Crónica. Postales de la clase trabajadora en la Colombia rebelde

El piquete en uno de los suburbios de Cali parece impenetrable. La ciudad es, desde hace 20 días, uno de los centros de la resistencia.

Una joven se acerca a la cámara. Tiene el rostro tapado para que no la reconozcan ni sus jefes ni los “para” que andan cazando gente en las calles. Señala las gomas humeantes.

-Esta es la única manera que seamos escuchados. Yo soy enfermera. Trabajamos 12 horas, hay compañeras que trabajan 48 horas seguidas. Eso los medios no lo ven. El personal de salud tiene que pagar su propia prestación de salud, su sistema de pensión, no es justo.

Como ella, miles de trabajadoras y trabajadores precarios se mezclan con la juventud desocupada, los estudiantes, campesinos, la Minga indígena y algunos sindicatos que forman parte de la rebelión. Tienen muchos motivos para estar en la “primera línea”.

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Lloviendo sobre mojado

La crisis y la bronca popular llegaron muchos antes que el covid. Por eso la rebelión que comenzó este 28 de abril prendió con las brasas todavía encendidas que dejaron las de 2019 y 2020.

Porque los dueños de Colombia quisieron aprovechar la pandemia, que se lleva 500 vidas por día, para insistir con la receta. Hambre y balas. “El Gobierno genocida de Duque es más peligroso que la pandemia” dice una bandera que cuelga de los puentes peatonales. Es lo que explica que, aunque retiraron parte del “paquetazo”, el levantamiento sigue.

Pero, ¿cómo está la clase trabajadora en la Colombia rebelde?

En medio de una economía que se cae a pedazos, 2,4 millones de trabajadores perdieron el empleo o sus ingresos entre 2019 y 2020. La desocupación supera el 20 %. Según las estadísticas oficiales la pobreza superó el 40 %, pero estudios independientes la ubican en 60 % en las ciudades, 80 % en el campo.

Parecen solo números pero se sienten en las tripas: tres de cada diez hogares colombianos comen solo dos veces al día.

Como nos cuenta un joven mensajero en el mismo piquete de Cali: “falta trabajo, falta educación, el campesino está sufriendo, están matando niños de 16 o 17 años. Queremos un cambio para el país”.

Los golpes de la precarización

Gilberto Pareja integra el Comando Departamental de Paro de Cali, donde la “primera línea” y las marchas masivas le marcan la cancha a las conducciones. “Hoy la clase trabajadora afronta condiciones de violencia muy tenaces, un desempleo que supera el 20 %, un subempleo con la economía informal que supera el 46 %”, le dice a La Izquierda Diario. “Los salarios han perdido su poder adquisitivo y con el decreto 1174 quieren acentuar aún más la precarización: legalizar el trabajo por hora, el contrato por termino fijo e indefinido, ni siquiera la seguridad social la asumen los empresarios”.

Hoy el salario mínimo colombiano es tan miserable como el argentino: 250 dólares. Siete de cada diez trabajadores son informales. De quienes trabajan para algún patrón, cuatro de cada diez no tienen ningún tipo de contrato por escrito. Los contratos “basura” y la tercerización son una plaga. Solo uno de cada diez trabajadores es beneficiado por negociaciones colectivas.

Alcanza con recorrer un par de ejemplos. La multinacional autopartista Yazaky tiene a casi todas sus obreras con contratos temporales. Se los renueva si se le da la gana. La atunera Seatech, donde es accionista el ex presidente Álvaro Uribe, tiene 1950 contratadas y solo 50 efectivas. La telefónica Claro tiene 20 mil tercerizados. Ecopetrol tiene 8000 “contratas”. En el café se trabaja a destajo desde los 13 años pero casi no hay trabajadores que tengan aportes jubilatorios (pensiones). Es trabajar hasta morir.

A pesar de esa brutal situación, las contrareformas de Duque quieren darle una vuelta de tuerca.

El decreto 1174, vigente desde febrero, precariza la seguridad social, permite a las empresas pasar de contratos de tiempo a otros de tiempo parcial o directamente por horas, facilitando el despido, además de librarlos de la cotización obligatoria al sistema de riesgos laborales. Desde que entró en vigencia en febrero muchas empresas están despidiendo a estos trabajadores “de segunda” para reemplazarlos por otros “de tercera”.

Su derogación es una de las principales demandas de las movilizaciones.

Una juventud sin derechos y sin miedo

“Viva el paro”. Un joven con gorra, barbijo y antiparras sostiene el cartel ante los disparos de la ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Hace rato perdió el miedo. O por lo menos ya no lo paraliza. Es parte de esa juventud que dejó de morderse los labios en solitario ante el basureo patronal y las puertas cerradas de la universidad, y se unió en las calles.

“Cuando iba a la escuela ya trabajaba. Primero con familias y conocidos, después entré a una empresa, pero “en negro”. En Colombia nunca tuve un trabajo en blanco”, cuenta Felipe. Tiene 24 años y llegó desde Bogotá a Buenos Aires hace 3. Hoy pedalea para una aplicación. “Con suerte podés conseguir trabajo en call center tercerizados, en gastronomía o reparto pero hay mucha precariedad. Entrar a la universidad pública es difícil, hay muchos filtros. Y con tanto desempleo, hay miedo a perder el trabajo por reclamar”.

Según los datos oficiales, en 2020 el desempleo juvenil llegó al 30 %, 12 puntos más que en 2019. Para las jóvenes fue mucho peor: casi 38 % según datos oficiales. Además cobran mucho menos que los adultos.

Felipe mira las imágenes que llegan de Colombia, los audios de sus amigos, y se le encienden los ojos. “Esa es una de las razones por las que la juventud decidió copar las calles. Creció mirando y viviendo que estaban matando a esas generaciones por protestar y buscar mejores condiciones. Los grupos paramilitares, la policía, mismo la patronal, usan la violencia. Siempre fue así”. Pero se le encienden de nuevo los ojos cuando ve como la juventud se rebela en su país, en Chile y la “primera línea” empieza a contagiarse.

La juventud sin derechos es también la juventud sin miedo. Como cuenta Sainjei, militante de Juventud Rebelde, “hay organizaciones que vienen de antes, pero hay una potencia movilizadora que los desborda. Y ahora estamos frente al surgimiento de nuevos procesos organizativos. Y eso es, eso es bellísimo, porque nacen de las periferias, nacen de lo más crítico de nuestra realidad”.

Ellas, siempre en la primera línea

“Renuncia Duque, tu gobierno huele a miseria”. Los ojos de la joven apenas asoman por encima de esos carteles que también hacen de escudo contra la policía.

Las jóvenes no solo están más desocupadas que los varones de su generación, además tienen salarios 40 % más bajos. Están llenas de rabia.

Muchos de los sectores más golpeados por la pandemia, salud, educación, comercio o casas particulares, son realizados por mujeres. Ni hablar de las tareas de cuidado no remuneradas.

Por eso, según datos gubernamentales, el año 2020 terminó con un desempleo femenino que triplica al de los varones.

La precariedad también la sienten más. Como contaba la enfermera del piquete de Cali. El 77% del personal de salud en Colombia son mujeres y el mismo número arroja la tercerización en el sector. ¿Casualidad? No parece. Desde los gremios denuncian que con la pandemia trabajan más, cobran menos y hasta han tenido que comprarse las mascarillas y barbijos.

El audio de una médica llega a La Izquierda Diario en la noche del viernes. De fondo se escucha una sirena. “Nos están censurando, hasta nos quitan la internet. Queremos tumbar el proyecto 010, que afectará la salud como un derecho fundamental, para mercantilizarla más aún, convertirla en un lujo”. Pero no están solo por sus reclamos. Por eso la “primera línea” contra el virus también está en primera línea de la rebelión. “Tengo compañeras que están en las marchas auxiliando a los manifestantes heridos”.

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De los creadores del modelo Rappi

Carolina llegó a Colombia desde Venezuela pero habla con La Izquierda Diario desde Ecuador, donde espera refugio. “Me amenazaron. Persiguen a quienes nos estamos organizando. Están matando al pueblo colombiano, como migrante me pueden desaparecer y nadie se entera”. El 70% de los trabajadores de plataforma son migrantes. Ya es parte de la patria repartidora.

¿Y a quién desafió Carolina? A uno de los modelos exitosos que exporta el empresario colombiano: Rappi y las aplicaciones de reparto.

“Sabemos la precarización que hay dentro de las plataformas digitales. Con la pandemia empezaron a pagar peor las tarifas, aumentaron el kilometraje, no teníamos espacio donde estar y la policía venía a quitarnos. Se roban las tarifas, nos roban las propinas, no tenemos ni baños”. En agosto de 2020 llegaron a convocar a 3000 repartidores. Luego fundaron UnidApp (Unión de Trabajadores de Plataforma), de la que es secretaria general.

Rappi fue uno de los primeros “hit” del capitalismo de plataformas. Desde Bogotá se expandió a toda la región, ahora sostenida por fondos de inversión millonarios.

Como con el resto de los dueños de Colombia, Duque le dió una manito. “Tuvimos una mesa de diálogo con el Ministerio de Trabajo. Nos dijeron que no somos trabajadores” cuenta Carolina.

El hostigamiento comenzó el día que fundaron el sindicato. Cuando repartía volantes, Carolina se dio cuenta que la seguían. Eran “brigadistas” de Securitas Colombia. Rappi los contrató, en teoría, para que los rappitenderos usen tapabocas y no se “aglomeren”. Para esa “noble” tarea andan armados. Como relata Laila Abu Shihab Vergara en la revista Vorágine, son los mismos que caen con policías y agentes de Migración para hostigar a los repartidores.

Pero su bronca es una de las que alimenta la rebelión. “Estamos peleando para que se reconozcan nuestros derechos, no nos sigan explotando los dueños se hacen multimillonarios mientras nosotros pedaleamos todo el día. En el Cauca (Cali) están matando a la Minga indígena, a los manifestantes, están metiéndose con los repartidores también. Hay muchos manifestándose, aunque no vayan vestidos como domiciliarios sino como jóvenes trabajadores por sus derechos”.

Un siglo de crímenes contra los sindicatos

La persecución que denuncia Carolina y sus compañeros es un capítulo más de la historia criminal del empresariado colombiano. Su bautismo de fuego fue la masacre de las bananeras. En diciembre de 1928 el Ejército arremetió contra una huelga por mejores salarios y descanso dominical. 1800 muertos.

Noventa años después, los resultados fueron devastadores. Según un estudio de la Escuela Nacional Sindical, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado al menos 3.277 homicidios, 428 atentados, 253 desapariciones forzadas y 1.952 desplazamientos forzados. Cuatro de cada diez eran dirigentes sindicales, muchos otros activistas de base.

Quien coordinó la investigación, Eugenio Castaño González, cuenta a La Izquierda Diario que “esa violencia antisindical ha sido sistemática, masiva e histórica. Marca una diferencia a otros países de la región, donde esa violencia ocurrió con regímenes militares. Muchos lo han definido como un intento de genocidio, de exterminio contra el movimiento sindical”.

Aunque comenzó hace más de un siglo, “a mediados de los 80 esa violencia se tornó mucho más letal, con participación de los grupos paramilitares, en alianza con las elites y las fuerzas armadas”. Castaño González hace una periodización histórica, mostrando los “picos” de esa violencia, que coinciden con los intentos de aplicar planes de ajuste, privatizaciones o domesticar a las cúpulas sindicales. “Porque no fue contra cualquier movimiento sindical sino aquel ligado a la izquierda, contra quienes proponen una sociedad alternativa”.

En los últimos años las denuncias contra el sicariato antisindical han involucrado a multinacionales reconocidas, como Coca-Cola o Nestlé.

Las consecuencias de esa violencia están a la vista. Los dueños de Colombia no solo han logrado imponer sus condiciones de explotación. Además han logrado que sea el país con menos tasa de sindicalización de la región. Solo un 5 % de sus 20 millones de trabajadores y trabajadoras pertenecen a alguna organización. Pero además han buscado cooptar, fragmentar y domesticar a las organizaciones existentes. Como explica Mauricio Archila analizando las protestas en las últimas décadas, “no solo rebaja la participación de los trabajadores asalariados en la protesta social colombiana, sino que la huelga deja de ser la forma privilegiada de presión colectiva en el mundo laboral, a favor de modalidades de menor confrontación, como las movilizaciones”.

Hoy las conducciones sindicales se dividen en quienes están totalmente adaptadas al régimen y quienes participan de las movilizaciones pero buscan contener a los sectores más combativos de la rebelión y negociar parte del pliego de demandas con el Gobierno.

Mientras tanto, el Estado no pierde las mañas. El pasado 3 de mayo, en una playa del municipio de Buenaventura apareció el cuerpo sin vida, con signos de tortura, de Beatriz Moreno Mosquera, docente jubilada y líder del SUTEV.

Chispas de la rebelión

Esa historia de precarización y sicariato no logró evitar luchas que, aunque aisladas, intentan resistir esos golpes empresarios.

Una de las que vale la pena rescatar es la que vienen dando los últimos años las obreras de Seatech International, que hacen el atún más famoso de Colombia. Como contaba en una de esas huelgas su sindicato, el Sinaltrainal, “la mayoría de la plantilla son mujeres cabeza de hogar, el 99% de ellos no cuentan con contrato directo, pues están tercerizadas. Su lucha contra la violación de sus derechos ha sido titánica. La empresa sacó de sus puestos de trabajo a 120 trabajadoras, por estar afiliadas a lo que llama ‘Sindicatos Rojos’, prefiriendo pagarles salario en sus casas. Pero por fin se logró obligar a la empresa a reintegralas”. Hace pocos meses volvieron a rebelarse contra las condiciones de trabajo en medio de la ola de covid.

Es parte de distintas luchas que muestran cómo la clase trabajadora puede levantar la cabeza. Como la huelga de los mineros de Cerrejón (Glencore), que duró 91 días contra el “turno de la muerte”. O la de los trabajadores de Ecopetrol en 2017, contra la tercerización. La pelea en PepsiCo contra los contratos precarios y las persecuciones. O los nuevos procesos de organización que vemos en las plataformas o la juventud precarizada que hoy sostiene los piquetes.

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La fuerza que puede cambiar la historia

Esas “chispas” en los lugares de trabajo son iniciales pero valiosas. La clase trabajadora colombiana ha participado en las tres rebeliones populares de estos años, pero todavía no ha podido protagonizarlas con toda su fuerza social y política.

Hoy aparece una nueva oportunidad. Es lo que temen el Gobierno y la clase empresaria.

Por eso apelan a la trampa del diálogo y la represión a la “primera línea”. Pero además, buscan evitar la entrada de esa masiva fuerza obrera con sus métodos. Los más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras que hacen funcionar el transporte, los aeropuertos, los puertos, las telecomunicaciones, la logística, las grandes alimenticias, la inmensa cadena agroindustrial, las mineras, los oleoductos y refinerías, los hospitales y escuelas.

Si se ponen en marcha esas posiciones estratégicas del capitalismo colombiano, las jornadas de protesta pueden convertirse en verdaderas huelgas generales, paralizando el país y organizando masivamente la autodefensa contra la represión.

Para eso necesita enfrentar su fragmentación, entre los millones de asalariados, “independientes” y desocupados. Y ganarse, con esa fuerza, el derecho a encabezar la alianza con los millones de jóvenes, estudiantes y campesinos que están en las calles. Al calor de esas peleas habrá que poner en pie una organización que pelee para que en Colombia y toda América Latina gobiernen los trabajadores y explotados.

Por eso, aunque a algunos les parezca lejano, allí también se define nuestro futuro.