Racismo en Estados Unidos. Portland: la ciudad militarizada por Trump que cumple dos meses de protestas

El presidente Donald Trump ordenó la semana pasada el envío de tropas miltitares federales a la ciudad de Portland, pertenciente al Estado de Oregon, en un intento de poner fin a las grandes protestas que no cesan en esa ciudad desde el asesinato de George Floyd en manos de la policía racista de Minneapolis.

Las protestas de Black Lives Matter (BLM) que se replicaron en cientos de ciudades del país y del mundo, sumado al desastroso manejo de la pandemia, fueron un duro golpe a la imagen política de Trump de cara a su propósito de reelección en la contienda electoral de noviembre. Con esta intervención federal sobre un Estado, pasando por encima de la autoridad de los gobernadores, Trump busca dar una imagen de "mano dura" y "orden" para polarizar con los demócratas mostándolos como "débiles" y sin capacidad para manejar la situación, buscando así consolidar el núcleo duro de su base electoral.

Vale tener en cuenta que a pesar de las poses y demagogia de los demócratas con las protestas por BLM, éstos también reprimieron las manifestaciones en sus Estados, y son quienes históricamente le dan el poder a la policía que reprime a los negros y jóvenes. El propio candidato presidencial por el partido demócrata Joe Biden, en un fallido intento de discurso progresista ante la brutal represión desatada en las ciudades, sugirió a la policía "disparar a las piernas y no al corazón" de los manifestantes.

Desde la llegada de los agentes federales a Portland la represión escaló, al igual que los enfrentamientos y las detenciones. Se produjeron hechos de violación a las libertades democráticas más básicas, como la detención arbitraria y el secuestro de manifestantes en automóviles sin matrícula a manos de agentes con uniforme militar y sin identificación.

Se calculan más de 40 detenciones, entre las cuales se denunció la falta de registros oficiales de los procedimientos y el ocultamiento de los lugares de detención. Las detenciones se llevaron adelante sin acusaciones legales y según las denuncias hechas, luego de leérsele los derechos se les pedía a los detenidos renunciar a los mismos. El nivel de ilegalidad en los procedimientos fue tal, que varios detenidos creyeron estar siendo secuestrados por grupos de extrema derecha.

Controversias

La intervención federal encendió la polémica en todo el país, tanto en el poder político como entre los expertos legales. Y en particular con la autoridades de Oregón y los Estados que también fueron amenazados por el presidente con el envío de tropas. El alcalde de Portland, Ted Wheeler junto a la gobernadora Kate Brown, calificaron la medida de Trump como "inconstitucional" y "propia de una dictadura". Por su parte la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que a pesar de no descartar una colaboración con el poder federal, rechaza el accionar visto en las calles de Portland a mano de las agencias de seguridad especiales enviadas allí.

A pesar de las declaraciones de las autoridades demócratas, a quienes también les favorece la polarización con Trump y sus métodos que son repudiados por una gran parte de la población, ellas son tan responsables como los gobernadores republicanos y el presidente Trump de la reproducción de la violencia policial y el racismo en sus estados. Se trata de quienes también reprimieron las movilzaciones por BLM en sus Estados y en el caso de Portland, el poder judicial llegó a prohibir a la policía local el uso de gases y balas de impacto, por las lesiones provocadas a los manifestantes que en algunos casos fueron de gravedad.

Sin importarle las controversias que desató en el poder político sobre la constitucionaildad o no de la medida, Trump fue por más. Felicitó por Twitter a los agentes federales por "estar manejando la situación muy bien" y sostuvo que replicaría la intervención en otros estados como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Detroit.

Una orden ejecutiva amparada en una ley de inicios del Siglo XIX

Esta intervención federal sobre el Estado de Oregón, llevada adelante por medio de una orden ejecutiva firmada el mes pasado por Trump, se ampara en una ley estadounidense de principios del siglo XIX que establece ciertas circunstancias en las que Washington D.C puede intervenir un Estado, sin la autorización de sus gobernadores. Una de esas circunstancias refiera a "situaciones donde en un estado se hace imposible hacer cumplir las leyes de Estados Unidos o cuando los derechos de los ciudadanos están amenazado". Una proposición lo suficientemente general para ser usada de forma arbitraria por el poder ejecutivo cuando la situación política lo requiera.

Esta ley fue aprobada en 1807 y tenía como fin convocar a milicias contra las comunidades originarias del territorio estadounidense; en el texto jurídico se refiere a la "protección" contra las "incursiones hostiles de los indios". Posteriormente esta ley fue extendida para permitir el uso del ejército en protestas internas y para "proteger los derechos civiles" de los ciudadanos.

Las manifestaciones masivas en Portland comenzaron el 29 de Mayo, pasados cuatro días del asesinato de Floyd. Desde ese momento no han cesado y las noches de la ciudad se convirtieron en escenarios de protestas y enfrentamientos con la policía. Los jóvenes negros, blancos, latinos, y también población más adulta, utilizan escudos caseros como trineos o paraguas. Los manifestantes gritan "Go Home Fed’s" (fuera las fuerzas federales) y generan lazos de solidaridad, como el caso de cientos de mujeres que se hacen llamar "el muro de las mamás" y forman cordones entre la policía y los manifestantes.

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Si bien las movilizaciones por BLM que hace algunas semanas sacudieron al mundo y al centro del imperio, vinieron decreciendo luego de movilizar a decenas de millones, en ésta ciudad las movilizaciones continaron y en los últimos se vio una agudización de los enfrentamientos como respuesta a la intervención del ejército.

Habrá que ver hasta donde llegarán los planes de Trump de seguir interviniendo Oregón y posiblemente los otros Estados para intentar aplacar las protestas. Deberá medir entre la utilidad que ésto tiene para consolidar su base social y conformar al ala derecha de los republicanos por un lado y la crisis política que le puede generar el uso de mecanismos legales que se encuentra al filo de la inconstitucionalidad, por el otro.

Esto en el marco de la bronca aún presente en los millones que salieron en las demás ciudades a manifestarse contra el racismo y la violencia policial y a poner en cuestión pilares del régimen como la legitimidad de las fuerzas de seguridad. Bronca atravesada por la parte que le toca a las poblaciones negras y más explotadas en la pandemia del coronavirus.