La pandemia ha profundizado el deterioro de una educación pública que ya estaba tocada por los recortes. Las desigualdades sociales aumentan y se reflejan también en la enseñanza. ¿Es la crisis educativa una mala gestión sin más o hay algo detrás? Aquí lo discutimos.
Pablo Castilla Contracorrent Barcelona - estudiante de Filosofía, Economía y Política en la UPF
Viernes 27 de noviembre de 2020
El cierre de colegios y universidades fue una de las primeras medidas tomadas con la llegada del coronavirus al Estado Español. Se hizo sin tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa de conjunto y mucho menos del estudiantado en particular. Así, se nos impuso una docencia online total sin garantizar los recursos necesarios ni al alumnado ni al profesorado y, como era evidente, la calidad de la enseñanza empezó a decaer.
Lejos de culpabilizar aquí a los y las docentes, gran parte de ellos ya sobrecargadas y precarizadas antes de la pandemia, la responsabilidad de este deterioro es del gobierno central y los gobiernos autonómicos. Los años de recortes en educación y privatización de los centros públicos en favor de los concertados y privados ya habían perjudicado a la educación pública.
Aunque el número de alumnos ha aumentado un 10% respecto al de hace 10 años, el gasto por parte del Estado y las comunidades autónomas no llega siquiera al de entonces. Las ratios ya eran elevadas antes de la pandemia, la falta de profesorado ya existía antes del coronavirus y los recursos tampoco eran suficientes ni siquiera para tiempos normales. Así entramos en este curso pandémico, donde el riesgo de contagio se conjuga con la falta de medidas de seguridad en los centros de estudio y una docencia online -sin garantizar los recursos- que perjudica el aprendizaje
Un sistema educativo que reproduce las desigualdades y las perpetúa
¿Quién asiste mayoritariamente a los centros públicos? Los hijos e hijas de familias de clase trabajadora y los sectores populares. De esta manera, se descarga la crisis sobre todas las generaciones de la clase trabajadora, precarizando el trabajo y el estudio de las personas adultas, arruinando la enseñanza de la juventud y preparándola para un futuro de explotación y precariedad igual o peor que el de sus padres y madres.
Las barreras para la entrada en el sistema educativo para los que menos tienen se imponen desde el principio: compra de material escolar por encima de lo que se puede gastar con bajos salarios, profesores de refuerzo que no llegan, espacios de estudio limitados, tasas universitarias que siguen altísimas, imposibilidad de compaginar estudios y trabajo… Además, la infrafinanciación es tan solo un rasgo más de su rol en la profundización de las desigualdades de clase y la reproducción del sistema de valores dominante.
La crisis del 2008 rompió los sueños de toda una generación que pensó que estudiando y estudiando ascendería socialmente. Desde entonces, hay toda una generación que entra a la universidad asumiendo que va a acabar teniendo un curro precario. Porque la fantasía del “ascensor social” a través de la cultura choca con el hambre de ganancias de un sistema capitalista que necesita más gente trabajando para McDonald’s. Ni siquiera el mundo de la investigación o la medicina escapan de la precariedad, tal y como demuestran los MIR y doctorandos.
Estudiantes hoy, mano de obra barata mañana
El sistema educativo se encarga de preparar mano de obra barata y disciplinada para el mercado laboral. Ante el problema del abandono escolar, la pregunta que se plantean los gobiernos no es por qué muchos y muchas jóvenes dejan de estudiar, sino cómo consiguen hacerlos productivos para el mercado. Así lo demuestra la creación del título de rider en el marco de un plan estratégico para FP que pretende adaptarse a las necesidades del mercado.
En la universidad el principio rector es el mismo: formación a medida de las empresas. El proceso empieza incluso antes de entrar cuando te hacen plantearte aquello de las “carreras con salida”, es decir, elegir tus estudios a medida de lo que piden las compañías. La influencia del sector privado es tal que tiene poder de decisión dentro de los órganos de la universidad y decide las líneas de investigación. Lejos de cambiar este modelo, el ministro Manuel Castells defiende la financiación privada de la universidad y el sistema norteamericano, caracterizado por su carácter tremendamente elitista.
¿Es la educación un sector esencial?
La adaptación del sistema educativo a la economía neoliberal dominante se ha mostrado todavía más claramente con la pandemia. El debate de los sectores esenciales se abrió con la llegada del coronavirus, pero la educación siempre parece estar al margen.
Hay sectores que se pueden abrir y sectores que no; en los colegios e institutos hay aulas masificadas sin distancia de seguridad y en las universidades clases online. ¡Casualidad! Quienes van a las universidades pueden quedarse solos sin el cuidado de un adulto, mientras que en los colegios e institutos la cosa no es tan fácil. Por un lado, culpabilizan indirectamente de los contagios a los jóvenes imponiendo docencia online en las universidades y, por otro, aseguran que los padres y madres pueden seguir yendo a trabajar para garantizar los beneficios de las empresas, aun si esto supone riesgo de contagio en primaria y secundaria.
Sin contar al Dios dinero, la educación es claramente un sector esencial. De ella depende la formación, pero también una parte importante del desarrollo como persona y de la vida social de miles de jóvenes, lo cual es clave para poder establecer lazos de colaboración y solidaridad. Avanzar con la docencia online, limitar la presencialidad en los centros y reducir los espacios de socialización en lugar de destinar los recursos para tener una educación segura, con ampliación de las instalaciones y contratación de profesorado no solo deteriora la calidad de la educación, sino que fomenta un desarrollo de la personalidad más individualista y aislado de la colectividad. Perfecto para crear mano de obra bien adiestrada.
Otra educación para otra sociedad
Este sistema educativo es alienante y lo es porque está al servicio de un modelo de sociedad que prioriza preservar los beneficios de unos pocos antes que la vida y la educación de millones. Reclamar los recursos necesarios para contratar profesorado, construir las instalaciones pertinentes y garantizar los recursos necesarios para el aprendizaje es básico para luchar contra ello. A su vez, exigir que ese dinero salga de impuestos a las grandes fortunas y no de aumentos de la deuda que luego paga la clase trabajadora en forma de ajuste.
Además, pelear por universidades totalmente públicas y gestionadas democráticamente por la comunidad educativa con tal de poder poner sus recursos allí donde más se hagan falta, por ejemplo, investigando la vacuna contra el coronavirus sin patentes privadas o ayudando a la realización de pruebas médicas.
Queremos una educación para la transformación social, para poner los conocimientos al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo y no para el capital.
