Con la intención de que organizaciones de trabajadores y la juventud tomen en sus manos la lucha por la solución de esta crisis, impulsamos un proyecto de Ley de Emergencia en la Provincia de Buenos Aires usando como tribuna la banca que conquistó el Frente de Izquierda en las pasadas elecciones que hoy ocupa Christian Castillo, dirigente del PTS.
Miércoles 28 de enero de 2015 13:24
El problema habitacional de la provincia de buenos aires es particularmente complejo por concentrar el 40% de la población nacional en 135 partidos con características productivas y demográficas muy distintas. Pero se pueden plantear tres líneas programáticas de emergencia, incluyendo desde el inicio la prohibición de desalojos y la instauración de un salario mínimo acorde a la canasta familiar.
-Uno de ellos es hacia la vivienda ociosa que en la provincia asciende al 18% de las residencias según censo 2010. Esta situación es resultado de quienes se vieron beneficiados con el crecimiento económico de los últimos años durante el cual los empresarios colocaron en la industria de la construcción parte de los excedentes generados en los distintos sectores de la economía.
Es por ello que es necesario llevar adelante un relevamiento provincial de viviendas vacías producto de la especulación de empresas y sociedades de inversión, exigiendo la inmediata puesta en alquiler de los inmuebles o venta para ocupación comprobable. De no cumplirse, declarar las viviendas sujetas a estatización con opción a compra por parte del inquilino a un valor de cuota que no supere el monto del alquiler.
-En el caso de las viviendas de alquiler que llega al 15% de las viviendas ocupadas, se expresa crudamente los aumentos cotidianos de los valores del suelo y el libre hacer de las inmobiliarias. Por ejemplo para que una familia tipo pueda entrar a una vivienda de dos dormitorios deberá disponer de dinero equivalente a 4 meses por adelantado entre depósitos y gastos, o sea más de una vez y media un salario mínimo (cada 2 años), y pagar una mensualidad que ronda entre un 25 a un 40% de ese salario. Por otro lado los que no pueden cubrir esos gastos se ven obligados a arriesgarse a la poca previsibilidad del mercado informal de alquileres, donde además mucha de las veces se trata de viviendas en malas condiciones habitacionales o no declaradas.
Es por eso que es necesario establecer un máximo de un mes adelantado, más datos personales como únicos requisito para alquilar una vivienda. Además hay que extender los contratos de 3 a 5 años según la dinámica de movimiento residencial de cada ciudad y establecer la renovación de contratos sin costo para el inquilino. También es necesario implementar una escala de costo de alquileres según metros cuadrados de la vivienda, calidad y ubicación urbana para cada ciudad, teniendo como valor máximo el 20% del salario mínimo.
-En cuanto a la construcción de viviendas nuevas, es importante primeramente además de hacer una evaluación de las características de la vivienda a construir y el patrimonio (en caso de plantearse demoler), si la obra se tratase de edificios de media y alta densidad debiera hacerse una evaluación donde participen vecinos, destinatarios, organizaciones sociales, profesionales y las universidades que apruebe o no la construcción en relación al impacto urbano (valores de suelo, ubicación, redes de servicios, infraestructura, impacto ambiental, en la movilidad, paisaje urbano, etc.) y la cantidad de viviendas no ocupadas de la ciudad. También es necesario establecer un porcentaje de residencias en edificios mayores a cinco niveles de propiedad horizontal de inversión privada, para ser asignadas para uso temporario a familias con problemas habitacionales.
Por otro lado, el necesario crecimiento urbano deberá preverse en espacios bacantes de la ciudad, que tengan servicios o que sean los más próximos a ellos. La cantidad de viviendas a construir se tendría que evaluar según la relación de superficie del terreno a una proporción adecuada de espacios verdes, escuelas, hospitales, centro deportivos y culturales con un criterio de compacidad urbana y residencial.
Para poder llevar adelante estas primeras medidas para resolver de manera urgente la problemática habitacional que sufre la provincia, es necesaria la movilización de las organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos, con los sindicatos a la cabeza y que forme parte de los planes de lucha por las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras bonaerenses. Esto sería solo el primer paso hacia una sociedad donde los trabajadores podamos decidir democráticamente el tipo de ciudades en las que queremos vivir.
