El plan de austeridad republicana de la Cuarta Transformación y su discurso del combate a la corrupción lleva hasta ahora al menos 148 mil despidos de 17 secretarías y nueve organismos públicos. Si los despidos pasan y la precarización se mantiene, como anunció Esthela Damián Peralta, la directora del DIF de la Ciudad de México, las condiciones laborales empeorarán para el sector público, para el privado, para los servicios y la industria.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 12 de julio de 2019
Que los funcionarios deben que tener vocación de servicio y que se acaban sus privilegios es el discurso del gobierno, de la mano de una campaña mediática contra los “aviadores” que cobran sin trabajar.
Engañoso, porque los altos funcionarios siguen cobrando sueldos de privilegio (Damián Peralta, por ejemplo, cobra más de $100,136 más prestaciones de lujo) y a ellos no los despiden. Si hay despidos de mandos medios o altos de la administración anterior, los liquidan al 100 %. Pero a los trabajadores que garantizan el funcionamiento de las dependencias estatales, nada. Los echan a la calle como perros, y acaban así con las expectativas que muchos tenían en el "cambio".
Los despidos se enfocan en los sectores más vulnerables: los trabajadores eventuales y los contratados por servicios profesionales. Este último es el caso de Alejandra Sepúlveda, trabajadora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México. Ella es defensora de los derechos de las mujeres e impulsora de la campaña #Queremos Trabajo Digno, junto con otras y otros trabajadores estatales que enfrentan valientemente los despidos y luchan por la basificación. Su despido es político. Es para amedrentar a quienes se oponen a los despidos y a que se perpetúen las condiciones de precariedad.
Alejandra, quien espera un bebé, como todas las personas contratadas por servicios profesionales, no cuenta con seguridad social. No tiene garantizado el derecho a la salud, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas ni tendrá una pensión.
Ella, como Flora Aco y Ameyalli Mancilla, están enfrentando este ataque, luchando no solo por su fuente de trabajo y el hostigamiento que sufren, sino por la de todas y todos los trabajadores estatales, y contra la precarización laboral. Estas trabajadoras están en pie de lucha, insumisas contra los atropellos de las autoridades del DIF, llamando a la más amplia unidad para pelear por los derechos de todos los trabajadores, y bregando por el apoyo de los usuarios, trabajadores en su gran mayoría.
Los despidos se complementan con recortes presupuestales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, a la Secretaría de Salud, a la de Educación Pública, a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. Es decir, se está recortando fondos para servicios sociales, cuyos efectos empiezan a sentirse.
Son días difíciles. La sombra de la recesión se cierne sobre México, a pesar de la negación de López Obrador. Con los recortes de gasto público y de compras del gobierno, sumado a los despidos de trabajadores estatales, a los ataques de Trump con aranceles y al contexto de desaceleración económica a nivel internacional, el panorama es malo para las trabajadoras y los trabajadores del Estado y del sector privado, de la industria y los servicios. El pueblo trabajador paga los platos rotos cuando hay crisis y con el nuevo gobierno esto sigue igual.
Trabajadores de base y trabajadores precarizados
El gobierno de López Obrador no impuso el outsourcing y los regímenes de contratación que eximen a la patronal (sea el Estado o la iniciativa privada) de pagar seguridad social para los trabajadores. Pero aplica y mantiene los regímenes de contratación que se fueron generalizando en décadas previas.
La misma Esthela Damián, en una reunión con Alejandra Sepúlveda, despedida, y otras trabajadoras hostigadas y amenazadas de despido, afirmó despreocupadamente “Estas condiciones (precarias) van a permanecer seguramente todo el sexenio”.
Ya en 2003, como señala Claudia de Buen acá, la práctica de la contratación de prestación de servicios profesionales por parte de dependencias del Estado era una práctica común “para evadir las cargas laborales prevista en la Ley Federal del Trabajo.” Explica que este tipo de contratos “En realidad se celebran para cubrir necesidades de puestos permanentes en las dependencias del Estado y de hecho no se cuenta con las plazas suficientes.”
No exagera Alejandra Sepúlveda cuando afirma que en la Cuarta Transformación hay trabajo semiesclavo. No se reconoce la relación laboral entre los trabajadores y las dependencias estatales. Se les imponen jornadas de hasta 12 horas, sin descansos en fines de semana, y sin pago de horas extra, salario por debajo de la canasta básica que con frecuencia se retrasan, no hay acceso a seguridad social, ni a la basificación, y muchas veces hasta deben poner de su bolsa para garantizar los elementos necesarios para desempeñar sus labores y los viáticos.
Otro mecanismo que utiliza el Estado es contratar bajo la figura de “trabajador de confianza”, que muchas veces desempeñan las mismas labores que los trabajadores de base, pero no tienen derecho a la sindicalización ni a ser representantes sindicales.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al fin de 2016 había 1,567,381 trabajadores estatales sólo en las instituciones públicas federales. Es decir, sin contar las dependencias locales. Para 2015, 65.1% eran sindicalizado o de base; 17.2%, de confianza, y 12.2%, eventuales o por honorarios.
Con las distintas formas de contratación, lo que hace el Estado es dividirlos. Siembra prejuicios como que los trabajadores de confianza son todos recomendados de los directores y también contra quienes trabajan contratados por servicios profesionales. La imposición de la precarización en el Estado, sin que mediara una lucha seria de los sindicatos estatales, abrió paso a que se generalizara la precarización laboral en el sector privado.
Así fue que la precarización en el Estado abrió paso al outsourcing en el sector privado y a la baja generalizada en el poder adquisitivo del salario (tanto en el sector privado como en el sector público), que según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM perdió 78% entre 1987 y 2015. En México se perciben los salarios más bajos de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
A su vez, con el perverso discurso de que los estatales tienen “privilegios” el Estado, los gobiernos de turno, los empresarios y los medios a su servicio, promueven la desconfianza entre los trabajadores estatales y los del sector privado, así como entre los sindicalizados y no sindicalizados. Mientras tanto, las direcciones sindicales, tanto las abiertamente alineadas con los gobiernos como las “opositoras”, también contribuyen a esa división, al no impulsar la solidaridad efectiva entre los distintos sectores.
Superar la división que imponen los de arriba
El plan de austeridad se puede enfrentar con la movilización en las calles, con métodos como el paro y la huelga y con la organización de las y los trabajadores en forma independiente del gobierno -que está atacando con los despidos y los recortes a salud, a educación y a cultura- y de los partidos del Congreso, que son cómplices de estos ataques.
Apoyar la lucha por la basificación de todas y todos los trabajadores del Estado, así como por la reinstalación de todas y todos los despedidos es un importante paso para romper con la división que hoy pesa entre las trabajadoras y los trabajadores de los distintos sectores y avanzar en un gran frente único combativo.
Cada trabajadora, cada trabajador, sindicalizado o no sindicalizado, estatal o del sector privado, de la industria o los servicios tiene una cita de honor en la difusión y el impulso de esta lucha. En especial, quienes están sindicalizados, tienen la posibilidad de convencer a sus compañeros y juntos exigirles a las direcciones sindicales poner su organización y su fuerza al servicio de esta lucha, con solidaridad efectiva, tanto participando de todas las acciones como contribuyendo a crear un fondo de lucha, y a difundirla con todos los medios a su alcance.
Si se logra la reinstalación de Alejandra Sepúlveda y de todas y todos los trabajadores estatales despedidos hasta ahora; si se logra su basificación y la del conjunto de las y los trabajadores al servicio del Estado –con excepción de quienes son parte de las fuerzas represivas–; si se enfrenta el hostigamiento y las amenazas de despido sobre otras trabajadoras como Ameyalli Mancilla y Flora Aco, todo el pueblo trabajador estará en mejores condiciones para enfrentar los despidos o paros técnicos que pretendan imponer las trasnacionales y los empresarios como Carlos Slim.
Es necesario pelear contra la precarización laboral y por aumento salarial al nivel de la canasta básica y ajustable por inflación y por aumento de presupuesto educativo y de salud, a partir del no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas de México y a las trasnacionales que aquí operan.
Desde la Izquierda Diario y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) ponemos nuestras fuerzas al servicio de esta perspectiva, y por eso invitamos a trabajadoras y trabajadores, así como a jóvenes, a sumarse a esta pelea.
