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Red Internacional
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Asamblea Constituyente. ¿Por qué los ex presidentes reciben asignaciones y una dieta vitalicia?

Las dietas que reciben los ex presidentes de la República lo consigna la Constitución Política de la República. Necesitamos una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana para combatir estos privilegios.

Miércoles 19 de agosto de 2020

Una denuncia de malversación de fondos en contra de los ex presidentes de la República Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet que reveló el medio La Tercera, puso nuevamente en cuestionamiento los privilegios del poder ejecutivo y el oneroso sueldo de parlamentarios y senadores.

Se trata de los recursos que desembolsa el Senado a los exmandatarios por concepto de traslación desde el 18 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción constitucional. El monto equivale a $ 1.733.296 pesos para cubrir los gastos de desplazamiento en el territorio nacional, mientras que Michelle Bachellet suspendió esta asignación por encontrarse fuera de Chile.

Sin embargo, las asignaciones de los ex presidentes está regida en el artículo 30 de la Constitución Política de la República y su dieta vitalicia es equivalente a la que perciben los senadores y diputados, según el artículo 62 de la Constitución Política.

¡No más privilegios, que todo parlamentario y legislador gane igual que una profesora!

Recientemente el Consejo de Alta Dirección Pública anunció la rebaja de los sueldos de diputados y senadores en un 25% y en un 10% para el presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis. Esta medida fue resuelta de forma transitoria hasta que una comisión designada por Piñera y aprobada por el Senado acuerde con bajar los sueldos de los parlamentarios.

Mientras la brecha de sueldos entre la casta parlamentaria y el resto de la población se acrecienta en el desarrollo de la pandemia de Covid-19, el desempleo llega al 24,4% se se considera a las 1.300.000 personas que se encuentran buscando empleo, según anunció el reciente estudio del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

En marco al debate en miras al proceso constituyente es urgente subir el salario mínimo acorde a los gastos equivalentes de una canasta familiar (sobre los 500.000 pesos promedio) garantizado por el Estado a todos los trabajadores que se encuentran sin trabajo, a los independientes y a los que se encuentran en la informalidad, así como también a todas y todos los jubilados, que no pueden esperar y son los peores expuestos al virus. Además de que todo parlamentario y legislador perciba un salario igual que un trabajador calificado, para acabar con los negocios a través de la política.

Para esto, es necesario luchar por una una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana, conformada por diputados revocables y que cobren igual que una profesora para que el pueblo trabajador sea el que decida cómo utilizar los recursos y riquezas del país.