Ya van 29 días de paro ilegal de los trabajadores del registro civil y las opiniones respecto de su movilización son divididas, por una parte, el gobierno y los medios de comunicación oficiales intentan boicotear el paro, por el otro, los trabajadores llaman a solidarizar con los funcionarios públicos convocando a paro nacional, pero ¿Por qué apoyarlos?
Miércoles 28 de octubre de 2015
El director del registro civil aseguró que el 53% de las oficinas estarían trabajando, tratando de dejar bien posicionado el plan de contingencia del gobierno, que se basa en rompe huelgas y una total intransigencia con los trabajadores, a lo que agregó que “los trabajadores acudan mañana a trabajar”, poniéndolos nuevamente contra quienes necesitan del servicio, sin garantizar el cumplimiento de las demandas a los trabajadores.
En el intertanto, el gobierno se tira la pelota, Valdés pide que Javiera Blanco tome las negociaciones y los usuarios se mantienen con atención deficiente, ¿Quién es el responsable de que el servicio no se esté cumpliendo?
Marcelo Díaz lo dijo bien claro: “en el servicio público no hay huelgas”, a propósito de los reemplazos que con tanto ahínco ha tratado de instalar el gobierno, en otras palabras, los rompe huelgas impiden que el método de presión se haga efectivo, son la “forma de dialogo” del gobierno, que aunque despliegue su plan de contingencia y todo, no puede contener la movilización. Su intransigencia estrecha las condiciones para el dialogo.
¿Sus demandas?
Lo que piden los trabajadores del registro civil son mejorar sus condiciones laborales y que se respete el acuerdo que se sostuvo con el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, de la entrega de un bono para reducir la brecha salarial que hasta hoy existe entre el registro civil y los otros servicios del estado. Son de los más precarios del sistema público.
Con la desaceleración económica y el costo de la vida en alza, sumado a no tener derecho a huelga, las posibilidades de trabajo y sueldo digno además de entregar servicio de calidad es casi una utopía, es como el problema de la educación; no radica en los profesores o en los estudiantes, si no en el sistema que regula la forma en la que opera.
El boicot "ciudadano"
Aun así a una parte de la población, a la que apela el gobierno y el director del registro civil, la "afectada" por la lentitud del servicio, solo le importa ver su movilización como meros usuarios, adaptándose a la idea de que atienden mal o son flojos. Lo cierto es que el gobierno debiera garantizar que el servicio funcione, cumpliendo los acuerdos con los trabajadores. Para que puedan conquistar sus demandas y asegurar un mejor servicio, es necesario apoyarlos.
El gobierno, con temor al nivel de presión que pueden llegar a ejercer los trabajadores, cierra el dialogo, reprime y boicotea su lucha; no permitirán que el ejemplo de un paro por fuera de la legalidad pueda conquistar lo que se propone.
Incluso, en redes sociales, se ha llamado a la dirigenta, Nelly Diaz, como "vieja fea" demostrando el profundo sexismo, machismo y superficialidad de la crítica. Burdos argumentos, propios de comentaristas de matinal, todos alineados en contra de los trabajadores.
Los que no tenemos derechos
Los funcionarios públicos, no tienen derecho a huelga, ni a negociar colectivamente, esto porque se rigen por el llamado Estatuto Administrativo, que dice, entre otros puntos que: “Actuar directa o indirectamente contra los intereses del Estado” y “Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, en la retención indebida de personas o bienes y actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la administración”. Este importante punto, extraído directamente desde la constitución de la Dictadura, como su equivalente para los privados, el Código Laboral, es totalmente olvidado en la reforma laboral de Bachelet.
Como es nuestro caso, siendo trabajadores de una Corporación de derecho privado, la existencia de códigos y estatutos que regulan y diferencian la forma en que los trabajadores negocian sus condiciones laborales, es algo inaceptable. Esta es una de las principales razones de por qué exigimos la negociación por rama, para tener la fuerza necesaria para conseguir condiciones de trabajo dignas y sueldos que no sean de hambre. Como vemos con el llamado a paro nacional, la posibilidad de practicarla de hecho, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, es factible y depende de las direcciones definir hasta qué punto se debe llevar la movilización, lo lógico es que hasta el cumplimiento de todas sus demandas. De todas formas, para que el movimiento obrero avance en fuerza y organicidad, necesita negociar por rama, en especial los trabajadores del sector público, minería y portuarios, entre otros.
¿Y la plata?
El presupuesto nacional es licuado por los empresarios y los altos funcionarios públicos, que con sueldos millonarios y corrupción, operan para perpetuar el sistema de desigualdad, heredado de la constitución de la dictadura Militar. Los empresarios compran sus puestos en el parlamento, pero, ¿Quién les prohíbe ganar sumas millonarias, regular los métodos de negociación de los trabajadores e incluso, determinar la cifra del sueldo mínimo?, deberían ganar como un funcionario público común y corriente para decirnos qué se puede hacer y qué no.
Se dice que los trabajadores reciben altos sueldos y que la supuesta ley de transparencia mostraría aquello, pero resulta que, adulterada, muestra resultados inflados, como otro método de boicot a la movilización. Por otra parte, los medios de prensa burgueses, buscan instalar la idea de que el problema radica en los trabajadores, pero como vemos, no es así.
Como trabajadores sin derecho a huelga, nos sentimos profundamente identificados con los trabajadores del registro civil y enviamos todo nuestro apoyo para el cumplimiento de todas sus demandas.
¡Los trabajadores del GAM apoyamos el paro nacional de los funcionarios públicos!
