Por una ley municipal y autonómica contra la precariedad laboral en Hostelería

Todo ello en el marco de que los trabajadores de la hostelería se vienen movilizando en la capital aragonesa por un convenio digno, a quienes que se han sumado ahora los trabajadores de Barcelona.

Licencias del Ayuntamiento fraudulentas para pagarles a sus trabajadores un 30% menos

La polémica, que ha durado prácticamente un año, vino a raíz de las quejas que la patronal hostelera y los sindicatos UGT, CCOO y OSTA dirigieron contra el gabinete del Ayuntamiento (en manos de Zaragoza en Común) por conceder licencias de comercio de manera irregular a las nuevas panaderías-bar.

Por razones muy diferentes, patronal y sindicatos denunciaron que ZEC consideraba la actividad de estos negocios como meros comercios, cuando en realidad deberían ser tratados como bares ya que ofrecen venta y consumo de sus productos en el interior del local.

Aprovechando esta situación, muchos negocios de este tipo han abierto en las llamadas “zonas saturadas”, donde está prohibido instalar más bares. Por otro lado, ha sido la excusa perfecta para pagar a sus trabajadores “un 30% menos de lo que deberían”, es decir, 6000 euros al año menos por no estar incluidos en el Convenio de Hostelería, como denunciaban los sindicatos.

Frente a esta situación, al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Pablo Muñoz, lo único que se le ocurrió decir fue, según el Heraldo de Aragón, que “el modelo de estas panaderías nos parece bueno, está funcionando, crea empleo e incluso no genera problemas en las zonas saturadas”. Para desmarcarse, afirmó que los salarios de miseria e irregulares de los trabajadores era una “cuestión más laboral que de Urbanismo”.

Finalmente, el Ayuntamiento sin aportar soluciones, pasó el problema al Gobierno de Aragón (gobernado por el PSOE con el apoyo de Podemos) que resolvió que tras el plazo de dos meses, las panaderías-bar deberían obtener una doble licencia (sumar a la comercial, la licencia de hostelería), y si no lo hacen, restringir la venta de productos y su consumo a simple “degustación” como marcan por ley las licencias.

Pero como es costumbre, ni el Ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón sacaron este decreto en firme para proteger a los trabajadores de la precariedad laboral, dejándole la labor a cargo de Inspección de Trabajo, para que resolviese cómo hacer cumplir las leyes (claras o ambiguas) que previamente gobiernos y ayuntamientos han aprobado.

Lógicamente, al no imponer un decreto ni una ordenanza municipal firme contra la precariedad laboral (por ejemplo, obligando a las empresas a cumplir el Convenio de Hostelería) la Inspección de Trabajo tampoco estará obligada a hacer cumplir una ley que no existe.

Como explicaba OSTA en su comunicado, al mantener el Gobierno de Aragón las dobles licencias (comercial y hostelería) en estos negocios, la Inspección de Trabajo lo podría tomar como una “actividad económica híbrida entre la actividad de panadería y la de hostelería”, lo cual deja la puerta abierta para que esta patronal siga pagando a sus trabajadores 300 euros menos al mes.

Para el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, mejor bien vestidos que bien pagados

Esta situación pone al desnudo la responsabilidad y el rol que juegan instituciones como es el Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza en la legitimación de la precariedad laboral en la ciudad.

Estos dos poderes tienen en sus manos, entre otras cosas, la capacidad de ordenar, regular y controlar el espacio y el suelo urbano a través de ordenanzas municipales y decretos. Y a pesar de que la reglamentación en manos de las localidades es estrecha y parcial si la comparamos con el conjunto de leyes que están en manos del poder central, son poderosas palancas para pensar creativamente cómo hacerle la vida imposible a la patronal que precariza nuestras vidas.

Es el Gobierno de Aragón, a través del Decreto 81/1999 del 8 de Junio publicado en el BOA (y que ha servido de mediador en el actual conflicto), quien establece “las normas sobre ordenación de bares, restaurantes y cafeterías y establecimientos con música, espectáculo y baile”.

Este decreto no solo establece quién tiene autorización para la concesión de licencias, sino que establece al detalle cómo deben estar organizados los establecimientos, desde el secador de las manos hasta la uniformidad de los empleados.

Pero vergonzosamente, en el voluminoso decreto no se dice absolutamente ni una palabra, ni siquiera una cláusula social que garantice y defienda las condiciones de los trabajadores como principal exigencia para que un patrón pueda adquirir una licencia. Al parecer, al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza le da igual si somos esclavos asalariados mientras estemos bien vestidos.

Por un ley municipal y autonómica contra la precariedad laboral y la patronal hostelera

Y este aspecto es tremendamente importante para los trabajadores. Dos sencillas cláusulas sociales en este Decreto serían un gran triunfo para los trabajadores contra la precariedad laboral.

Por ejemplo, decretar que la patronal de aquellos establecimientos que quisiesen trabajar como actividad de hostelería se le retiraría la licencia y el derecho de adquirir espacio ciudadano en caso de no garantizar a todos y todas sus trabajadoras el cumplimiento del Convenio de Hostelería que tuviera las mejores condiciones.

Otra sencilla medida sería conceder derechos políticos a los sindicatos y a comités de trabajadores organizados para hacer efectivo el control del cumplimiento del convenio en el sector de la restauración. Esta última es una reivindicación que los trabajadores de la hostelería en Zaragoza venimos exigiendo en la actual negociación del convenio.

Estas medidas a favor de los trabajadores, que, por supuesto, están lejos de ser algo “revolucionario”, serían sin embargo un impulso muy significativo a la lucha contra la precariedad laboral en uno de los sectores que más la sufre.

Los más de 8.000 trabajadores de la hostelería en Zaragoza tendrían en sus manos una palanca muy poderosa con la que amenazar y presionar a sus patrones que todos los días incumplen el Convenio. Por ejemplo, los y las trabajadoras de Telepizza y Domino´s Pizza podrían imponerle lo mismo a la multinacional. Todo ello, teniendo en cuenta que actualmente se está negociando el Convenio de Hostelería.

La política de Podemos en el Gobierno de Aragón y las palabras del concejal de Urbanismo sobre el conflicto de las panaderías-bar reflejan el nivel de preocupación que tiene el gabinete acerca de los miles de trabajadores que vivimos en la ciudad aguantando la explotación, el abuso patronal y los salarios de miseria.

El problema político no sólo es que ZEC y Podemos no tengan un programa para combatir la precariedad laboral, sino que tampoco tienen una estrategia independiente de la patronal para imponer cualquier demanda social.

La intervención del concejal de Urbanismo para señalar que no le compete la situación laboral de los trabajadores precarios no es una excusa para que ZEC no utilice su posición institucional para mover todas las palancas a su alcance (por ejemplo, licencias de urbanismo, regulaciones o incluso normas de tráfico) con el fin de imponer a la patronal un programa obrero.

Ninguna conquista institucional servirá de nada si ésta no está ligada a poner el escaño parlamentario al servicio de los trabajadores haciendo que sean los capitalistas quienes carguen con el costo de su crisis.