Amplio revuelo causo en las redes sociales la nueva frase de Piñera en la que nuevamente compara a la industria y al mercado, con la educación. ¿Será una mera frase fortuita o tiene que ver con el modelo sobre el cual concibe nuestro derecho humano a educarnos?
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 16 de enero de 2019
El pasado lunes tuvo lugar una conferencia del presidente, en donde nuevamente respaldó el proyecto “Admisión Justa”, el cual busca modificar la forma de ingresar a los colegios públicos, reponiendo en los liceos de alta exigencia la selección del 100% de sus estudiantes por mérito, bajo los protocolos que el establecimiento estime conveniente. En el mismo, aseguró que “dará más libertad y flexibilidad para que los que están en la industria de la educación puedan desarrollar sus proyectos educativos”.
Más que una preocupación nacional, la defensa de una política neoliberal
El presidente no duda en mostrar explícitamente a las masas su verdadera intención: que los empresarios de la educación saquen el mayor redito a costa del derecho humano a la educación y no haya entorpecimiento posible.
Y es que sus intereses económicos van totalmente de la mano con el proyecto neoliberal instaurado a punta de fusil en la dictadura militar. Recordemos que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1980 (vigente hasta el día de hoy) se buscó sentar las bases de un nuevo sistema económico en nuestro país, el cual se caracteriza por el respeto religioso a la propiedad privada y a la libertad económica de los privados. De esta manera, su objeto era impedir a perpetuidad el retorno del algún sistema de economía centralizada, en donde los medios de producción no quedaran en poder del Estado, ni menos fueran a ser administrados por sus propios trabajadores y trabajadoras.
Así, esta lógica del Estado creada por Jaime Guzmán y su dictadura, la terminó profundizando, manteniendo y aplicando progresivamente la Concertación – Nueva Mayoría sobre todas las materias de la vida social, llegando incluso a afectar la provisión de los derechos sociales. De este modo, le quedó prohibido al Estado desplegar alguna actuación directa en todas aquellas materias que digan relación con el interés general de la sociedad, como lo son los derechos a la salud, la vivienda, el trabajo o la educación, produciéndose de esta manera la mercantilización de la vida y, por consiguiente, de la propia dignidad humana.
Expresión de ello, es la creación de la denominada “Libertad de Enseñanza” como un derecho fundamental de nuestra ilegitima y actual Constitución. Este “derecho constitucional”, es el que habilita a los privados a abrir y mantener colegios particulares de los cuales pueden sacar cuantiosas ganancias a costa de las familias trabajadoras, alejando al Estado casi completamente, limitándolo actualmente a ser un esteril órgano fiscalizador mediante sus superintendencias.
La crisis del proyecto neoliberal en materia educativa
Con el pasar de los años, resultan bastante numerosos los ejemplos empíricos que nos permiten demostrar el rotundo fracaso de la política neoliberal en materia educativa.
Desde que se desató la crisis de la Universidad de Mar, le siguió la Universidad Arcis y hace algunas semanas fue el turno de la Universidad del Pacifico, en donde nuevamente otra universidad privada termina en un desastre financiero. En esto, los más perjudicados obviamente fueron las y los estudiantes, ya que después de años de estudiar, endeudarse y realizar importantes esfuerzos ellos/as y sus familias, han visto truncados sus sueños. Entre sus denuncias, se encuentra que los convenios con las casas de estudio donde podrían ser reubicados no son reales y además no se les da la posibilidad de quedar en el mismo año en que se encontraban. Junto a ello, otros actores también afectados son los trabajadores: funcionarios y académicos, que no sólo se quedan sin su fuente de trabajo, sino que tienen que hacerlo luego de soportar meses (sino años) de pésimas condiciones laborales en dichas instituciones.
Así, para continuar incrementando la lista de fracasos, el pasado 26 de diciembre cuando se dieron a conocer los resultados de la PSU, también se revelaron cifras impactantes que demostraron la gran brecha de clase y de género que se ha venido arrastrando hace años. Ejemplo de ello, es que los mejores puntajes se obtuvieron de las comunas de la zona oriente (las de más altos recursos) de la Región Metropolitana, además, el 60% de los puntajes nacionales se concentraron en la capital, cuando esta región solo tiene el 38% de la matricula nacional y solo el 21% de los puntajes nacionales corresponden a mujeres.
En esa misma línea, un tercio de quienes rindieron la prueba obtuvieron menos de 450 puntos, que es el mínimo requerido para postular a las 41 universidades del Sistema Único de Admisión. Este viene a ser un dato crítico para el sistema de educación, ya que sería este tercio de estudiantes, provenientes de colegios municipales, quienes se quedarían sin posibilidad de acceder a la educación universitaria producto de las falencias que existen en la educación pública.
Pasar de la industria de la educación al derecho a la educación: un desafío inminente
Por más “discursos de preocupación” que el gobierno intente colocar en torno a la educación del país, ha quedado demostrado que esto es falso. Para la derecha, éste derecho sigue siendo un bien de consumo, que, gracias a la Constitución de Pinochet, garantiza y asegura cuantiosas ganancias a los empresarios que lucran con ella.
Ante esta constante situación de precariedad, creemos que debe ser el movimiento estudiantil, en unidad con las y los trabajadores, quienes se propongan romper con la lógica de educación de mercado, en donde se acabe con la libertad de enseñanza y se privilegie el derecho a la educación, pasando a ser un derecho garantizado por el Estado.
Debemos tener en cuenta que el movimiento estudiantil y la juventud en general, han sido el principal opositor al régimen político heredado de la dictadura y sus planes de saqueo y privatización de derechos sociales, de su entrada en escena a las calles, de la confianza en las propias fuerzas y en la fortaleza estratégica de aliarse con los trabajadores y otros movimientos sociales, dependerá el desenlace de este proyecto.
Por esto, recuperar en las calles el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad y no sexista, es una tarea fundamental. Para que ésta se sostenga, necesitamos un plan de financiamiento integral del Estado a las universidades públicas y liceos, en donde los recursos sean otorgados directamente a las instituciones de educación. Que, al mismo tiempo, cuente con sistema de acceso, donde nadie se quede afuera y no existan trabas ni filtros de clase para acceder a una educación de calidad.
También, que para el caso de las universidades privadas que continúen afectando a miles de estudiantes, ya sea por su quiebre o se compruebe que lucre, pasen a manos del Estado y sean financiadas 100% por él, así mismo, que sean gestionadas por las comunidades educativas: estudiantes, funcionarios y académicos.
En ese sentido, creemos que este proyecto debe ser financiado con impuestos progresivos a las grandes empresas capitalistas del país, como lo son las mineras de Luksic y SQM, las forestales de los Matte y Angelini, y los puertos de Von Appen, ya que, con solo con un pequeño porcentaje de sus utilidades, podríamos zacear de manera inmediata todas las precariedades que con materia educativa digan relación.
