Una de las herencias de la dictadura militar es la precarización del trabajo en Chile, que aumentó las condiciones de explotación de los trabajadores, generalizando fenómenos como la subcontratación, externalización de los servicios públicos, flexibilización contractual para el conjunto de los asalariados del país.
Jueves 22 de junio de 2017
Según un estudio sobre “la flexibilización de las relaciones del trabajo en Chile” (OIT, 1999) evidencia el aumento de la inestabilidad laboral que pauperiza la vida de los trabajadores con distintas formas de flexibilización laboral todas ellas presentes en el sistema laboral Chileno.
Con flexibilización de entrada, con contratos que se renuevan anualmente o por faena y la “flexibilización de salida”; la cual está asociada con la facilidad empresarial de disponer de términos de contratos, de reducir los costos de los despidos de los trabajadores.
También existe “flexibilización numérica interna”, la cual consiste en las imposiciones de las jornadas de trabajo, mediante amparos individuales en desmedro de contratos colectivos, y ni hablar de negociaciones ramales.
y finalmente esta presente la “flexibilidad funcional” en la cual permite obtener movilidad funcional y geográfica, esto es que los empresarios, y el Estado podría destinar al trabajador al desarrollo de una función distinta a la convenida o su traslado a un puesto de trabajo que, perteneciendo a la misma empresa, se encuentra ubicado en un lugar distinto, y en ocasiones pueden integrar cláusulas de polifuncionalidad en sus contratos individuales de trabajo.
Estas condiciones de trabajo están tanto en la empresa privada como en el Estado
Donde muchos trabajadores, que aunque cumplan funciones y servicios de la empresa (Estado) mandante no terminan siendo contratados por esta, discriminando los derechos de los trabajadores entre lo de planta y honorario.
La prepotencia empresarial impera actualmente en contra de los trabajadores, donde se evidencia muchas veces en decisiones impuestas arbitrariamente sobre las jornadas de los trabajadores, incluso, sus días de descanso.
Estudios de CIEPLAN señalan que la flexibilización no solo ha afectado las condiciones de trabajo, sino que también está ligada a la flexibilización salarial, en la cual las remuneraciones de los trabajadores quedan subordinadas a las variaciones en la productividad. Reajustes salariales limitado por la producción.
Según una encuesta del INE en el 2015 existían 72.340 trabajadores subcontratados en el sector público, y otros 230.580 pertenecían a servicios tercerizados. Tendencia que va al alza e impulsada por el Estado, por ejemplo como se aplica en Codelco.
El 33% de los empleados que se desempeñaban para el sector público realizaban labores delegadas por el Estado a empresas externas dedicadas a la prestación de servicios especializados
Sólo en el último año los subcontratados por la administración pública aumentaron 26,2%. Las cifras del INE, al considerar el sector privado, muestran que los trabajadores que realizan funciones a través de un tercero -conocidos por ello como “tercerizados” o “externalizados”- suman 977.570; 17% del total de asalariados del país.
En el último año la administración pública creó 35.720 puestos de trabajo asalariados; 88% de ellos vía subcontratación o suministro de personal a través de una empresa de trabajo temporal. De hecho, según la encuesta, 76% de los 301.920 trabajadores externalizados del sector público se vinculan con éste a través de la modalidad de suministro de personal. En el sector privado, en cambio, sólo 22% de los 675.650 empleos externalizados se pactan a través de una firma suministradora.
La situación de quienes presentan contrato a honorarios (o como la Contraloría General de la República de Chile lo define, como “prestadores de servicio accidental”) responde a un ataque directo a los derechos de los trabajadores y es muestra de su total desprotección, afectando a millones de funcionarios a nivel nacional (en municipalidades, ministerios, hospitales, etc).
La ley de municipalidades no los reconoce como trabajadores, reconociendo esta condición solo con aquellos que son de planta o están a contrata. Sin embargo, la situación de precariedad es indignante, pues se trata de un tipo de subcontratación de los municipios o también conocido como "outsourcing".
En este modelo ni siquiera se respetan los derechos básicos como la seguridad laboral en casos de accidente, coberturas y garantías de salud (tratamientos médicos, remedios garantizados), derechos maternales (incluso el pre y post natal de las mujeres trabajadoras) no hay asignación de los reajustes y bonos salariales de las negociación de la mesa del sector público.
Según la Dirección de Presupuestos los trabajadores públicos bajo la condición de honorarios se han triplicado en las últimas décadas, alcanzando actualmente los 300 mil, que cumplen horarios, que llevan a cabo ejecución de políticas públicas y programas en todo el país, sin embargo, la realidad es que son considerados como trabajadores de segunda categoría y excluidos de los derechos conquistados por los funcionarios públicos, de previsión social, de seguro de salud y permanentemente afectados por una realidad de despedido inminente.
Terminar con esta condición que precariza la vida de los trabajadores responde a un desafío del conjunto de la clase trabajadora, al igual que acabar con el subcontrato, donde todo trabajador del sector público debería ser contratado de planta, permitiendo mayor seguridad y estabilidad en el trabajo de los servicios públicos.
El paso a planta de todos los trabajadores será una tarea del periodo para terminar con la herencia neoliberal de la precariedad del trabajo en Chile, como en los funcionarios públicos el acceso a una carrera funcionaria universal que termine con la flexibilización en los sectores estatales, como el caso de los honorarios del Estado.
