En la Universidad de Tarapacá existen diferentes carreras se encuentran paralizadas, si bien tienen diferentes demandas, una de las problemáticas que hoy toma mayor relevancia entre los estudiantes es la salud mental. Ante esto es necesario preguntarnos ¿Qué relación tiene la crisis de la educación y el autoritarismo de quienes hoy dirigen la institución con la salud mental de estudiantes y funcionarios?
Viernes 1ro de julio de 2022
Después de dos años de pandemia y encierro, se ha dejado ver la profundización en los problemas de salud mental en la mayoría de las personas. En el caso de funcionarios y estudiantes se mantuvieron realizando sus actividades de manera virtual, de forma totalmente improvisada, sin los recursos necesarios y exigencias, lo que se traducía en mayor sobrecarga. De la misma forma, de un momento a otro se regresó a la presencialidad y a la “normalidad” que buscaban imponer, pero todo no seguía igual.
No solamente los problemas de salud mental se profundizaron con la pandemia, sino también las condiciones de las familias trabajadoras, producto de la inflación y el costo de la vida, donde los alimentos no han parado de subir de precios y los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes.
Los estudiantes son quienes han puesto sobre la mesa la salud mental, cuestionando la indiferencia de las autoridades ante este problema que aqueja a la comunidad estudiantil. Incluso en el transcurso del primer semestre diferentes carreras se han ido paralizando por este tema exigiendo mayor agilidad en la atención y hasta mayor dotación de psicólogos.
Hoy la universidad se encuentra realizando concurso público para aumentar la dotación de psicólogos y psicólogas, pero esto ha sido a causa de las distintas movilizaciones que se han dado. Si bien son medidas básicas y necesarias, son insuficientes. Por una parte, sigue decidiendo el rector, cuánto es suficiente y en base a sus criterios, pero no es el conjunto de la comunidad educativa evaluando cuál es la dotación que realmente se necesita.
Por otro lado, si bien estas medidas pueden amortiguar la situación respecto de la salud mental de los estudiantes, que cada vez se agudiza más, no termina de solucionar el problema de fondo. Incluso problemáticas desde donde derivan estos, como la alta carga académica y exigencia a los que se somete a los estudiantes, que los lleva a grandes niveles de estrés y agotamiento para cumplir con todo. A lo que se suma, las condiciones de vida de los estudiantes, que muchas veces no pueden costear los altos aranceles y hasta el costo diario que significa estudiar como alimentación, locomoción, entre otros.
Una cantidad importante de estudiantes debe trabajar para costearse los estudios, tener lo necesario para subsistir o de lleno para aportar en sus hogares económicamente a causa de los bajos sueldos y el costo de la vida, que obliga a las familias a endeudarse. Por lo que además de la sobrecarga académica deben arreglárselas para cumplir con los horarios laborales y precarias condiciones, situación que profundiza el agobio.
A nivel de funcionarios, la situación no es muy diferente. Se desempeñan bajo un constante estrés laboral y gran exigencia por parte de directivos y autoridades. Donde muchas veces la sobrecarga laboral aumenta pero eso no se traduce en una cantidad acorde de contrataciones, la que se termina decidiendo a puerta cerrada. Otro factor que influye es la inestabilidad laboral, actualmente casi 600 funcionarios trabajan a contrata y más de mil en convenio honorario, lo que significa vivir en la incertidumbre de no saber si continuarán trabajando o no. Decisión que obviamente depende de las autoridades, más allá del desempeño que la o el funcionario tenga. Porque incluso, muchas veces ese desempeño se ve afectado por el estrés laboral, los sueldos que no alcanzan para cubrir todas las necesidades, el poco tiempo para recreación, para estar con sus familias y tiempo para descansar. En este caso ni siquiera se cuenta con atención psicológica por parte de la universidad, por lo que sí se ven enfrentados a situaciones que requieran dicha atención a raíz de la sobrecarga laboral deben resolverlo de por fuera de la institución y con dinero de su propio bolsillo.
¿Qué se esconde de fondo en los problemas de salud mental que aquejan a estudiantes y funcionarios?
El problema de la salud mental en la comunidad educativa toma su lugar a partir del modelo de educación en Chile, pero este mismo se enmarca en un problema social más amplio, en torno a la competitividad, rendimiento y las condiciones propias de la vida que afecta de forma transversal a estudiantes y trabajadores. La sobrecarga académica es un síntoma de un problema mayor y que nos lleva a discutir una real democratización. Esto porque las mallas y sobrecarga académica, la decide un puñado de “expertos” que no le interesan las condiciones a la que exponen a sus estudiantes, considerando que bajo su lógica deben establecer una alta exigencia para mantener criterios de “calidad”, donde a través de discursos que romantizan la sobrecarga como que “es parte del camino para ser profesional” o “del esfuerzo”, buscan evitar todo cuestionamiento de fondo al mismo proceso educativo.
Reflejo de que no les interesa las condiciones que enfrentan los estudiantes, es la reducción de beneficios como sucedió con el cierre del casino, que dejó a gran parte de los estudiantes sin alimentación en un contexto donde las condiciones de vida de las familias trabajadoras se agudizan. Si bien, las autoridades han cedido en ciertas demandas de los estudiantes ya que se han visto presionados, son calmantes para evitar una situación mayor y funcionan como contención para que no se desarrollen cuestionamientos que deriven en movilizaciones. En concreto mantener todo igual, donde solo el rector y compañía decidan sobre hacia dónde destinar recursos y donde no de acuerdo a sus prioridades, es este el autoritarismo del que hablamos.
Es necesario cuestionar y combatir la falta de salud mental desde sus raíces, que conectan con el modo de producción capitalista de explotación, bajos salarios y sobrecarga laboral, empujando al endeudamiento, al poco acceso a la salud y a la educación, coartando también la propia vida de las y los trabajadores. Es importante dar respuestas a la falta de salud psicológica, sin embargo mayor número de atención psicológica no cambia la situación en general y no termina con el problema de fondo.
Ante los problemas que hoy aquejan a los estudiantes, toma relevancia la exigencia de espacios democráticos donde estudiantes y trabajadores discutan sobre los procesos educativos, elección de las mallas, alimentación, transporte y más profundamente qué educación quieren, pensando realmente en una universidad al servicio de la sociedad en su conjunto. Para seguir esta perspectiva es necesario romper la lógica de mantener peleas divididas por carrera o estamento, hay que apostar a la unidad entre estudiantes, funcionarios y profesores para desarrollar toda potencialidad si se unifican las demandas en una lucha de conjunto.
Actualmente es un puñado de personas que decide, excluyendo de participar de aspectos importantes a la comunidad educativa, como lo sería el cogobierno triestamental universitario. En esa misma línea, vuelve a tomar importancia la pelea por una educación gratuita financiada integralmente por el Estado, para que el estudiar no dependa de becas o endeudarse con créditos.
