Una vez más la designación de rector planea realizarse a través de la decisión de la Junta de Gobierno compuesta por 15 “notables”, aunque son los miles de estudiantes, trabajadores y académicos quienes viven las consecuencias de las decisiones en el rumbo de la universidad ninguno de estos sectores tienen voz ni voto en esta decisión.
Lucía Rodríguez México D.F.
Martes 6 de octubre de 2015
La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció, el pasado 24 de noviembre, formal inicio al proceso de sucesión del rector puesto que ha sido ocupado por José Narro Robles desde noviembre del 2007 y que finalizará el 16 de noviembre de este año.
El proceso abierto ha agudizado el debate sobre la estructura de designación de la figura del rector en la UNAM cuestionando la nula participación de estudiantes, trabajadores y académicos, como la comunidad que da vida a la universidad.
De acuerdo a la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UNAM, el rector definido como “jefe nato” de esta casa de estudios será elegido por 15 figuras “notables” que conforman la Junta de Gobierno cuyos miembros son elegidos por la propia Junta o por el Consejo Universitario.
La UNAM es la universidad con mayor peso académico y político del país, alberga a cerca de 330 mil estudiantes, más de 37 mil académicos y 28 mil trabajadores. En el último periodo el movimiento estudiantil en la UNAM ha recobrado enorme peso en la política nacional, convirtiéndose en un participante central del movimiento abierto a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el año pasado y participando previamente en la lucha del 2013 contra la reforma educativa y el movimiento #yosoy132 en el 2012.
La figura del rector no tiene fundamento académico sino corresponde a una figura política que juega el papel de vínculo y traductor de los planes del gobierno federal dentro de la universidad. Para ejemplo de ello, basta recordar las declaraciones de Narro -que en buscando aminorar el cuestionamiento de cientos de miles en las calles- defendió que el crimen del 26 de septiembre del 2014 en Iguala no eran responsabilidad del Estado.
Tras la crisis abierta al régimen político el año pasado, el disciplinamiento de una fuerza política como el estudiantado y de sus potenciales aliados: los trabajadores y académicos, es clave para la estabilidad de los planes económicos y políticos del gobierno. Esto a la par del avance de la traducción de la reforma educativa en las universidades públicas, que implican avanzar en planes de privatización y la reducción del presupuesto, como lo propone la Secretaría de Hacienda, son puntos fundamentales para aplicar en la UNAM.
Votación universal: primer paso para democratizar
Mientras es una Junta de 15 quien designará, con acuerdo del gobierno federal, a la figura que por realizar estas tareas estará cobrando más de 153 mil pesos mensuales, son miles de estudiantes, trabajadores y académicos quienes viven los efectos de la antidemocracia y el autoritarismo en la universidad. Son estos sectores quienes serán golpeados por la disminución al presupuesto; quienes a pesar de hacer posible día a día la generación de conocimiento se les impone los acuerdos entre las autoridades universitarias y los grandes capitales privados para que su producción este en función de la ganancia capitalista; quienes viven la tecnificación de los planes de estudio; quienes son atacados por grupos porriles; quienes viven la traducción de los planes de criminalización en sus instalaciones, con la implementación de cámaras y torniquetes que restringen el acceso y; muchas problemáticas más que apremian en la universidad.
Día a día la comunidad universitaria se enfrenta a situaciones que no les favorecen y en cambio atentan contra la conquista de la educación pública y gratuita y, contra las condiciones de trabajo de quienes la garantizan. Ante estas situaciones la pregunta que siempre surge es por qué no podemos ser los directamente involucrados en la vida universitaria quienes tomemos las decisiones de su rumbo.
La estructura que gobierna la universidad es a todas luces antidemocrática, una contradicción con los principios que supuestamente levanta. El modelo que permanece desde hace casi un siglo de designación del rector se fundamenta en tratar de controlar un espacio con alto potencial de cuestionamiento hacia el régimen político y económico, y con la capacidad de hacer grandes aportes a la población trabajadora, campesina y popular. Sin embargo, la pérdida del control de la Universidad, ahora ligado a la casta política que gobierna el país, significaría también grandes pérdidas para los empresarios que hacen jugosos negocios para que el conocimiento sea puesto a su servicio, ya sea a través de la calificación de quienes en perspectiva pueden ser sus empleados como de la generación de técnica y tecnología.
Levantar la necesidad de que la rectoría sea elegida mediante votación secreta y universal de trabajadores, estudiantes y académicos es dar un paso en democratizar la toma de decisiones por quienes dan vida y son la razón de existir de la universidad. Esta demanda debe ser reproducida para los puestos de dirección y coordinadores de carrera. Sin embargo, los intereses sobre la UNAM son muchos y esta conquista no vendrá sino con la más amplia movilización unitaria de estos sectores.
La conquista de la votación universal debe ser un primer elemento de transferir la toma de decisiones en su comunidad pero no basta con ello, la figura del rector es anacrónica y autoritaria en sí misma pues representa el contenido reaccionario de nombrar a un “jefe nato” de una casa de estudios. Mismas características comparten las figuras “notables” de la Junta de Gobierno, que por su propio carácter no pueden estar ligados a los intereses sociales de la universidad.
La construcción de una universidad al servicio del pueblo trabajador solo puede venir de que todas las decisiones sean discutidas por estudiantes, trabajadores y académicos, esto significa la lucha por poner en pie un gobierno compuesto por las tres partes, con mayoría estudiantil, que en la forma más democrática retomen las necesidades que apremian en la universidad y los sectores sociales que la componen. La organización estudiantil por medio de asambleas que discutan esta temática, invitando a académicos y trabajadores, puede ser el primer paso para emprender esta lucha.
Los ataques a la UNAM y el conjunto de las universidades se han profundizado y solo podrán frenarse con la organización estudiantil, académica y de trabajadores. Esta defensa implica luchar contra la antidemocracia y el autoritarismo, que se pone al servicio de la agenda de privatización, mayor explotación y recortes sociales. La garantía de la educación pública y gratuita implica regresar los intereses de la universidad a su comunidad.
