CRISIS HÍDRICA. ¿Por qué los consumidores tenemos que pagar el alza del agua?

Un déficit de lluvias de casi un 72% ha generado conmoción por la crisis hídrica que azota a seis regiones del país, las cuales se encuentran con el decreto de emergencia agrícola: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O´Higgins y el Maule.

Las variaciones del clima y la sequía ha generado migración en la comuna de Monte Patria. Para el gobierno, la solución es paliar la crisis subiendo el valor de la tarifa para los consumidores, donde hace algunos días el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló a CNN que: "La tarificación que se hace a cinco años plazos y por lo tanto la situación que hoy día estamos viendo no influye sobre eso. Va influyendo en el mediano plazo, a medida que las nuevas tarifas se van creando”, señaló Moreno.

Sin embargo, esta propuesta ha generado debate en la opinión pública hacia quién debería pagar los costos de la sequía y el cuidado del agua.

La solución no depende de nuestros bolsillos

Racionar el agua ha sido una política del gobierno a través de la campaña "dúchate en 3 minutos" por el Ministerio del Medioambiente. Pero, lo que no se señala es la extracción del recurso del agua indiscriminado para la producción y extracción de otros recursos, como es el caso de la minería, las forestales, la agroindustria y algunos otros.

El gabinete hídrico

Según los datos recolectados por MODATIMA el negocio del agua implica a privados trasnacionales y nacionales, pero también a políticos de los partidos tradicionales y ministros del gobierno de Piñera, hasta el mismo Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Agricultura se encuentran en el mapa de aprovechamiento de las aguas a su propiedad y/o familiar.

Agua hay en Chile, pero las aguas no son aprovechadas por los trabajadores y comunidades. Desde las comunidades afectadas como La Ligua y comunidades indígenas del sur han planteado mediante la movilización una de las respuestas reales: el fin al Código de Aguas instalado en dictadura, el cual permite la privatización de este recurso en desmedro de un bien público. Además, la exigencia de expropiación sin pago y nacionalización del sistema sanitario se ha vuelto más evidente tras la crisis sanitaria ocurrida en Osorno y Puerto Octay. Este servicio básico debe ser de propiedad del Estado, público, y gestionado por trabajadores, profesionales al servicio del bienestar de la población, y por las comunidades, pues es la única manera de velar por los intereses de las grandes mayorías y acabar con este negocio.

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