Desde hace ya varios años que la demanda por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito ha regresado al debate político internacional. En una crisis sanitaria como la que nos encontramos, se abre el cuestionamiento sobre cuál es la situación de mujeres y cuerpos gestantes respecto a su salud sexual y reproductiva, y cuáles son las razones por las que el aborto sigue siendo una demanda para el presente.

¿Qué es el aborto y por qué es importante discutirlo hoy?

El aborto constituye, en términos clínicos, un procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo. Puede ser un procedimiento realizado con medicamentos o cirugía. Diversas investigadoras han demostrado que el aborto que el aborto es una práctica ancestral, cuyos primeros registros se encuentran desde el 1500 a.C. (a 3520 años del presente, siendo probablemente mucho más antigua). Podemos hablar en primer lugar del aborto como una práctica histórica de “desobediencia” a la “tiranía de la especie” que nos somete la propia evolución mamífera, de cargar a los cuerpos con útero la responsabilidad de sostener en nuestra matriz el embarazo, que en la especie humana es particularmente extenso y requiere de un estado de salud óptimo en términos fisiológicos y mentales, puesto que es un proceso de muchos cuidados y que afecta sustancialmente la vida de la persona que gesta. Sin embargo y pese a las dificultades técnicas -dado el desarrollo científico en la antiguedad-, antes de la moralina religiosa y conservadora, el aborto era una práctica común, no penalizada ni perseguida.

Se empieza a penalizar el aborto con la irrupción de la tradición judeocristiana en el mundo occidental, que en su objetivo de construir una amplia población profesante, prohibió el aborto como una forma de regulación, además de la libertad sexual de las mujeres y cuerpos gestantes. Es aquí cuando comienza el entramado que cubre al aborto con su velo: el delito, el pecado y la enfermedad. A finales del siglo XX cuando la iglesia comienza a predicar “que la vida humana comenzaba en el momento de la concepción” y con ello a emprender su contemporánea cruzada contra las mujeres [1]. Dicha prohibición se incluyó fuertemente en la dominación colonial católica, y en países como Chile, se mantiene hasta el día de hoy.

El origen de la persecución del aborto poco tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de mujeres y cuerpos gestantes, sino más bien con las imposiciones religiosas y morales de las clases dominantes, que han sometido nuestros cuerpos a una nueva tiranía, construida en favor de los poderosos. Es por eso que revolucionarias como Alejandra Kollontai pelearon para que décadas antes de cualquier legislación en el mundo moderno, en 1920 la Unión Soviética legalizara el aborto libre, seguro y gratuito; conquista con la que barrió el estalinismo y su burocracia, que buscó retomar la política conservadora respecto a los derechos sexuales y reproductivos [2]

En pleno siglo XXI, esta larga tradición de opresión patriarcal se entrelaza con un sistema que viene a instrumentalizar la capacidad reproductiva. El capitalismo, apoyado en la tradición patriarcal de raigambre judeocristiana, asigna y obliga la reproducción de la fuerza de trabajo a las mujeres: históricamente hemos sido quienes reprodujeron esta fuerza de trabajo en beneficio de la clase dominante, y somos además “quien debe”, asegurar la fuerza de trabajo futura. La soberanía o autonomía sobre el propio cuerpo gestante pareciera no existir: patriarcado y capital desembocan perfectamente en un Estado capitalista y neoliberal que obliga a mujeres, adolescentes y niñas a ejercer la maternidad -aunque esta sea no deseada- y que además, comos se ha mencionado, carga sobre los cuerpos gestantes todo el peso legal del posterior cuidado del recién nacido.

En una crisis como la que estamos viviendo, las desigualdades y contradicciones se aceleran, y es por eso que hablar del aborto en tiempos de pandemia cobra una urgencia de primer orden, ya que responde primordialmente a un problema de salud pública. En varios países hoy el aborto libre es una realidad y se considera como un procedimiento médico esencial en pandemia para la Organización Mundial de la Salud [3]: ¿Por qué sigue prohibido en Chile?

Chile y aborto: la pesada herencia de la dictadura y el conservadurismo religioso

“En aquellos países donde no hay una ley garantista del aborto, las mujeres viven en una crisis sanitaria continua y permanente”

Viviana Waisman

En Chile la prohibición oficial del aborto ocurre por primera vez en 1874. Luego en 1931 se legaliza el aborto terapéutico, es decir, un “aborto inducido con la intención de proteger la salud o la vida de la gestante cuando estas se encuentran en grave riego” [4]. Sin embargo, es fundamental rescatar la experiencia particular del Hospital Barros Luco Trudeau, que durante la Unidad Popular (1970-1973) asistieron y realizaron más de 4000 abortos voluntarios seguros. Levantaron una campaña “Contra la muerte materna” que ponía por delante la salud sexual y reproductiva de los cuerpos gestantes, superando incluso la legislación establecida por el gobierno de aquella época. Se votó esta medida en asamblea de trabajadores del hospital, posterior al triste suicidio de una enfermera del recinto, producto de un embarazo no deseado. Levantaron toda restricción para la realización de un aborto, amparados en la protección de la salud física y mental de la persona gestante. Esta práctica encontraría su fin rápidamente con el golpe cívico militar de Pinochet.

Un breve repaso por la herencia de la dictadura cívico-militar nos sitúa en 1979 junto a la “Política de Población”, por la cual se decide ponerle fin a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos arguyendo imperativos nacionalistas, como la necesidad de contar con una población numerosa para la defensa nacional. Se restringió también la disponibilidad de anticonceptivos y se censuró la información respecto de su uso. Conjuntamente se suspendieron las actividades de información y educación sobre anticoncepción en los consultorios. ¿El último decreto de la junta militar? Derogar en 1989 el Art. N°119 del Código Sanitario para volver a penalizar el aborto terapeutico. [5]

Tras 17 años de dictadura, el rol histórico de opresión sigue latente, y por lo dicho recientemente, traspasar el poder de decisión a los cuerpos gestantes pone sobre la mesa el status quo del Chile capitalista y neoliberal, visibilizando además, que el aborto antes de cualquier cosa, es un problema de salud pública. Según cifras publicadas en el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile de 2013 del Centro de Investigación de Derechos Humanos, antes de entrar en vigencia en septiembre de 2017 la ley 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria bajo tres causales, a saber: 1) Peligro de vida de la gestante 2) Incompatibilidad fetal con la vida extrauterina 3) Producto de un abuso sexual con fecha limite 14 y 12 semanas para menores de 14 años y mayores de 14 respectivamente) ha señalado que se realizaban en territorio nacional al menos 70 mil abortos clandestinos al año. Es decir, pese a toda prohibición, el aborto existe en nuestro territorio: es una realidad política y social a la cual responder, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria global producto del coronavirus.

Aborto en contexto de crisis sanitaria por COVID-19: un problema de salud pública

Para el Estado capitalista chileno no es una problema de salud pública cuando una mujer decide no ser madre, al contrario, este ha permitido el lucro con la vida de las mujeres arrojandolas a la inseguridad de sitios clandestinos para practicar un aborto, un sitio que en caso de no pagar sumar millonarias, no cumplirá probablemente con las medidas de higiene necesarias, ni tendrá personal de salud capacitado para la realización segura de un aborto. También ha permitido el comercio ilegal de medicamentos, pues prohíbe la comercialización de misoprostol para la interrupción del embarazo durante el primer trimestre. La violencia machista es otro signo de este Estado, con un gobierno que se presenta impávido frente al aumento de la violencia a la mujer dentro de los hogares -y no solo a la mujer- que puede desembocar en aumento de los casos por violencia sexual y posteriores embarazos no deseados.

Las situaciones antes mencionadas se han recrudecido desde el inicio de la crisis sanitaria a la fecha, y no solo producto de aquellas situacones es que las cifras de embarazos no deseados han escalado, sino que también producto de la imposibilidad de acceder a un aborto via medicamentos, pues las redes feministas no logran cubrir -menos en pandemia- la alta demanda de éste, o bien porque es imposible acceder a la precariedad de un aborto en un sitio clandestino.

La salud sexual y reproductiva de la población en el sistema sanitario ha demostrado su completa precariedad durante la pandemia. El pequeño universo del 3% de los casos que cubre la ley 21.030 para interrupir el embarazo en tres causales, los cuales al ser tan pocos casos por establecimiento se pensaría que no tendrían problemas, la realidad es que se detectan carencias de Misoprostol y Mifepristona en los hospitales para principalmente abortos de la causal N° 3. Se han suspendido también las ecografías que limitan, y en algunos casos impiden acceder a la interrupción del embarazo en la causal N°1 y N°2 (que necesariamente debe contar con dos ecografías). Hay también una ausencia en el stock de anticonceptivos, como también de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), y los controles rutinarios se han suspendidos. La situación sanitaria se vuelve aún más alarmante para las mujeres, mientras organizaciones internacionales ya lo han anunciado: es esencial garantizar los derechos de salud sexual y reproductivos durante la crisis sanitaria a tiempos reales, así como las cadenas de suministro, pues postergar aquello puede traer consecuencias irremediables. Además en base a las carencias mencionadas anteriormente en los recintos de salud, la ley 21.030 no está -ni nunca lo estuvo- en posición de responder a las reales necesidades de los cuerpos gestantes que abortan, pues ninguna de las tres causales estaría en correcto funcionamiento, y la maternidad nuevamente, se impone inclusive en estas circunstancias de tipo “excepcional”, aplastando por completo las tres causales que el movimiento feminista logro arrebar.

Un Estado que prefiere mantener esta situación no sirve para las mujeres de la clase trabajadora, pues las mujeres de la clase dominante ejercen su derecho en clínicas privadas bajo el nombre de otro procedimiento, comúnmente apendicitis, o bien se trasladan a países con aborto legal. También se niega incluso a implementar una educación sexual y reproductiva integral que resuelva la problemática de los embarazos no deseados, y en general, de un sinfín de situaciones que deben trabajarse desde lo preventivo, y no desde lo punitivo. Este Estado capitalista opta -y ha optado desde su existencia- decidir por nosotras, niega el aborto en el sistema de salud público -más allá de las tres excepciones- y mantiene la vergonzosa penalización que busca castigar y disciplinar con cárcel a la mujer que decide sobre su propio cuerpo. Hoy donde el movimiento de mujeres puede ser una palanca para dar fuertes golpes desde el feminismo, también con la clase trabajadora en su conjunto puede derribar este Estado opresor donde capitalismo y patriarcado mantienen una alianza criminal, haciendo posible un gobierno de trabajadores que ponga los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y los sectores oprimidos por delante.