La precarización que se vive en la ENAH no sólo afecta los derechos laborales básicos de los profesores de asignatura, sino que tiene efectos directos en las instalaciones, en la base estudiantil y en los trabajadores sindicalizados.
Miércoles 9 de agosto de 2023
Profesores-investigadores y maestros de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) denunciaron que su escuela superior está siendo desmantelada por las autoridades federales. Algunos hechos para sustentar esta posición, los denunciantes señalaron el despido injustificado de profesores, la reducción de la matrícula escolar, abandono de las instalaciones, cierre de materias optativas, etc.
Los profesores de asignatura son los que más sufren esta situación porque son los que tienen los salarios más bajos y carecen de todos los derechos sociales (seguro médico, jubilación, entre otros). El promedio salarial de los profesores de asignatura en la ENAH ronda los 3400 pesos mensuales, lo cual a todas luces es insuficiente para vivir. En la ENAH, de acuerdo con José Flores, hay al menos de 90 a 95 profesores de tiempo completo basificados en la última notificación oficial, hace dos años eran 317 profesores de asignatura, pero en realidad no se sabe porque no hay cifras oficiales.
Además de lo anterior y como si no fuera dramático, las autoridades retrasan los pagos de los académicos de asignatura de forma deliberada, porque según la ley si no se hacen los desembolsos de tres quincenas después de iniciar el semestre, ya no les será entregado el dinero porque esta prohibidos los pagos retroactivos.
Además, los académicos consultados explicaron que hay un reglamento del INAH, conocido como “RAPCEO”, que establece el derecho a la promoción para los profesores de asignatura. Sin embargo, este derecho ha sido negado de manera sistemática bajo el argumento de que no tienen plaza definitiva. A pesar de que el propio reglamento reconoce el derecho a la basificación para aquellos trabajadores que llevan más de 6 meses, este derecho ha sido negado de forma reiterada durante muchos años.
Profesores pobres, directivos millonarios
A pesar de que se han agotado las instancias para solicitar basificación y aumento salarial, las autoridades siempre responde con el argumento de “que no hay recursos suficientes” debido a la austeridad republicana de AMLO. Sin embargo, no para todos hay austeridad, pues la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Gutierrez, cobra un sueldo de 164 960 pesos y el director general del INAH, Diego Prieto Hernández devenga un salario de 136 745 pesos. Es decir, es una mentira que no haya suficientes recursos el problema se queda en las manos de una casta dorada mientras que la mayoría de las y los trabajadores no llegan a fin de mes.
Ahora, el despido masivo de profesores afecta directamente a la base estudiantil porque, según declaró el maestro José Flores:
"También ha habido una reducción de la matrícula escolar. Si se revisan las convocatorias, particularmente de los últimos 2 años, los alumnos que han sido aceptados son un número menor al número de lugares ofertados en todas las licenciaturas. Incluso, se han recrudecido los mecanismos de aceptación de estudiantes”.
Y no podemos olvidar que cada vez que hay algún académico que protesta de manera aislada por las precarias condiciones de trabajo es despedido de manera encubierta, o sea, ya no se le recontrata para el próximo semestre. Con este nefasto método, es que los altos funcionarios han mantenido a raya a la mayoría de maestros que viven temerosos de perder este pequeño ingreso.
Para alcanzar estas conquistas se requiere levantar asambleas por escuelas que incluyan a estudiantes, maestros y trabajadores tanto sindicalizados como no sindicalizados, donde se elijan representantes revocables y rotativos que obedezcan únicamente a la voluntad de la asamblea. Con ese grado de organización sería necesario exigir que las autoridades universitarias puedan ser elegidas sobre la base de estos organismos de autoorganización y no por la junta de gobierno o cualquier otro cuerpo burocrático.
También es necesario llamar a los sindicatos que se autodenominan democráticos para que rompan la tregua de hecho que tienen con el gobierno, organizando a sus miles de agremiados para tomar las calles y que defiendan los derechos laborales, pues esto sólo es posible con una fuerza masiva en las calles que combata la precarización laboral a nivel nacional.
