Está en boga la reforma migratoria que está impulsando el gobierno de Piñera y esta ya muestra una discriminación, no solo con el extranjero, sino también hacia la clase trabajadora ¿Debemos, los trabajadores y trabajadoras chilenas ser solidarios con la situación de nuestros compañeros de trabajo inmigrantes?
Sábado 5 de mayo de 2018
Entre trabajadores es frecuente la discriminación hacia los inmigrantes, no constituyen hechos aislados o "del momento", sino que son cotidianos y muchas veces normalizados. Los diarios y medios de comunicación nos bombardean a diario sobre la creciente alza de extranjeros en el último tiempo, criminalizándolos o haciéndolos responsables por el aumento de la delincuencia, de sobrecargar el sistema de salud pública y de venir a quitarle le trabajo al chileno ¿pero qué hay de cierto en todo estos argumentos?
Hasta abril del 2018 los extranjeros en Chile alcanzan cerca de 1 millón de personas, que representa el 5.5% de la población según las últimas cifras entregadas por las autoridades, luego de la implementación de medidas urgentes a la reforma de inmigración. Centralmente, esta restringe a la comunidad haitiana, obstaculizando su ingreso al país, con trabas burocráticas para conseguir visas de trabajo, con la excusa de que estas medidas son para poner orden y hacer exigir las condiciones de la ley para una migración "ordenada".
Todos conocemos y hemos tenido, a lo largo de nuestra vida laboral, colegas con distinto acento, pero al igual que los trabajadores y trabajadoras de acá, las mismas ansias de vivir dignamente y enfrentarse a las dificultades y miserias que nos impone este sistema. El caso de Joane Florvil, la joven madre haitiana que murió luego de ser acusada de abandono de su hija, en un confuso incidente que no tiene responsables más que el estado y el gobierno de turno. casos lamentables de xenofobia y racismo que diariamente sufren los extranjeros pobres.
A todo esto se suma a que son el sector con los empleos más precarios, con sueldos más bajos y quienes por necesidad deben vivir hacinados y pagando piezas e inmuebles que se llevan la mitad del mísero sueldo mínimo (pactado entre los gobiernos y la CUT) que no alcanza ni para una canasta familiar básica.
Frente a esta realidad, solemos rechazar al inmigrante y, además, pobre; pero no cuestionamos al empresario nacional que se llena sus bolsillos a costa del trabajo de otros.
Este mismo sector empresarial a quien representa el actual gobierno, que quiere que trabajemos más horas y más años y pagar menos. Ese sector qua ya nos obliga a acabar con nuestras últimas fuerzas por la miserable pensión que ellos mismos mantienen con el nefasto (para nosotros, no para ellos) sistema de las AFP.
Los trabajadores y trabajadoras, independiente de su nacionalidad, no tenemos nada más que perder que romper estas cadenas que nos impone el sistema, que nos mantiene divididos y nos moldea en la antipatía por los demás compañeros que nos rodean, y más aún cuando le tenemos miedo y recelo a nuevas culturas y costumbres.
El derecho a cambiar de país es correcto, pero hoy el Gobierno de Piñera lo criminaliza como a todo lo que representa un peligro para su estabilidad, como los movimientos sociales, aferrándose y esparciendo el patriotismo clásico de un gabinete de derecha y de sus amigos, los empresarios.
Así, las reflexiones y opiniones en torno a este tema terminan estando totalmente alejadas de la solidaridad que como trabajadores podemos brindar de forma internacional, puesto que la clase trabajadora es una y sin fronteras, y los trabajadores y trabajadoras tenemos mucho más que brindar al hermano extranjero.
