REUNION COIRCO. Portezuelo del Viento: "Hay que discutir en serio la crisis y salidas estratégicas de la matriz energética"

La represa está emplazada sobre el río Grande, que es el principal afluente del río Colorado, que atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. A principios de mes, Alberto Fernández anunció que quedaba en suspenso la obra, objetando que no había consenso entre las cinco provincias.

Sin embargo, el pasado lunes 22 el gobernador Rodolfo Suárez se reunió con el Ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro quien a través de Twitter expresó que hablaron sobre la deuda que tiene la provincia con el Banco Nación y sobre la propuesta de Suarez en relación a la obra de Portezuelo del Viento, que también presentará a los gobernadores de las provincias que integran COIRCO.

Hoy recibimos al gobernador de Mendoza @rodysuarez. Conversamos sobre la deuda que tiene la provincia con el Banco Nación y me acercó una propuesta sobre la obra de Portezuelo del Viento, que también presentará a los gobernadores de las provincias que integran COIRCO. pic.twitter.com/I0vCbg0yxg

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 22, 2020

El documento que presentó detalla que: “en caso de ser requerido por el resto de las provincias, Mendoza se compromete a ratificar la ampliación de facultades del Coirco como autoridad de aplicación de las normas de manejo de agua y primer llenado”. Y agrega que “las normas de llenado y operación del embalse se encuentran acordadas y aprobadas por la autoridad de cuenca, que en este caso es el Coirco , quedando bajo esta normativa el manejo del agua del Embalse Portezuelo del Viento”.

Respecto al proyecto de la represa, Franco Salvadores, geógrafo y becario doctoral INTA-CONICET, expresó en una nota en un medio local que “Más de cincuenta años han pasado para diseñar alternativas a un proyecto que sin reparos se lo presenta como renovable y participativo. La ausencia de opciones pone de manifiesto el desinterés de la dirigencia por cuestionar un modelo de desarrollo que se apoya en una visión fragmentada del territorio en la que hay ganadores y perdedores. Una visión que busca consolidar un territorio concentrado y una relación de fuerza con los recursos naturales. Con el justificativo de las necesidades de empleo de la población, se continúa con las prerrogativas de una sociedad desigual”.

Desde a Legislatura provincial, el senador del FIT, Lautaro Jimenez explicó que "las idas y vueltas de este proyecto no tienen que ver con una disputa por la planificación ambiental, energética o económica nacional o interprovincial. Sino con los intereses del gobierno nacional por subordinar a la gestión provincial a determinadas negociaciones políticas, que muchas veces no se hacen públicas pero se insinúan como intercambios de favores. Lo cierto es que este acuerdo fue parte del armado de Kirchner, De Vido y Cobos de la famosa "transversalidad" de la Concertación que llevó a Cristina como candidata a presidenta y al gobernador mendocino como vice, cuya concreción fue tan frustada como esa obra de ingeniería política, digamos ’no positiva’".

El proyecto fue reflotado como muestra de apoyo financiero de Mauricio Macri a la gestión de Alfredo Cornejo, no sin pérdidas para la provincia, ya que la obra quedó truncada en algo que podría haber sido -con estudios y consensos serios mediante- de mayor beneficio ambiental y productivo, el trasvase parcial de caudales del Río Grande al Atuel, y subordinando la financiación a una serie de pagos fijos que difícilmente podrían garantizar su concreción. Y ahora puesto en suspenso por parte de Alberto Fernández en un contexto de tironeos en el Congreso por el nombramiento de funcionarios judiciales y otro tipo de votaciones que requieren de mayorías especiales. Como cobertura de estas especulaciones políticas non sanctas se habla de cualquier cosa, digamos estudios de impacto ambiental, digamos consenso entre distintas provincias. Todas excusas que nada tienen que ver con los intereses reales en juego".

En relación al proyecto, Jimenez, señaló que "este tipo de obras, si bien producen energías limpias, requiere una evaluación de impactos y costos, integral, como parte de una empresa provincial de generación y distribución de energías que hoy se encuentra desarticulada y en manos de distintos grupos de empresarios que cobran tarifas carísimas, usando en gran medida una matriz de hidrocarburos que son contaminantes, y que fugan al exterior sus ganancias, a paraísos fiscales. Lo que le hace imposible a la provincia contar con recursos propios para desarrollar inversiones hidroeléctricas, eólicas y solares propias. Es decir, apuntar a un cambio en la matriz energética. Se investiga poco, por lo que se convierte obras como Portezuelo casi en una condición sine qua non para desarrollar la obra pública energética, que tiene una envergadura e impacto muy grande, pero una eficiencia energética difícil de proyectar frente a la disminución de caudales provocada por el cambio climático. Hay que discutir en serio la crisis y salidas estratégicas de la matriz energética de la provincia y el país".

"Por otra parte el negociado de la obra pública en manos de las empresas privadas de la llamada ’patria contratista’ hace que gran parte de los recursos sea desviado en sobreprecios y rentas para grupos privados que todo lo encarecen. La propia licitación de Portezuelo ha despertado denuncias cruzadas sobre favoritismos y acomodos. No es casualidad que este acuerdo haya sido propuesto a los gobiernos de Cobos, De Vido y Kirchner por Enrique Pescarmona, un confeso pagador de coimas enriquecido durante décadas por el negociado de la obra pública y la estatización de su deuda privada durante la última dictadura militar por Domingo Felipe Cavallo. Por eso desde el FIT siempre planteamos que este tipo de obras tiene que ser llevadas adelante, desde sus etapas de la planificación hasta su construcción, en forma integral por el estado, desde una gestión a cargo de sus propios trabajadores, junto a profesionales y científicos de las universidades públicas".