos terminales ya están concesionados a 30 años, al igual que la inmensa mayoría de frentes de atraque del país. Y ahí radica justamente el problema, porque esa “fuente de riqueza” está en manos privadas a las que no les interesa lo más mínimo su conflicto industrial con la ciudad, y mantienen a sus trabajadores bajo una de las modalidades de trabajo más precaria, el contrato eventual, que termina turno a turno.
Dando por hecho las privatizaciones, Sharp llama ahora a respetar la institucionalidad y entrar en la fase judicial de la disputa, terminando de distanciarse con el Movimiento Valparaíso Ciudadano que lo acusa de personalista y de que el municipio está en manos del Movimiento Autonomista. Para contrarrestar esas críticas Sharp recordó una de las alternativas que otorga la Ley 19.542 (la misma que privatiza los puertos), la conformación del Consejo de Coordinación Puerto-Ciudad, a cuya primera sesión asistieron el alcalde y los Seremis de Obras Públicas, de Transportes, el Intendente, la EPV, e invitados como TPS, TCVAL, el Colegio de arquitectos, DUOC, la seremi de vivienda, la Cámara de Comercio y Turismo, etc., sin que asistiera ningún representante de los trabajadores portuarios. Tan desconectado está Sharp que ni siquiera menciona que los administradores del T2, la gerencia de TCVAL, está condicionando la entrega a los trabajadores de un bono de indemnización por haberse ido OHL a la aprobación medioambiental. Es decir, está comprando el apoyo de los trabajadores al T2 en las narices del alcalde ciudadano.
Y así, dos de los principales opositores parecen darse una vuelta en el aire y abrirse a coquetear con el apoyo al T2. La familia Von Appen, en voz del gerente de TPS Oliver Weinreich se mostró de acuerdo “con tener competencia de la buena” y “escucharlos a todos”, al tiempo que Sharp recalcó que “nos interesa que el Consejo resuelva un tema que es fundamental, que no sólo se preocupe de ver cómo se hacen las mejores infraestructuras portuarias, sino que también se preocupe de cómo el puerto aporta calidad de vida y bienestar, cómo el puerto aporta desarrollo a la ciudad”. Para ello, comenzó una mesa de diálogo con los presidentes de las principales organizaciones de trabajadores, la Cotraporchi y el Sindicato de Estibadores nº 1.
Pero el problema no está ahí tampoco, porque hay otra cosa con la cual Sharp mantiene silencio: que los trabajadores portuarios no sólo están en su mayoría agrupados en el Sindicato de Estibadores Nº1, sino que su directiva está completamente al servicio de la familia Von Appen y se dedican a disciplinar a los trabajadores, acallar cualquier crítica, mantener al puerto como rompehuelga en las movilizaciones nacionales de la Unión Portuaria y pasar lo más desapercibidos posible, siendo que los portuarios son la clave principal de la solución a este conflicto. Al alcalde parece preocuparle más cómo administrar las platas del Estado y cómo aplicar la política de seguridad de Piñera, para no perjudicar a los empresarios turísticos, que usar el municipio para apoyar mínimamente a los portuarios a sacarse de encima su directiva proempresa. Es la estrategia "ciudadana" en acción.
Una salida realista al conflicto puerto – ciudad
No puede haber ninguna solución realista al conflicto entre la industria portuaria y la ciudad bajo los parámetros empresariales. Por los puertos del litoral central se realiza la importación y exportación de toda la zona centro del país, desde el cobre, las frutas, los productos de consumo masivo, las metalúrgicas, los automóviles, el combustible, etc., ocasionando catástrofes como las que muestran en estos momentos Puchuncaví, Quinteros y Ventanas. Todo, porque los empresarios solamente encuentran dos maneras de reducir costos y ganar más: sobreexplotando a los trabajadores, y realizando las inversiones más baratas posibles, como atravesar un muelle en medio de una playa o instalar industrias en medio de zonas habitadas.
Esto no puede sino llevarnos a nuevas zonas de sacrificio y destrucción medioambiental y patrimonial. Por eso la solución no puede estar bajo las actuales condiciones, ni con impuestos ni comisiones con empresarios o con plebiscitos ciudadanos que, por más "transparentes" que sean, terminan dejando la decisión final en manos del gobierno.
La única salida es impulsar y apoyar decididamente a los trabajadores portuarios para que puedan expresarse con independencia de la familia Von Appen, sacándose de encima a sus actuales dirigentes y así puedan defender sus intereses, sus puestos de trabajo y condiciones laborales. Por ejemplo, decidir si acaso es necesario ampliar o no el T2, siendo que el puerto de Valparaíso es uno solo y tal división en dos terminales solamente contribuye a la división de los trabajadores, que deberían poder trabajar libremente en los 8 sitios de atraque.
Estatización de los puertos bajo administración de sus trabajadores
Hay que poner fin a las privatizaciones, expropiando a los Luksic, Von Appen, Matte y las transnacionales sin indemnización, estatizando todos los frentes de atraque del país y sus maquinarias y poniéndolos bajos gestión de sus trabajadores, para que sean ellos los que coordinen con las organizaciones sociales la mejor manera de que esa “fuente de riqueza” vaya en beneficio del pueblo, elaborando un Plan de Obras Púbicas que solucione los dramas de los cerros, de la salud y la educación. Porque los trabajadores portuarios realizan todas las operaciones, desde la planificación naviera hasta la coordinación con los clientes finales y los transportistas, pasando por la transferencia de carga misma en el muelle, mostrando que no son necesarios ni concesionarias, ni impuestos ni comisiones, ni ningún daño ambiental o a la población local, sino que se necesita una política que no se subordine a los empresarios y sus gobiernos como lo hace el Frente Amplio.
